Con Internet, el viejo concepto de desinformación no cambió mucho, pero ganó rapidez, alcance mundial, nuevos mecanismos y convirtió a todos los usuarios en potenciales propagadores de noticias falsas.
Texto y fotografías Xavier Gómez Muñoz
Sí, esta vez la mejor metáfora tal vez sea la de la guerra, una en la que hay varios bandos que compiten por la atención y la opinión de la mayoría. Algunos lo hacen con información poco confiable o sesgada, “argumentos” viscerales o mentiras, y al otro extremo están los que responden con información verificada. La desinformación, como casi todo, no es algo nuevo. Para no ir tan cerca, en el año 64 de la era cristiana, Nerón trató de manipular a la opinión pública para evadir su responsabilidad en el gran incendio de Roma y, como había que culpar a alguien, culpó a la minoría que, por entonces, eran los cristianos. El papa Francisco fue más lejos en su interpretación, y en un discurso dirigido a periodistas y comunicadores, en 2018, responsabilizó de “la primera fake news” a la serpiente que persuadió a Eva sobre el riesgo de probar la manzana prohibida: “no morirán”, le dijo, y todos saben cómo acaba la historia del fin del edén y la vida eterna.
En la era de los medios, la primera noticia falsa la dio el periódico neoyorquino The Sun, en 1835, cuenta en un texto académico Carlos Salas Abad. El término dezinformatsia apareció hace un siglo en la Unión Soviética, para referirse a campañas de comunicación y persuasión. Benito Mussolini en Italia y Adolfo Hitler y su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, en Alemania, fueron famosos por manipular con propaganda y desinformación a las mayorías, entre otros tantos líderes, no solo en esa época. Con Internet, el viejo concepto de desinformación no cambió mucho, pero ganó rapidez, alcance mundial, nuevos mecanismos y, así como casi cualquier persona con un aparato conectado a la red puede publicar en distintas plataformas, convirtió a todos los usuarios en potenciales propagadores de ese término contradictorio y reconocido en 2017 como palabra del año por el Diccionario Collins y el Diccionario Oxford: las famosas fake news, que se hicieron populares —el término— en la campaña por la presidencia de Estados Unidos que perdió Hillary Clinton contra Donald Trump.
A partir de ese año, cada 2 de abril se celebra el Día Internacional de la Verificación de Datos, un día después del equivalente estadounidense al Día de los Inocentes, en el que varios medios publican, intencionalmente y con tono satírico, noticias falsas. Y en los primeros meses de 2020, cuando la desinformación se esparcía por el mundo más rápido que el coronavirus, la Unesco publicó un artículo titulado “Desinfomedia”, en el que habla sobre la necesidad de acceder a información confiable y precisa —quizá más que nunca—, en tiempos de pandemia.
Trolling en el Ecuador
El Ecuador escribió un capítulo importante en la historia del acoso digital y la desinformación. No es que aquello fuese inventado en el país, sino que su modelo, utilizado políticamente, se afinó al punto de que expertos en redes sociales como Matthew Carpenter están convencidos de que ha servido como inspiración para otros países cuestionados por su libertad de expresión.
Para entender lo anterior hay que poner las cosas en contexto. En 2007, cuando Rafael Correa asumió la presidencia del Ecuador, Internet y las redes sociales no tenían el mismo impacto que tienen hoy en día. Con la Ley de Comunicación de 2013, el Gobierno reguló los medios convencionales pero dejó libre el camino en Internet. Controlar la información publicada en la red, pero sobre todo la interpretación y opiniones de millones de usuarios, requirió un mecanismo diferente. Para eso, maquinaria estatal y recursos públicos mediante, y “con el soporte de los aparatos de Inteligencia, que contrataron firmas internacionales especializadas en guerra sucia digital y perfilamiento de críticos al Gobierno”, se crearon equipos de usuarios anónimos encargados de acosar a opositores y apoyar las consignas oficiales —los llamados troll centers—, según se explica en el artículo “Extranjeros armaron ejércitos de trolls en Ecuador”, publicado en el portal de investigación Código Vidrio.
