“Algo pasa en el cerebro de nosotras, las mujeres, cuando somos víctimas de violencia”, reflexiona la colombiana Arlin Durán, de 44 años, desde Cuenca. Y prosigue: “he escuchado que se daña una parte que ayuda a proyectarse, a ver más allá”.
Por eso —está convencida—, logró trabajar tranquila y salir adelante con sus seis hijos cuando se alejó de su agresor. Doce años después de esa película de terror que fue su vida, como refugiada en Quito, vuelve atrás, solo para que su historia sirva a otras mujeres.
La mayoría de días estaba agobiada. Hacía labores de limpieza en un hotel, por la terminal terrestre. Con su sueldo pagaba el arriendo y servicios, entre otros gastos. Además, cocinaba, arreglaba la casa y se encargaba de trasladar a los niños a la escuela.
Su expareja era comerciante. Se ponía agresivo y los golpeaba a ella y a sus hijos. Una vez buscó a la policía para que dejara de pegarle a uno de sus niños de diez años, con una tabla.
“Me decía: ‘tus hijos van a ser delincuentes, si te vas’; ‘no tienes a nadie, vivirán debajo de un puente’”. Ella le puso tres boletas de auxilio para que no se acercara, pero no funcionaron.
Al trabajo, Arlin llegaba con marcas de golpes en el rostro. Vivía asustada, hacía todo rápido para llegar a tiempo a casa y evitar más maltrato. Y sentía dolor estomacal.
Esas historias de violencia intrafamiliar se repiten exponencialmente en países como el Ecuador y se heredan de una generación a otra.
Según la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), de 2019, siete de cada diez mujeres han vivido algún tipo de violencia de género.
Organizaciones de la sociedad civil, como Alianza Mapeo rastrean los feminicidios; y el Consejo de la Judicatura informa que la mayoría de víctimas de asesinatos violentos son mujeres de 25 y 34 años, con educación primaria y secundaria.
La Coalición Nacional de Mujeres, en el documento 20 razones para un pacto político y fiscal por una vida libre de violencias, para niñas y mujeres, señala que 74,7 % de mujeres agredidas alguna vez se quedaron sin dinero para alimentos. Y el 12,60 % ha comprado alimentos a crédito.
Arlin huyó de Quito con sus hijos, hacia la Casa María Amor, en Cuenca. Le ayudaron a sanar y la capacitaron. Luego empezó a trabajar limpiando casas y en catering, proyectos de Mujeres con Éxito. Sus hijos estaban en la escuela y guardería; la más pequeñita entonces tenía un año, ahora trece; el mayor tenía doce, ya cumplió veinticuatro.
Más tarde la contrataron en un restaurante, en turnos de 10:00 a 17:00 y de 19:00 a 01:00. En tres oportunidades, como refugiada, tuvo la opción de migrar a Canadá, pero no consiguió los permisos del padre de sus hijos.
Un día la llamaron del programa de la Casa de Acogida, Mujeres con Éxito. Desde entonces trabaja con más mujeres que, como ella, buscan superar años de violencia con emprendimientos.
Está orgullosa de haber recibido capacitación, por ejemplo, del Servicio Jesuita para Refugiados, el premio de una fundación peruana, de haber dado charlas en el Consejo de la Judicatura, etc.
“Mi hijo mayor un día me dijo: ‘mami, ahora sí podemos ser felices’ y eso me dio fuerza. La violencia nos opaca, no nos deja surgir. Ese miedo se transmite a los hijos. Impactó en sus estudios. Me costó catorce años dejar a mi agresor”.
Las cifras
Al año, en el Ecuador, el costo de oportunidad, debido a la violencia contra las mujeres, representa ingresos perdidos por 4608 millones de dólares; es decir, que alcanza el 4,28 % del producto interno bruto (PIB) por días dejados de trabajar o de realizar las tareas cotidianas.
Estos costos son asumidos en el 49,9 % por las propias mujeres, sus hogares y sus microemprendimientos, 38,8 % por empresas medianas y grandes y 11,3 %, por el Estado. Por otro lado, el Estado para prevenir la violencia contra las mujeres gasta 76,2 millones de dólares por año; esta cifra solo incluye los costos directos.
Esos datos son parte del estudio “Los costos-país de la violencia contra las mujeres en Ecuador” del Proyecto para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PreViMujer) de la GIZ y la Universidad San Martín de Porres, con datos de 2017, 2019 y 2020.
Por medio de un llamado diseño causal-multinivel, se calculó el impacto de la violencia en la disminución de días de trabajo y más actividades productivas, tiempo dedicado al cuidado personal. Se encuestó a 2501 mujeres en sus hogares, a 11 670 colaboradoras de empresas grandes y medianas, se analizó la data de 3856 dueñas de microemprendimientos, y se revisó la inversión estatal para responder a las consecuencias de la violencia: costos judiciales, salud y educación. Y lo que las empresas dejarían de entregarle al fisco por impuesto a la renta, etc.
