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Volver a empezar

Por Jorge Ortiz.

Fotografía: Shutterstock.

Edición 463 – diciembre 2020.

Un año de convulsión y violencia precedió al plebiscito que decidió que una asamblea constituyente prepare una nueva constitución para Chile. Será la número 11.

América Latina sigue queriendo resolverlo todo con asambleas constituyentes. Chile es el último ejemplo.

El resultado fue concluyente y contun­dente: el 78,27 por ciento de los chilenos, una mayoría aplastante, resolvió que sea una asamblea constituyente la que busque —y encuentre— salidas a la crisis política que se expresó en octubre de 2019, cuando menos se la esperaba, con un estallido pro­longado y feroz de violencia callejera, carac­terizado por ataques a servicios públicos e incendios de iglesias, que reveló una insa­tisfacción contenida y una ira reprimida en el país que, hasta entonces, era considerado el más próspero, estable y armónico de toda América Latina. La noche del 25 de octubre, cuando ese resultado fue anunciado, dece­nas de miles de personas se lanzaron a las calles a festejar lo que esas multitudes eufó­ricas consideraban el final de la dictadura.

En realidad, la dictadura había termi­nado treinta años antes, el 11 de marzo de 1990, cuando el general Augusto Pinochet, derrotado sin remedio en un plebiscito con el que quería perpetuarse, le transfirió el poder a Patricio Aylwin, el democratacris­tiano que, al frente de una coalición de par­tidos centristas, había ganado las primeras elecciones libres en veinte años. Pero para entonces los militares ya habían redactado y aplicado una constitución que, según ellos, garantizaba una transición ordenada del régimen de hecho al régimen de derecho. Liquidar esa carta y substituirla por una nueva, la “constitución de la democracia”, fue el mandato extendido en el referéndum cuyo resultado las multitudes celebraban el 25 de octubre.

Pero no todo fue celebración esa noche: en medio de la euforia del triunfo popular se levantaron unas pocas voces, sin ecos mayores, que expresaron inquietud, incluso angustia, por el camino pedregoso y peli­groso por el que había optado Chile. Y es que un año largo y tenso de turbulencia e iracundia, en que al vandalismo callejero se sumó la incertidumbre de la pandemia para generar un ambiente de radicaliza­ción e intolerancia, no parece ser el ante­cedente mejor para el diseño de una nueva constitución, que incluya los cambios y las adaptaciones que sean necesarias, pero que también asegure y proteja los derechos, las garantías y las libertades de todos los ciudadanos.

Ese ambiente de radicalización e intole­rancia quedó en evidencia el 18 de octubre de 2020, una semana antes del referéndum, cuando sin pretexto ni motivo una “celebración” de la revuelta de un año antes se convirtió en una renovada demostración de fuerza de los grupos políticos extremos, que otra vez se lanzaron a arrasar estaciones del metro y a incendiar iglesias, como para que a nadie le quedaran dudas de su determinación y contundencia. En ese ambiente votaron los chilenos. Y, si los ánimos no se aplacan y los espíritus no se serenan, en ese ambiente transcurrirá la asamblea consti­tuyente cuyos integrantes (155, con entre el 45 y el 55 por ciento de mujeres) serán elegidos el 11 de abril de 2021.

Un largo medio siglo

En 1970, hace medio siglo, el marxista Salvador Allende llegó a la presidencia de Chile tras una elección áspera y reñida, en la que consiguió el 36,6 por ciento de los vo­tos. La Unidad Popular, la coalición que lo apoyó, era una confluencia —que empezó siendo extraña pero que terminó siendo só­lida— de socialistas, comunistas, socialde­mócratas y democratacristianos disidentes, que ya durante la campaña electoral fue acu­sada de haber sido financiada por la Unión Soviética y Alemania Oriental. Su propósito de implantar el “socialismo a la chilena” se expresó, desde el primer año en el poder, en una serie de decisiones (nacionalización de la minería, estatización de áreas económicas “vitales”, expropiaciones de empresas, radi­calización de la reforma agraria…) que po­larizaron al país, exacerbaron a la oposición y, sobre todo, llevaron al presidente Richard Nixon a imponer un boicot estadounidense que con el pasar de los meses se convertiría en una conspiración no disimulada para de­rrocar al gobierno.