Además de insultar, amenazar, difamar e intimidar, estos usuarios suelen administrar varios perfiles y, por su grado de organización y cantidad, son capaces de posicionar tendencias, hashtags o temas sobre los que se supone que discute la mayoría, confundir, direccionar la conversación, mentir… a gusto de quien paga la nómina o factura. Cuando el, digamos, talento humano no alcanza es común que se apoyen en bots o, dicho en términos comunes, programas diseñados para repetir tareas a través de cuentas falsas que multiplican likes, comparticiones y retuits, y crean la ilusión de que un mensaje cuenta con aprobación social, lo que, traducido a la política, sirve para justificar.
Los centros de trolling operan de modo encubierto, pero hay reportes sobre su existencia. En el reportaje titulado “Troll center: derroche y acoso desde las redes sociales”, publicado por el portal Mil Hojas en 2015, se describe uno instalado en el sector de la República de El Salvador, Quito, en una oficina de ochenta metros cuadrados, “compartida por jóvenes que trabajan (trabajaban) cómodamente en mesas funcionales en las que se asientan sus computadores personales”. Su misión, dice en el artículo, era atacar a los opositores del régimen y monitorear (vigilar) los perfiles de quienes se mostraban críticos, e incluye nombres y fotografías.
El experto en redes, Matthew Carpenter, tiene una empresa llamada Céntrico Digital en Quito y trabajó en tareas de marketing digital para Google y Twitter. En un sitio web especializado en tecnologías digitales, cuyo nombre es Techcrunch, Carpenter escribió sobre una empresa guayaquileña cercana al Gobierno de Correa que, según dice —no solo él, se la menciona en varias investigaciones—, fue la primera en hacer dinero en el Ecuador mediante la práctica de trolling en Twitter. Carpenter prefiere hablar con cautela sobre Ximah Digital y los troll centers, pero en su artículo “En América Latina, el negocio del trolling amenaza el poder disruptivo de Twitter” cuenta que el Gobierno se convirtió en el mayor cliente de esa plataforma a través de Ximah Digital, que “actuaba como el canal de ventas exclusivo de Twitter en el país” y paralelamente “administraba centros de trolls”. Carpenter puede dar fe de eso porque estaba a cargo de la relación entre la red social del pajarito y una empresa intermediaria para ventas en América Latina, que utilizaba los servicios de Ximah Digital, en 2013.
Según el informe Ecuador estado digital 2020, Facebook es la red social más usada en el país (doce millones de usuarios) y recién, en el quinto lugar, está Twitter (cerca de novecientos mil), sin embargo, es la más informativa y posiblemente en la que más abundan los troles. La razón, a decir de Carpenter, es su capacidad de influir en la opinión pública y los medios, debido a que es utilizada por líderes políticos, activistas, personas críticas, periodistas y los propios medios de comunicación, entre otros actores que aportan al debate social y político. No obstante, si se logró desarrollar un modelo eficaz de trolling en esa plataforma, agrega Carpenter, no es solo por el nivel de organización y estrategia, sino porque había recursos públicos, producto del precio internacional del petróleo.
