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Migrantes otra vez

por María Fernanda Mejía

En la nueva ola migratoria que atraviesa el Ecuador, el paso del Darién es uno de los tramos más complejos y dolorosos de aquellos que se ven obligados a irse. Los familiares que se quedan no quieren contar detalles de la itinerancia, pero sus celulares guardan videos como evidencia de un periplo que es triste, triste.

Con este artículo empezamos una serie sobre la nueva ola migratoria en el país. Y es que entre octubre de 2021 y agosto de 2023 cerca de 205 000 cruzaron por tierra la frontera con Colombia. El 31 % no ha regresado. Igual que hace veinte años, en comunidades de la Sierra centro, hay familias que tienen al menos un pariente que ha dejado su hogar para buscar una vida mejor.

Migración.
Fotografía: Alamy Stock Photo.

Sentada entre los quintales de papas que vende en el Mercado Mayorista de Quito, María, de cincuenta años, muestra en su celular un video en el que su hijo, de veinticuatro, camina una zona lodosa en el llamado paso del Darién. Por esta zona, entre enero y julio de 2023, han atravesado más de 34 000 ecuatorianos. María nació en una comunidad indígena de Pujilí y, hace poco, su hijo decidió irse a Estados Unidos porque con su trabajo de chofer y la venta de papas ya no podía sostener a su familia. “Se fueron en un grupo de nueve personas”, cuenta la mujer.

Los que se van

Un poco más hacia el sur del Mercado Mayorista avanza Jorge, un taxista oriundo de Saquisilí, con una carrera hacia el terminal terrestre de Quitumbe. Es un viernes de septiembre de 2023 y Jorge cuenta que varios de sus primos se irán por tierra, esa misma tarde, rumbo a Estados Unidos. Son siete. Vienen a Quito para tomar un bus que los llevará hasta Colombia. La idea es avanzar a México y de ahí cruzar la frontera con la ayuda de un coyote. Allá se encontrarán con cinco sobrinos que ya se adelantaron.

Él no quiere migrar. Le han contado que el camino es difícil y triste… Casi todos sus sobrinos han llegado, pero tiene una amiga que no lo logró. Viajaba con seis familiares, incluido su hijo, pero solo ella pudo subirse en el camión que la llevaría a la frontera con Estados Unidos. “Mientras cruzaba con el coyotero, el carro se ha volcado. Solo ella se murió”.

En el terminal, entre el barullo y las voces que promocionan los viajes hacia Tulcán y Pasto, hay hombres que dicen en voz muy bajita: “A Necoclí, Panamá, Tapachula…”. Necoclí es un municipio del departamento de Antioquia, Colombia, el último al que llegan los migrantes antes de cruzar el Darién; Panamá, la capital; y Tapachula, el último pueblo al sur de México, antes de pasar Guatemala. No hay rótulos. Las voces informan los precios, depende de qué tan lejos se quiera llegar: 130, 200, 2000 dólares.

En la entrada para ir a los andenes, ya es común ver a grupos de familias que se despiden con caras compungidas, en medio de la helada noche quiteña. Se abrazan, cierran los ojos. Otra generación, pero el mismo drama de hace veinte años. “Ayude a orar”, dice la madre de Pedro, que ha venido a despedir a su hijo, desde la comunidad El Castillo (Guaranda), a cuatro horas de Quito. Él se irá a Estados Unidos para cubrir los 1200 dólares mensuales de las letras de su casa. No quiso que su esposa ni sus hijas, de doce y catorce años, fueran con él porque prevé que el camino será difícil. “Es duro, no hay trabajo”.

“No es un mito, estamos en una nueva ola migratoria”, dice Jacques Ramírez, antropólogo e investigador de movilidad humana. Esta vez, afirma, hay dos variantes. La primera, las rutas. “Nunca hemos tenido un registro de ecuatorianos que van por tierra a Estados Unidos… porque las tarifas por esta vía son menores”. La segunda, el perfil de los migrantes. “Antes las mujeres eran las pioneras, ahora el patrón es migración familiar y, por otro lado, hombres solos y con menos recursos”.

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Un pedazo de tierra, donde el viento helado cala los huesos, es lo único que le ha quedado de sus hijos a Elvira Llumitasig, de sesenta años. Luis Alberto, el mayor, se fue hace dos décadas a España y dejó Quisapincha, una parroquia rural a veinte minutos de Ambato. Brayan, su quinto y último hijo, se fue hace dos años a Estados Unidos. Todos se han ido al cumplir dieciocho y veintiún años. Todos por la misma razón: encontrar un trabajo, mejorar. Mayra, la menor, es la única que se ha quedado a su lado.

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“Sembramos así, poco, poco. No tenemos la grandeza. Retacito, retacito. Sembramos y cosechamos”. Elvira Llumitasig Fotografía: Armando Prado

Elvira camina con su falda ancha de tela gruesa y sus botas de caucho negras, entre las cebollas y los nabos que ha sembrado. La mujer se agacha y con sus fuertes manos desnudas retira la hierba mala. “Sembramos así, poco, poco. No tenemos la grandeza. Retacito, retacito. Sembramos y cosechamos”.