En efecto, el gobierno de Allende fue derrocado el 11 de septiembre de 1973 por medio de un golpe militar sangriento, incluido el empleo de la aviación, encabe­zado por el general Augusto Pinochet. Para entonces, Chile estaba sumido en una cri­sis económica y política honda, con una inflación desbocada, escasez de casi todo y enfrentamientos callejeros diarios. Al golpe siguieron asesinatos, desapariciones, torturas y exiliados, en cifras enormes, mientras el régimen militar emprendía un vasto programa de reformas económicas de mercado libre, inspiradas en las enseñanzas de George Stigler y Milton Friedman, aca­démicos de la Universidad de Chicago. Fue el “milagro económico chileno”, que en los años siguientes fue admirado y emulado en varios países latinoamericanos.

En la cúspide de su éxito económico, en septiembre de 1980, la dictadura logró que el 67,04 de los chilenos aprobara, en un ple­biscito polémico y disputado, su proyecto de constitución, que también le otorgó a Pi­nochet un mandato presidencial hasta mar­zo de 1989. Pero en 1982, al estallar la crisis económica latinoamericana que engendra­ría la llamada “década perdida”, Chile sufrió una conmoción mayor que el resto de los países de la región, que desplomó un 14,3 por ciento su producto interno bruto, reac­tivó la pobreza, multiplicó el desempleo y, como saldo final, cortó la racha de expan­sión y expuso la vulnerabilidad del modelo. La agitación social reapareció en 1983 y ya no se aplacaría.

Con el descontento popular en alza, el régimen militar convocó a un plebiscito en el que, acorralado, se jugó su futuro. Y perdió. Fue así que el 55,99 por ciento de los chilenos votó el 5 de octubre de 1988 en contra de la prolongación del mandato de Pinochet hasta 1997, lo que derivó en la convocatoria, un año más tarde, a eleccio­nes generales para el regreso a un gobierno civil y al estado de derecho. El 11 de marzo de 1990 Patricio Aylwin asumió la presi­dencia. Ese día terminó la dictadura, que había durado dieciséis años y medio. Pero la constitución aprobada en septiembre de 1980 quedó en plena vigencia.

Fueron los sectores políticos más radicales los que desde octubre de 2019 demandaron una nueva constitución. El presidente Piñera perdió el control de la situación y tuvo que ceder.

Libertad y prosperidad

Esa constitución, que en los siguientes cuarenta años fue reformada cincuenta y tres veces, no impidió que los sucesivos gobiernos democráticos restauraran la uni­dad del país, rescataran la institucionalidad, devolvieran las libertades ciudadanas, alen­taran la sanción legal de los culpables más connotados de las violaciones de los dere­chos humanos durante los años de la dicta­dura y mantuvieran un modelo económico liberal que propició el florecimiento de la economía, con el consiguiente ensancha­miento de la clase media, disminución de la pobreza y proliferación de las oportu­nidades. En esos cuatro decenios se alter­naron en el poder, después de Aylwin, los presidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Pero la crisis financiera global de 2008 llegó con fuerza a Chile.

Cuando Piñera asumió, en 2010, la si­tuación económica de Chile no tenía pa­rangón en América Latina: se había inser­tado con mucha solidez en los mercados internacionales, multiplicado sus tratados de libre comercio, ingresado en la Organi­zación para la Cooperación y el Desarrollo (el selecto club de los países prósperos), elevado su producto per cápita de 5.835 a 18.950 dólares, quintuplicado el acceso a la educación superior, aumentado de 69 a 79 años la esperanza de vida, disminuido sus niveles de pobreza en 23,5 por ciento y ensanchado la clase media hasta abarcar al 64,4 por ciento de la población. Logros notables. Pero entre la crisis global de 2008 y el terremoto de 2010 el impulso se había frenado y, en lo más profundo, la situación social había empezado a deteriorarse. Y ese deterioro mutó pronto en turbulencia.