Con el cambio de Gobierno y la crisis, publicó la periodista de investigación y profesora de la Universidad de Nueva York, en el portal Rest of World, Danielle Mackey, “uno se imagina que (la administración de Lenín Moreno) no puede permitirse un ejército de trolls del tamaño de su predecesor”, de modo que los equipos perdieron volumen y se dispersaron, pero quedó instaurado el trolling como una forma de hacer política e incluso en organizaciones sociales sin aparente conexión con el Gobierno. Para posicionar un mensaje con menos recursos y equipos dispersos, señala Mackey, es necesario el apoyo de funcionarios de ministerios, secretarías, municipios y otros poderes, quienes no necesariamente aprueban esa parte de su trabajo. En 2019 Twitter anunció la eliminación de más de mil cuentas falsas vinculadas al régimen de Moreno. Y en mayo de 2020, una funcionaria publicó por error en Twitter la convocatoria interna que supuestamente hacía un ministerio: “Por favor se solicita su activación en REDES SOCIALES con lo siguiente: todos RT con comentario a la publicación de la Ministra usando los hastag (sic) #RevalorizaciónDocente; #QuieroSerMaestro6 y citando la cuenta de la ministra @monserratcream1”, decía el tuit.
Mediante la práctica del trolling la red social más informativa se volvió cada vez más agresiva, polarizada e infestada de desinformación, y contagió con prácticas similares a otras plataformas de Internet.
Combatir la desinformación
En 2018, en el puerto de Posorja, provincia del Guayas, cientos de personas lincharon a tres detenidos, a quienes acusaban de ser secuestradores de niños. Se presume que el origen del rumor fue orgánico, creado de manera espontánea, sin necesidad de troles ni una estrategia política y, sin embargo, aquellas personas asesinaron, frente a la policía, a tres detenidos por estafa. La desinformación cundió a nivel nacional durante el paro nacional de octubre de 2019, cuando circulaban en Internet falsos decretos ejecutivos, supuestos comunicados de ministerios y capturas de noticias dizque publicadas por medios. Pasó también en los peores momentos de la pandemia en 2020, cuando se viralizaron falsos remedios y fake news sobre fosas comunes o muertos lanzados al mar. Y en 2021, durante la masacre de las cárceles en Guayas, Cuenca y Latacunga, se esparcía por la red el rumor de que similar violencia estaba empezando en las calles, entre otros tantos casos.
En ese contexto —digamos— desinformativo, han surgido medios, periodistas y organizaciones dedicadas a cotejar el discurso público y analizar información engañosa que circula en Internet. Creado en Argentina, en 2010, Chequeado es un referente de fact-checking a nivel regional. En el Ecuador el primer medio dedicado a esta tarea fue Ecuador Chequea, impulsado por Fundamedios, a partir de 2016. El medio digital GK también contó con un espacio exclusivo para la verificación y, entre otros temas, cotejó el discurso de los candidatos presidenciales en 2017. Ecuador Verifica es una coalición de más de treinta organizaciones, entre medios de comunicación, universidades y grupos de la sociedad civil, que se formó en 2020 y es liderado por el equipo de Ecuador Chequea. Según su editora, Érika Astudillo, ambos medios aplican la misma metodología, tienen un equipo de cinco periodistas y trabajan en tres áreas: verificación de contenido dudoso, verificación de discurso público y alfabetización digital.
La directora de contenidos de Fundamedios, Yalilé Loaiza, agrega que se trata de un trabajo conjunto y que los medios que integran la coalición colaboran con el monitoreo en Internet y la difusión de verificaciones, las universidades apoyan en alfabetización digital (talleres, capacitaciones) y las organizaciones de la sociedad civil contribuyen con fuentes expertas y en la difusión. “Nuestro objetivo es que llegue a los usuarios la mayor cantidad de información verificada —resume Loaiza—, luchamos contra la viralización de lo falso y buscamos que se viralice lo verificado”, para lo cual, además, cuentan con un servicio de chat en WhatsApp (098 4535165), abierto a consultas de la ciudadanía.