Cuando Luis Alberto viajó a España, ella se quedó a cargo de sus dos nietos. Pero luego de ocho años, los niños también se fueron. Igual pasó con sus otros hijos: Luz, Jorge, Raúl y, hace un año, Brayan Alexander, a quien llama su “puchito”, que en kichwa significa “sobrita”. “Él se fue migrando porque en el campo no tenemos para pagar los estudios”, sigue Elvira, mientras se sacude la tierra de las manos. Ha sido como una ola que se ha llevado a varias generaciones. Muchos de los amigos de Brayan también han partido. “Yo le dije que estudiara aquí, pero ya no quiso. En las comunidades trabajamos duro por tener escuela”.

¿Cómo se fue? Por tierra; una parte a pie y otra en bus, cuenta Elvira con reticencia, cuidando cada palabra. Su hijo le contó por celular que, en la frontera con Estados Unidos, los oficiales de migración no le dejaron pasar, pero unos días después lo volvió a intentar. Y cruzó. Ahora Brayan vive cerca de sus otros hermanos en Nueva Jersey. Trabaja como pintor de casas o albañil. “Para una madre es un dolor. Mejor quisiera estar juntos”.

¿Y Elvira nunca ha considerado emigrar? ¿Viajar fuera? ¿Visitar a sus hijos en su nuevo hogar? “Sí”, contesta. “Recién en julio regresé”, sonríe y acaricia los mullos rojos que brillan en su cuello. Pero ella se fue con visa y en avión. Visitó a sus hijos, pasó tiempo con sus nietos. Y luego regresó. “Aquí me gusta más. Allá no hay esto”, señala el cultivo de nabo y arranca una pequeña flor amarilla.

En Quisapincha casi todos parecen tener un familiar migrante. Algunas personas lo cuentan con discreción, otras evaden el tema pero no lo niegan. Las autoridades locales, también indígenas que han crecido entre las montañas, se ven en la encrucijada de enfrentar, por un lado, el abandono del Estado y, por otro, buscar opciones para los que se quedan a sostener el campo. Cayetano Toala, presidente del GAD de Quisapincha, opina que los Gobiernos no han podido sostener a los jóvenes en el campo, ni con estudio ni con trabajo. La gente quiere mejorar su calidad de vida. En muchas otras parroquias rurales del Ecuador la situación es similar.

El camino

A 3500 metros sobre el nivel del mar, entre caminos de tierra y sembríos, está la Unidad Educativa Leonidas Proaño de Cochapamba, en Saquisilí, Cotopaxi. Un grupo de ocho niños forman un círculo sentados en la hierba. Son los estudiantes que le han quedado a Elizabeth Herrera, profesora de esa institución desde hace diecisiete años. Al inicio eran setenta, había un profesor de música, otro de computación y ella. Pero las cosas han cambiado. “La gente joven se ha ido abajo, a Saquisilí, por mejorar las condiciones de vida. Aquí hace frío. Se van a estudiar, a trabajar en las gasolineras, en las plantaciones grandes y mejor se quedan ahí”.

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Rosario, Olga y Beatriz cosechan zanahorias bajo un sol intenso. Más tarde tratarán de vender en la feria de Lasso, una parroquia rural cerca de Latacunga. Fotografía: Armando Prado

A partir de la pandemia, las familias empezaron a emigrar a Estados Unidos. “Hay niños que, de la noche a la mañana, se han ido con sus padres. No avisan a nadie”, dice la maestra. Por ejemplo, una de sus estudiantes, Rosita, de once años, que ahora juega en el patio, vio irse a sus cuatro hermanos mayores este año.

Las carencias en las zonas rurales se evidencian en los datos. Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu, junio 2023) la pobreza extrema en el campo es más de cuatro veces mayor (22,6 %) que en la ciudad (5,2 %). El acceso a servicios como Internet también es limitado. Algunas familias de los migrantes deben ir a la ciudad para ver si sus hijos han enviado fotos o algún mensaje de audio. El año pasado la conectividad en el campo llegó a menos de la mitad de la población.

Esteban Daza, coordinador del Observatorio del Cambio Rural (Ocaru), recuerda que el Estado no ha garantizado cosas mínimas para el sector, como infraestructura, carreteras, agua potable, alcantarillado. Esa ausencia histórica complica las cosas. Los jóvenes sostienen el peso del abandono oficial hasta que tienen edad para buscar opciones fuera de su hogar. Además, la realidad económica está fuertemente marcada por una narrativa que identifica al campo con un retraso social e histórico. “Se vende con fuerza la imagen de que el campo es atrasado y arcaico… Se denigra simbólicamente a quienes están aquí… Entonces, los jóvenes buscan una especie de incorporación que tiene que ver con las expectativas de crecimiento individual”.