Piñera demoró las reformas que la nue­va situación exigía. Michelle Bachelet, ree­legida en 2014, tampoco las hizo. Y cuando Piñera volvió al poder, en 2018, amplios sectores de la población chilena, vinculados en especial a una izquierda que había vuel­to a radicalizarse, ya estaban movilizados. En octubre de 2019, siguiendo los malos pasos del Ecuador, donde el intento falli­do de elevar el precio de los combustibles derivó en unas protestas indígenas vandá­licas y un intento de golpe de Estado, Chile fue estremecido por unas manifestaciones callejeras de una violencia inaudita, que arrasaron servicios públicos e incendiaron iglesias. El detonante fue un aumento, en verdad insignificante, del pasaje del metro.

Pero detrás de ese motivo se escondía una causa mucho más profunda: el desánimo de los chilenos, acumulado con los años, por la baja calidad de los esquemas públicos de salud, el insufi­ciente nivel de la educación y lo exiguo de unas pensiones jubi­lares raquíticas y mezquinas, convertidas en el exponente peor de un sistema de seguridad social —privatizado en 1981— que había naufragado. Las manifestaciones desbordaron al gobierno, cuyo desconcierto fue notorio. Las imágenes del presidente Piñe­ra, contrito y aturdido, pidiendo perdón por no haber compren­dido la magnitud del descontento, fueron el reflejo más patético de un gobernante que había claudicado su autoridad.

El remedio y la enfermedad

Un mes después del comienzo de los tumultos callejeros, con Chile todavía aturdido por lo furibundo del estallido social, el gobierno y la oposición acordaron reemplazar la constitución de 1980 por una nueva, en un proceso cuyo primer paso sería la realización de un plebiscito que definiera el procedimiento. Y el pueblo chileno, como tantas veces lo han hecho los pueblos lati­noamericanos en sus dos siglos de historia, cayó en la ensoñación de la asamblea constituyente: elegir unos letrados sabios y precla­ros, imbuidos de un patriotismo desbordante y de un desinterés admirable, para que se reúnan durante nueve meses, prorroga­bles a doce, y refunden el país sobre nuevas bases, que sean de justicia, fraternidad e igualdad, para así avanzar hacia un futuro esplendoroso. Ya se sabe: el discurso de siempre.

Si bien es indudable que la constitución de 1980 relegó al sec­tor público a un rol subsidiario en la provisión de los servicios básicos, también es cierto —como lo destacaron durante la cam­paña del plebiscito los sectores opuestos a la constituyente— que esa carta ha sido durante los treinta años transcurridos desde el rescate de la legalidad el marco dentro del cual siete gobiernos consecutivos y de tendencias distintas, desde el centroizquierda hasta la derecha, le han dado a Chile estabilidad democrática y prosperidad económica, muy por encima de la inmensa mayoría de los países latinoamericanos. Y aunque el gesto simbólico de desprenderse del vestigio final de la dictadura era necesario, tal vez imprescindible, hay quienes temen, con fundamentos, que el remedio escogido termine siendo peor que la enfermedad.

Con fundamentos, sí, porque la arremetida callejera del 18 de octubre, un año después del estallido inicial y una semana antes del plebiscito, demostró que los sectores políticos más radicales están resueltos a ejercer una presión extrema y sin treguas para que de la asamblea constituyente chilena emane una constitución “transformadora y popular”, con el tono airado y combatiente de las cartas que, una tras otra, han impulsado los gobiernos adscritos al ‘socialismo del si­glo 21’, a su vez promovido por el ‘Foro de São Paulo’ (Recuadro) y por sus militantes más codiciosos y turbulentos.

América Latina tiene, por cierto, una experiencia larga en expedir constitucio­nes, cada una de las cuales es anunciada con bombos y platillos como el heraldo de una era mejor, para pocos años después culpar­la de todas las deficiencias, ineficiencias e insuficiencias del sistema político y, claro, reemplazarla por una nueva y más llena de “conquistas sociales”. Así, Chile ha tenido ya diez constituciones. Bolivia diecinueve. Veinte el Ecuador. Venezuela ya va por vein­ticuatro. Y la República Dominicana por treinta y nueve. Números delirantes. Y tam­bién hay constituciones que, en su desenfre­no por crear derechos, como la brasileña de 1988, establecieron la obligación del gobier­no de “fomentar el ocio como una forma de promoción social…”.

