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Historia de un juicio (o un juicio a la historia)

por Redacción Mundo Diners

Diners 462 - noviembre 2020.

Por Víctor D. Cabezas

Esta podría ser una obra de ficción escrita por Agatha Christie o Raymond Chandler, es decir, una novela negra de esas que incluyen jueces, tribunales, gente que pierde la razón y hasta algún cadáver. Además, es una pieza de época, pero resulta sospechosamente actual: ¿podemos confiar en la ley?, ¿qué grado de intimidad deben tener la justicia y la política? 

Washington D. C., 14 de septiembre de 1973. El New York Times reporta: “Un número considerable de documentos valiosos se han extraviado de la Colección Félix Frankfurter, en la Librería del Congreso. Aparentemente fueron robados por un académico”. Un robo poco común. Mil documentos escritos a máquina que ni siquiera tenían valor en el mercado de coleccionistas.

Las autoridades pronto se darían cuenta de que el robo había empezado hacía más de un año. El FBI intervino y, a pesar de las investigaciones, nunca se encontró al académico obsesionado con los documentos de Félix Frankfurter. El autor del robo permanece anónimo hasta hoy, pero la historia tejió un relato maravilloso detrás de este evento misterioso.

Los sucesos se remontan a 1901. El estado de Tennessee emitió la resolución de distritos legislativos a partir de un censo desarrollado en 1900. La Constitución del Estado requería que cada diez años se actualizaran los distritos electorales de acuerdo con las variaciones demográficas. La idea era que los territoritos tuvieran una representatividad proporcional a su población en la Asamblea General de Tennessee. Aquello no sucedió. El Estado no actualizó los distritos y hasta 1960 la representatividad fue un reflejo de la población de 1901 y de los valores imperantes por esos días.

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En 1900 el estado de Tennessee no reconocía ciertas “categorías de ciudadanos” y la contabilización política de los afroamericanos era seriamente cuestionada. Además, el censo estatal de ese año retrataba un estado fundamentalmente agrícola en el que predominaban los votantes rurales blancos. Para la década de los sesenta esa realidad había cambiado: las ciudades y poblaciones urbanas crecieron, pero la representatividad no. Y, desde luego, esta segregación “democrática” era un reflejo de la discriminación racial. Los blancos tenían el control de la propiedad en grandes extensiones de tierra rural y, pese a no tener ni un décimo de la población de las ciudades en crecimiento, tenían, a partir de los distritos electorales de 1901, al menos diez veces más espacios electorales.

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Felix Frankfurter (1882-1965) fue un abogado, profesor y jurista austriaco-estadounidense de origen judío que se desempeñó como juez asociado de la Corte Suprema de Estados Unidos. Frankfurter sirvió en la Corte Suprema desde 1939 hasta 1962 y fue un destacado defensor de la moderación judicial en las sentencias de la corte.

Charles Baker, un ciudadano del condado de Shelby, demandó al estado de Tennessee argumentando que la sobrerrepresentación de las poblaciones rurales afectaba su derecho a la igualdad frente a la ley. Para Baker, si los ciudadanos que vivían en la ruralidad eran considerablemente menos que los citadinos, y si aun así estos tenían más curules en la Asamblea General, era evidente que la ley no estaba tratando con igualdad a quienes, siendo más numerosos, merecían más representatividad.

Antes de seguir, ubiquémonos en la historia. La década de los sesenta es, quizás, el período de mayor convulsión social en la lucha por los derechos civiles y la igualdad de los afroamericanos. Es la década del I Have a Dream de Martin Luther King, de Malcolm X y de la Ley de Derechos Civiles de 1964, pieza clave para la eliminación, al menos legal, de la discriminación racial.

Ahora regresemos a Charles Baker. La demanda por la que pretendía que los distritos electorales se actualizaran en función de la población real de Tennessee, en 1960, fue negada en primera y segunda instancia, bajo un argumento de tal profundidad y controversia que llegó a incidir en la muerte de un juez y en la desaparición de los documentos con los que empezamos este relato. Las cortes de Tennessee aceptaron la defensa del estado y expusieron que la pregunta de si un distrito electoral se ha adecuado a la realidad demográfica es una cuestión política que deben resolver los órganos políticos, no la justicia.