Esto es evidente en varias poblaciones rurales. En Tungurahua la rectora de la Unidad Educativa Quisapincha, Mariela Altamirano, cuenta que “migrar” es un tema común en las aulas. Al iniciar el año escolar ella les preguntó a los chicos del último año de bachillerato cuáles eran sus expectativas. “Pocos tienen el deseo de optar por una futura vida profesional, ellos quieren migrar. Dicen: mi primo se fue, mi prima, mi tío, mi amigo se fue, y ahora tienen cosas. Entonces ellos también se quieren ir”. La docente calcula que, desde 2016, al menos trescientos estudiantes se han retirado debido a la migración. Sus tíos y abuelos llegan al colegio en busca de sus documentos para que sigan estudiando en Estados Unidos.

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Juan Carlos Caillagua, dirigente de 37 años, conoce muy bien las comunidades de Saquisilí, un cantón compuesto casi enteramente por parroquias rurales. Creció en Cochapamba, pero salió a los quince años. “Bajé para mejorar la educación y conocer otra realidad”, cuenta con el Cotopaxi de fondo. Ahora tiene un local de accesorios tecnológicos en Saquisilí y eventualmente vuelve a su comunidad para ayudar a su madre a sembrar. Pero el cambio climático lo impide. En los últimos diez años las heladas se han vuelto más agresivas. En la noche los cultivos se congelan y al día siguiente el sol quema las hojas.

Juan Carlos habla kichwa, una lengua que abre una puerta para entrar a las comunidades indígenas de la Sierra. Saluda a las hermanas, Rosario, Olga y Beatriz que, con su esposo Rafael y su cuñada Rosa, cosechan zanahorias bajo un sol intenso. Más tarde tratarán de vender en la feria de Lasso, una parroquia rural cerca de Latacunga.

¿Conocen a alguien que ha migrado? Las tres hermanas se miran unas a otras. Su hermano se fue, con su esposa e hijos, por tierra. Necesita trabajo para pagar las deudas. ¿Cuáles deudas? Beatriz, un poco indignada, responde: “Para mejorar, para tener una casita pequeña”. La producción había estado muy baja por las variaciones del clima, así que el hombre hizo un préstamo de diez mil dólares para construir un invernadero. Al final la deuda resultó inmanejable, necesitaba setecientos dólares mensuales solo para pagar las letras. Luego de dos meses, mientras cosechaban sus zanahorias, las tres hermanas todavía no saben si su hermano cruzó la última frontera.

Mientras tanto, el presidente del GAD de Cochapamba, Luis Cofre, un indígena que es parte de la comunidad, enfatiza la importancia de que desde el Estado se apoye a la producción agrícola. “Hay cultivos que tienen una inversión de, por ejemplo, dos mil dólares, pero solo se recuperan ochocientos y los productores deben vender muy barata su cosecha por causa de los intermediarios”. Todo esto ha decepcionado a los jóvenes. Ahora, solo solo 4 % de los agricultores que siembran cebolla y el 8 % de los que siembran papa tiene entre 25 y 34 años. Los demás son mayores.

Los que esperan

José Tocte, de 51 años, camina junto a su rebaño de ovejas en la parroquia de Cochapamba. Desde 2020, paulatinamente, siete de sus ocho hijos empezaron a irse a Estados Unidos. La venta del abono para gallinas, que era el negocio familiar, no funcionó. El primero en irse fue Luis Isaías, de 37 años, con su esposa y sus tres hijas. Se endeudó para comprar un vehículo en el que transportaba el abono. Pero lo que ganaba no le alcanzaba para ajustar los quinientos dólares de cuota mensual, más la gasolina y los gastos de su casa.

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Mientras José Tocte vigila a sus borregos para que no se dispersen. Cuenta con los dedos los hijos que han salido. Después de Luis, también se fueron Edwin, Wilson, Stalin, Fernando, Hilda y Wiliam. Las despedidas siempre fueron inesperadas. Fotografía: Armando Prado

Mientras conversa, don José vigila a sus borregos para que no se dispersen. Cuenta con los dedos los hijos que han salido. Después de Luis, también se fueron Edwin, Wilson, Stalin, Fernando, Hilda y Wiliam. Las despedidas siempre fueron inesperadas. Le avisaban solo dos semanas antes del viaje, quizá para que la tristeza golpee menos. Ahora, cuando termina la jornada de trabajo, el padre extraña las meriendas llenas de voces, risas y anécdotas.

Con una familia más pequeña, con su esposa y el último de sus hijos, un adolescente de quince años, don José no se ha planteado dejar su hogar. Solo quiere hacer un viaje por poco tiempo, para volver a ver a los que se fueron. En mayo estuvo a punto de irse. El plan era llegar a Managua en avión y luego cruzar la frontera por tierra, como hicieron sus hijos. “Pero a último momento decidimos quedarnos, sabiendo cómo están sufriendo en el camino”. Tendrá que esperar.

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Acerca de María Fernanda Mejía

Periodista y escritora de no ficción. Tiene estudios de posgrado en Escritura Creativa y Escritura Performativa por la Universidad Complutense de Madrid. En 2023 publicó el libro de no ficción "Albergue. Crónica de una ciudad invisible".
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