La constitución chilena que entrará en vigor en 2022 será la undécima. El desafío será preservar el marco institucional, de de­mocracia liberal, que permitió la prosperi­dad en libertad de la que disfrutó Chile, como ningún otro país latinoamericano, los treinta años recientes, pero con las adecua­ciones y las actualizaciones indispensables para afrontar los retos contemporáneos, más amplios y complejos, y para superar los desajustes que desataron el desafecto al sis­tema que explotó en octubre de 2019. Ya hay una primera polémica en marcha: ¿se debe mantener el sistema presidencialista, o ha llegado la hora de probar el parlamenta­rismo de estilo europeo, o será mejor inten­tar un esquema mixto, con reminiscencias francesas? En fin, los debates proliferarán a lo largo del proceso de diseño de la nueva constitución, lo cual será muy positivo para la vitalidad de la democracia, a menos que la demagogia y el populismo —fenómenos extraños en Chile— se desaten durante una asamblea constituyente que estará repleta de pasión y de tensión.

TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A… CUBA

Delegados de partidos de izquierda de América Latina, Europa y Asia participaron en una reunión del Foro de São Paulo, el 12 de enero de 2007 en San Salvador, El Salvador.

Dicen que la idea fue de Fidel Castro. Es probable que así fuera, pero es imposi­ble demostrarlo. Lo cierto es que al terminar la asombrosa década de los años ochenta, cuando había caído el Muro de Berlín y se estaba desintegrando la Unión Soviética, el líder cubano comprendió que la época de las tomas del poder por las armas para implantar el socialismo, como él hizo en Cuba, había terminado para siempre. Su gesta en la Sierra Maestra, coronada con la entrada victoriosa en La Habana el 1° de enero de 1959, ya no se repetiría. Incluso el más ca­rismático y legendario de sus lugartenientes, Ernesto Guevara, el Che, había fracasado en su intento revolucionario en Bolivia en 1967. Y las aventuras guerrilleras emprendidas en medio continente habían terminado, todas ellas, en decepciones y hasta en contragol­pes militares sangrientos. No, ese ya no era el camino.

Habría sido entonces cuando Castro, un creyente sin fisuras en la revolución socia­lista mundial profetizada por Karl Marx a mediados del siglo XIX, tuvo una revelación prodigiosa: se podrían utilizar las institu­ciones de la “democracia burguesa” para terminar con ella, para dinamitarla desde adentro, para depositar el veneno en sus entrañas. Haya sido o no Castro quien tuvo la revelación, el hecho es que en julio de 1990 fue constituido en el Brasil, sin clandestini­dad pero también sin alboroto, una liga de políticos de izquierda dispuestos a no aba­tirse por el colapso brutal del socialismo en el mundo y, más aún, a encontrar la fórmula para hacer la revolución a pesar de lo adver­so del escenario político internacional. Fue el ‘Foro de São Paulo’, que pronto dejaría de ser brasileño para convertirse en latino­americano y que en julio de 2019 adoptaría otro nombre sin cambiar su esencia ni sus propósitos: el ‘Grupo de Puebla’.

Todo habría quedado en ilusiones e in­tenciones si en noviembre de 1998, seis años después de un fallido pero sangriento intento del golpe de Estado, el teniente coronel Hugo Chávez, un militar sin grandes merecimientos pero de ingenio evidente y de carisma indu­dable, no hubiera ganado la elección presi­dencial en Venezuela y tres meses más tarde, en febrero de 1999, no hubiera asumido el mando para iniciar un proceso de concentra­ción del poder, seducción de las masas, amor­dazamiento de la oposición y demolición de las instituciones democráticas, proceso cuyo fundamento teórico fue atribuido a un mode­lo hasta entonces desconocido: el ‘socialismo del siglo 21’.

El esquema aplicado por Chávez, que más tarde sería repetido al pie de la letra en otros países (incluido el Ecuador de Ra­fael Correa), siguió un libreto prolijo y pun­tual: gasto fiscal caudaloso, obras públicas vistosas y visibles, creación torrentosa de subsidios, asignaciones y bonos dirigidos a los grupos poblacionales más vulnerables, crecimiento sin freno del sector público y equivalente contracción del sector privado y, una vez ganada la adhesión de las muche­dumbres, llamado a una asamblea constitu­yente para que elabore una constitución que se convierta en el instrumento con el cual sea posible derribar la democracia liberal y reemplazarla por el totalitarismo socialista, sin romper las apariencias de legalidad. Sí, todos los caminos conducen a Cuba.

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