Desirée Yépez es una periodista con experiencia en verificación, trabajó en Ecuador Chequea desde 2016 y, partir de 2020, hace fact-checking para el pódcast internacional Radio Ambulante. Yépez enfatiza en que el fact-checking no debe ser entendido como un género o tendencia especializada en valorar la veracidad del discurso público, sino como una parte esencial del periodismo y asegura que una de sus limitantes en el Ecuador es la dificultad de acceder a fuentes primarias, debido a la mala calidad de los datos, pero también porque existen “funcionarios que se sienten custodios de esa información y no la facilitan de modos expeditos”, lo que, si se considera que el plazo para la entrega de información pública es de diez días, provoca que algunos contenidos pierdan actualidad. La falta de certezas informativas sobre el coronavirus creó las condiciones para la proliferación de contenidos engañosos, falsos o manipulados y significó, a criterio de Yépez, un antes y un después en el trabajo de los verificadores, ha generado “la necesidad de unirse y trabajar a escala regional”.
Existen universidades, y particularmente facultades de Periodismo, que también suman esfuerzos contra la desinformación. Los alumnos de Periodismo de la Universidad San Francisco colaboran con Ecuador Chequea en tareas de verificación desde 2016, cuenta la profesora Tania Orbe, y Udla Channel, el noticiero por streaming operado por alumnos de la Universidad de Las Américas, inauguró un laboratorio de fact-checking en 2020. La directora del canal, Rebeca Villota, indica que la necesidad de crearlo surgió por la cantidad y velocidad con que circulan las noticias falsas, que afectan el derecho a recibir información veraz de la gente y a los periodistas que deben buscar insumos en Internet. Además, dice Villota, hay que entender que “las redes sociales multiplicaron la cantidad de actores que bien o mal comunican en la sociedad y, si bien la desinformación es un problema de todos, si hay alguien que tiene la obligación de denunciarla son los periodistas”.
Además del rol del periodismo y los medios, los expertos coinciden en tres rutas para frenar la desinformación. La alfabetización digital implica educar a la sociedad sobre el uso saludable y los riesgos de las nuevas tecnologías, entre ellos la desinformación. En un texto académico, Héctor Gómez insiste en la necesidad de que los usuarios desarrollen pensamiento crítico y advierte que cuando estos tienen un rol pasivo permiten que se impongan las opiniones —malintencionadas o no— de los más activos. Y no se puede descartar la responsabilidad de los gigantes de Internet y las plataformas digitales. Al respecto Matthew Carpenter dice que para desinformar de forma masiva se necesita actuar a través de modelos de trabajo, y eso genera patrones que poco a poco revelan cuando las cuentas dedicadas a desinformar no son reales. De esa manera Twitter y Facebook han eliminado usuarios falsos, pero para Carpenter no es suficiente y, así como los bancos cuentan con software que identifica comportamientos fraudulentos, las plataformas deberían trabajar en mejores tecnologías contra la desinformación.
Un día antes de terminar su mandato, en 2017, el expresidente Correa presentó un proyecto de ley para regular las redes sociales, y el exasambleísta del mismo partido, Daniel Mendoza, propuso, en 2019, una ley orgánica que no prosperó. El debate sobre el control de las redes sociales es polémico porque está atravesado por la libertad de expresión. Sobre ese punto, el escritor y abogado especializado en derechos humanos, Miguel Molina, aclara que los delitos que se cometen en Internet no dejan de serlo en el mundo offline y que, por la naturaleza de las redes, en esos espacios suelen enfrentarse dos derechos: la honra y la libertad de expresión. La injuria está tipificada como delito en el Código Orgánico Integral Penal y la opinión, explica, es considerada la piedra angular del sistema democrático, “un discurso protegido que puede ser artístico, político, retórico (no importa si se tiene la razón) y puede expresarse en forma de queja, humor, sátira”. Por eso para Molina, como para el resto de expertos entrevistados, la mejor manera de combatir la desinformación es a través de la educación. O, como dijo Umberto Eco, en una entrevista publicada en 2015 por el diario ABC de Madrid: “Con Internet no sabes quién está hablando… y si accedemos a una determinada página web podemos saber que está escrita por un loco, pero un chico no sabe si dice la verdad o si es mentira. Es un problema muy grave, que aún no está solucionado”.