En el estudio se anota que la violencia intrafamiliar es un problema de salud pública y que, en América del Sur, el Ecuador es el segundo país —después de Bolivia— con mayores niveles de violencia física o sexual contra las mujeres.
La violencia contra las mujeres (VcM) —remarcan— es una antagonista crónica del desarrollo porque empobrece a las naciones al tener múltiples impactos. “Sus impactos económicos y sociales son mucho mayores a los de guerras, terrorismo y delincuencia común”.
La investigación señala que la VcM es el tipo de violencia que más costos ocasiona a la sociedad, totalizando a la economía global en unos 4,4 trillones de dólares al año; es el 5,2 % del PIB mundial. Representa el 43 % de los costos por todo tipo de violencia.
También se detalla que genera una pérdida del 16,6 % del ingreso mensual de las mujeres con trabajo remunerado. Por cada cien dólares ganados, se destinan 16,6 por la violencia machista. Esto genera pérdidas en productividad que ascienden a 984,6 millones de dólares.
Una mujer agredida gasta unos cincuenta dólares para buscar asistencia médica y protección unas 6,4 veces en el último año. Asimismo, destina 31 horas (más de un día) para atender el último episodio de violencia que ha sufrido.
También repercute en el desempeño escolar, físico y emocional de niños testigos de agresiones. Y aumenta la probabilidad de ausentismo escolar, perdiendo así 2,5 días de clases.
Impacto en la productividad
Marcia Yasbek, presidenta de Mujeres Por Ecuador, comenta que organismos internacionales y de cooperación técnica buscan visibilizar el impacto de la violencia contra las mujeres en la productividad. Pero —dice— al interior de empresas no hay conciencia clara de cómo medirlo.
Es indudable que hay pérdidas por ausentismos. El vivir amenazadas y violentadas afecta —admite— en el rendimiento de las mujeres; muchas están en venta directa y sufren lesiones y, por eso, no van a trabajar, no venden y no cumplen plazos de pago de créditos. Y los ambientes laborales tampoco ofrecen políticas para ayudar a prevenir o darles un espacio para desahogarse y empoderarlas.
Luego de casi dos años de pandemia, subió la violencia intrafamiliar. Hay más leyes, pero piensa que faltan campañas de prevención, con estrategias a largo plazo, para cambiar patrones culturales, o sea, el machismo.
“Desde Mujeres por Ecuador y desde el Comité Empresarial, trabajaremos en 2022 para dar seguridad a las mujeres en su ambiente laboral. Hay que hacer que se reconozcan las tareas de cuidado”.
Necesitan autonomía financiera
Miriam Ernst, socióloga e integrante de la Coalición Nacional de Mujeres, destaca que la violencia paraliza; las mujeres están tan atemorizadas por las amenazas de muerte, por la idea de que les quiten a los hijos… Algunas veces, los hombres les quitan el dinero, no tienen la posibilidad de ser autónomas, aunque trabajen.
Eso repercute en lo laboral, y sufren sobreexplotación, se hacen cargo del trabajo doméstico; sus hijos repiten años.
La violencia afecta también a los niños, aunque no se les pegue, son testigos de maltratos a la madre.
“Imagínese cómo es la vida sabiendo que cualquier día pueden aparecer muertas; les preocupa el futuro de los hijos”.
Una experiencia en El Coca
María Inés Ramírez, directora de la Casa de Primera Acogida Paula, en El Coca, cuenta que desde hace veintidós años se enfoca en protección y atención a víctimas de violencia, mujeres e hijos.
Tienen capacidad para treinta personas. Son parte de la Red Nacional de Casas de Acogida. El 45 % de su presupuesto es estatal y no llega puntual. El resto lo obtienen de gestión con la empresa privada.
Las mujeres maltratadas tienen baja autoestima, producto de frases agresivas y golpes; eso les impide tomar decisiones, pierden oportunidades para crecer, afirma Ramírez. En Paula les ayudan a identificar si han naturalizado la violencia.
En la pandemia han recibido a mujeres muy jóvenes, la mayor en noviembre tenía 35 años. Impulsan a las mujeres a ser parte de emprendimientos, por ejemplo, uno de limpieza, ya que creen que generar sus propios ingresos les dará autonomía. Tienen un contrato con el Registro Civil. Otro grupo elabora cloro y otros productos de limpieza.
Les brindan apoyo psicológico, un techo, cuidado para los niños. Pero muchas vuelven con sus agresores, y después regresan. En la Casa Paula el trabajo se divide, unas ayudan en la cocina, otras lavan ropa, limpian baños, etc.