En el fondo este razonamiento esconde un enorme debate sobre el rol de los jueces: ¿es su misión velar por la equidad y el acceso proporcional a las curules de la Asamblea General? Para una postura conservadora la respuesta es no, absolutamente no. Los jueces no están para incidir en la política ni inmiscuirse en cómo se desarrolla una estructura electoral. Los agentes designados para ese fin son los congresistas, los mismos diputados que representan a sus votantes y, por ende, a sus aspiraciones. Ellos deben encaminar las reformas políticas. La justicia no puede mimetizarse como un pseudoactor político que entre a cambiar las reglas electorales. Según esta visión de la actividad de los jueces, en la medida en que el divorcio entre lo político y lo judicial se mantenga y se profundice, cada uno podrá hacer mejor su trabajo.

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C. W. Charles Baker, visto aquí en mayo de 1965, fue uno de los once firmantes en una demanda federal que buscaba obligar a Tennessee a rediseñar sus distritos legislativos.

Esta postura, predominante hasta entonces en las cortes norteamericanas, se tornaba especialmente debatible en el caso presentado por Baker, pues ese razonamiento conducía a un círculo vicioso. De aceptarse la postura conservadora de las cortes de Tennessee, solo los políticos podrían cambiar la realidad política. Sin embargo, para Baker, esto era inaplicable en su caso porque implicaría pedir a los beneficiarios del sistema que renuncien a sus privilegios. Si los congresistas habían alcanzado sus curules en función del sistema de distritos de 1901, que les daba una enorme ventaja electoral frente a las nacientes poblaciones urbanas, ¿por qué querrían cambiarlo? Si no había una razón jurídica de igualdad, de no discriminación, de acceso plural a la política, ¿qué podría incentivar a los diputados a cambiar la conveniente realidad?

Baker llevó el caso hasta la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal de Estados Unidos. Para él, la política no podía soslayar la Constitución y los jueces tenían que modular aquellos aspectos esenciales del acceso a elecciones libres, plurales y, sobre todo, que representen la realidad poblacional. La resolución del caso no llegó sino hasta 1964, luego de que esa corte librara uno de los debates más largos de su historia.

Por un lado, Félix Frankfurter, un inmigrante judío-austriaco, profesor emérito de la escuela de Derecho de Harvard, donde fue uno de los más destacados académicos; asesor del presidente Franklin Delano Roosevelt durante los complejos tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Frankfurter era un abanderado del llamado judicial restraint, o sea, la restricción judicial, la tendencia que promueve la menor actividad posible de los jueces frente a la independencia del Congreso. Previene que entre mayor sea el nivel de control judicial de las leyes, menor será su independencia de la política. Por el otro lado, William Douglas, un longevo juez de la Corte Suprema con casi 37 años en funciones. De corte liberal, abogado y profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York.

El caso de Charles Baker convulsionó los pasillos de la Corte Suprema de Justicia. Douglas y Frankfurter estaban en las antípodas de la filosofía judicial. Para Douglas la misión de la corte era ser un agente protector de las libertades civiles y eso implicaba llegar hasta la modulación de las leyes estatales. La corte debía, por tanto, actuar frente a una norma que en un estado de la unión se encontraba limitando la igualdad de los procesos electorales y de la misma representatividad democrática. Frankfurter, por su parte, aborrecía pensar que un tribunal de justicia pudiera inmiscuirse en la política, peor aún si se trataba de la Corte Suprema que, por excelencia, debía respetar la independencia de los estados federados. Decirle a un estado cómo debía organizar su sistema electoral no solo burocratizaba y politizaba el rol de la Corte Suprema, sino que ponía en riesgo el engrudo de la unión americana: la autonomía estatal, expresada en la capacidad de cada territorio de decidir sus asuntos políticos por interno.

El debate fue intenso y duró más de un año, los votos estaban divididos de tal forma que uno solo podría hacer la diferencia. Charles Evans Whittaker podía ser uno de ellos. Nacido en Kansas, provenía de una modesta familia de granjeros. Su currículo no estaba atado a las grandes escuelas de Derecho en Estados Unidos. Era, más bien, un abogado forjado por el esfuerzo y las buenas coincidencias. Tras el fallecimiento de su madre, Evans dejó el colegio y se dedicó al campo. Después, logró algo inédito: fue admitido en una escuela de Derecho pese a no ser bachiller. Durante años, estudió en la universidad, trabajó y, al mismo tiempo, terminó el colegio.

