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Expulsados de sus viviendas para ceder espacio a un mercado inmobiliario que amenaza el tejido comunitario con el fin de ganar espacio en favor de los turistas y nómadas digitales. Así es como la gentrificación está devorando barrios alrededor del mundo.
A sus más de cincuenta años, Miguel Arteaga, guayaquileño residente en España desde hace veintitrés, enfrenta la tormenta perfecta: perdió su empleo, vive con secuelas de la covid-19 y está a punto de quedarse sin casa. Después de haber alcanzado la estabilidad económica que buscaba al migrar, hoy está a un paso de volver a empezar desde cero.
Cuando decidió comprar su piso, tenía un trabajo fijo en la construcción. El banco se lo puso fácil: “Pagando cien euros más al mes, podía tener mi piso”. Cumplió con la hipoteca mientras pudo, hasta que la crisis de 2010 lo dejó sin empleo. Ahora sobrevive con una pensión de 830 euros: “Una habitación cuesta quinientos o seiscientos. No me queda nada”. El contrato de alquiler social —el último recurso que le permitía seguir en el piso— caducó y ya no habrá renovación.
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