Aunque quizás el alcance de la decisión que tenía en sus manos la Corte Suprema no era tan apocalíptica como entonces se pensaba, muchos jueces sí estaban convencidos de que el caso podría ser la génesis de una fractura en la convergencia de Estados Unidos. Si desde Washington los jueces federales empezaban a decir qué hacer a los políticos de Tennessee, el sentido de autonomía, tan importante para los estados federados, podría verse irremediablemente afectado. Por otro lado, estaba la obligación de actuar frente a un caso de evidente inequidad en la estructura electoral. Además, se trataba de un juicio en el que, salvo que ocurriera un acto altruista de los congresistas, razonablemente las circunstancias de inequidad no cambiarían y, por el contrario, ahondaría la exclusión de miles de ciudadanos de la representatividad democrática.

Estas preguntas desbordaron al juez Charles Evans Whittaker. Un año de debate, de noches sin dormir pensando en las consecuencias de su decisión; un año que lo llevó al hospital y a separarse definitivamente del caso y, después, de la mismísima Corte Suprema de Justicia. Luego, se sabría que la intensidad del caso provocó en el juez Evans un severo ataque de nervios que terminó por anularlo mental y físicamente.

En marzo de 1964, ya sin el juez Evans, la Corte Suprema aceptó el caso. En lo que hoy se considera una sentencia insigne promovida por el magistrado William Brennan, se determinó que Tennessee debía acoplar sus distritos electorales en función de la cláusula de igualdad de la Constitución. Este fallo abrió la puerta para que el sistema judicial controle las condiciones de equidad electoral, algo, hasta entonces, impensable. Félix Frankfurter se apartó de la decisión vigorosamente. Para él, la sentencia contrariaba el carácter limitado y antiactivista de la Corte Suprema que había servido para asegurar autonomía a los estados y, además, ponía en riesgo el principio de separación de poderes entre el Congreso y el sistema de justicia.

Volviendo al robo de los archivos privados de Frankfurter en 1974. Todos estos sucesos, de cierta forma, develan no tanto a la persona responsable, sino al personaje, conformado más por sucesos históricos que por actos individuales. Hasta hoy, las deliberaciones de los jueces de la Corte Suprema son confidenciales. No queda huella de cómo esas personas deciden los casos más importantes de Estados Unidos. Los correos electrónicos se eliminan, los jueces destruyen sus archivos. Algunos, de hecho, lo hacen en el mismo juicio. Esta hiperreserva del máximo tribunal ha aupado críticas: “La sola idea de que los jueces cocinen sus opiniones en un cónclave genera sospecha”, señalaba Thomas Jefferson, un crítico del búnker en el que los jueces resuelven sus casos.

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Martin Luther King Jr. en la Marcha por el Empleo y la Dignidad de 1963 en Washington, durante la cual pronunció su histórico discurso “Tengo un sueño”, en el que pidió el fin del racismo.

Los archivos privados de Frankfurter, su correspondencia, sus notas, las impresiones que tenía de los alegatos de los abogados, sus reflexiones políticas y jurídicas eran un elixir para cualquier investigador. Entre los miles de documentos que se perdieron estaban cientos de notas del juez sobre los casos que conoció, entre las que, seguramente, habría mucho del caso Baker que tanto conmocionó a Frankfurter. Además, estaban los diarios personales y la correspondencia con el presidente Lyndon Johnson. Este mandatario sancionó la Ley de Derechos Civiles de 1964 que cambió normativamente los paradigmas de exclusión racial en Estados Unidos, entre otras: estableciendo prohibiciones de discriminación para el ejercicio del voto, para el acceso a la educación y al empleo. También se criminalizó la segregación racial en espacios privados y públicos.

Frankfurter diría que con la Ley de Derechos Civiles quedaba patente su visión relativa a que el Congreso —y no los jueces— debía crear leyes para catapultar las transformaciones sociales. Otros dirían que el combate a las estructuras de inequidad es de tal importancia que no basta con esperar la actividad de los congresistas: los jueces deben hacer su parte. Lo que sea que haya pensado Frankfurter está perdido en algún lugar. Cincuenta años después de la sentencia en el caso de Baker, la batalla por la igualdad continúa.

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