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Las vidas que se lleva un femicidio

por Gabriela Verdezoto Landívar

Femicidio violencia de género
Fotografía: Shutterstock

Y te arropamos en nuestro silencio,
resignados ante la impunidad, ante la corrupción, ante la falta de justicia.
Solos y derrotados.
Solos y desechos. Triturados. Tan muertos como tú.
Tan sin aire como tú”.

El invencible verano de Liliana
Cristina Rivera Garza

En el Ecuador, una mujer es asesinada cada veintiséis horas. El año 2022 cerró con 332 femicidios, la cifra más alta desde 2014.

Mirar de frente al asesino de su hija, de su hermana, de su madre, de su esposa. Escuchar su versión y la de sus abogados, con frases ofensivas y hasta soeces sobre ella, que estuvo desaparecida o fue violada antes de ser asesinada. Pasar años investigando a la par de las instituciones públicas hasta llegar a este día, a esta audiencia. Ser testigo una y otra vez de la lectura del caso, por cambios de fiscal, de juez o de abogado. Dejar su casa y viajar durante horas, varias veces por semana para llegar a las oficinas judiciales, hurgar en expedientes y seguir los avances del caso. Obligarse a entender leyes, sentencias, testimonios, apelaciones, partes policiales, y empeñar la vida en pagar honorarios que le prometen justicia. Cambiar a la fuerza paseos familiares por peritajes. Endosarle la felicidad a un duelo que cayó como rayo. Conseguir una sentencia y quedar en deuda con la suerte, porque en el Ecuador seis de cada diez femicidios quedan impunes.

Sin ganas de vivir

―Hace tres años siete meses se me partió la vida en pedazos ―dice Carlos García.
Brenda Alexandra García Pulla estudiaba Derecho en la Universidad Católica de Cuenca con sede en Azogues. Tenía veintiún años, era risueña y muy unida a su padre. Casi todos los fines de semana recorría 180 kilómetros en bus para visitarlo, en su casa de Pasaje, provincia de El Oro.

―Conversábamos de todo, tenía mucha confianza conmigo, pero, lamentablemente no me dijo lo que tuvo que decirme.

El 18 de abril de 2019 Carlos estaba en su oficina cuando recibió la llamada de su exesposa: “Mataron a nuestra hija”. Ese instante dejó todo y se fue a Azogues. Su jefe le dio cuatrocientos dólares y le dijo: “Anda a hacer lo que tengas que hacer”. Encontraron a Brenda en un barranco, cerca del río Burgay. El parte policial decía: “muerte natural”.

―¿Cómo iba a ser muerte natural? ¿Qué hacía mi hija a esas horas de la noche en una quebrada? Es ilógico.

Entre sus amigos, Carlos buscó ayuda para conseguir un abogado, alguien que lo guíe e iniciar las investigaciones. Antes del asesinato de su hija, él no sabía nada de leyes. Ahora repite de memoria los nombres completos de los fiscales que han pasado por el caso, de los abogados, de los jueces, las fechas de las audiencias y los números de los expedientes.

Desde ese jueves de abril, va entre una y cuatro veces por semana de Pasaje a Azogues para seguir la investigación, tejiendo y destejiendo el camino que hacía Brenda para visitarlo los fines de semana.

―Viajar me llena de recuerdos de mi hija ―dice.

Brenda andando en una bicicleta roja por el pueblo es la escena que más rehace su memoria.

―Al principio mi exesposa me ayudaba con los trámites, iba conmigo, pero luego se cansó. Me quedé solito. Nadie quería acompañarme. Trabajaba cuando podía, porque eran muchas las llamadas a las audiencias y citaciones. El proceso ha durado más de tres años y ha implicado veintidós mil dólares en gastos de honorarios de abogados y viáticos.

Solo y sin dinero, no se rindió, siguió haciendo préstamos para pagar la tramitología. Las investigaciones determinaron que Brenda estaba embarazada de tres meses cuando fue asesinada. Carlos se doblegó. Se sintió culpable de no haber estado ahí para defenderla. Cayó en depresión.

―Cuando estuve a punto de colgarme vi un gato blanquito y escuché la voz de mi hija que me dijo: “No haga eso, papi”.

Los ojos de Carlos se inundan cada día. Dicen que las lágrimas limpian el alma. La de Carlos es un alma que purgará por siempre. El purgatorio de Carlos es abono de girasoles, esos con los que adorna la tumba de su hija.

En este caso Luis David Naula Candelario tiene orden de captura por ser el primer sospechoso del femicidio de Brenda. Pero todavía no hay sentencia condenatoria. Naula se esfumó.

―Me mortifica que ese sujeto siga libre, me lo imagino riendo cuando acabó con la vida de mi hija ―confiesa Carlos.

En medio de la pena este padre arropa una certeza:
―No me voy a dar por vencido hasta que se haga justicia por la muerte de mi hija.

Hasta la raíz

Mónica Jiménez. Feminicidio
Mónica Jiménez. Fotografía: Juan Reyes

Hace dos semanas Mónica Jiménez pudo volver a El niño de pijama a rayas. Era una de las películas favoritas de Nicky, su hija, quien la mantenía al tanto de lo último de Carol G, Nathalia Lafourcade, Grey’s Anatomy…

Nicky nació en Ibarra el 17 de noviembre de 1998 e iba con su madre de “arriba para abajo”. Después de sus clases acompañaba a Mónica a atender su local de cabinas telefónicas. Juntas emprendieron Chocolaterie Nicole, un negocio de chocolates que no prosperó, pero sirvió para estrechar más su relación.

Nicky decidió que quería estudiar para ser paramédico. Entonces ella y su madre se fueron a Quito para probar suerte. Vivían en un departamento rentado, en el norte. Nicky estudiaba las mañanas en la Cruz Roja del Ecuador y en las tardes era secretaria de una oficina de la Cámara de la Pequeña Industria. Mientras tanto, su madre cuidaba al bebé de una vecina. Así transcurrió su vida durante casi un año.

El 7 de noviembre de 2018, luego de desayunar juntas, como todos los días, Nicky salió de la casa. A media tarde llamó a Mónica a pedirle permiso para salir un par de horas con su amigo Jonathan. Llegó la noche, pero Nicky no. Al día siguiente, mientras cuidada al bebé de la vecina, Mónica recibió una llamada con una voz seria que le dijo: “Venga a la UPC de Quitumbe, su hija sufrió un accidente”.

Mónica salió de su departamento, le pidió a la tendera que le preste dinero para tomar un taxi y fue a la UPC. En esas oficinas encontró unos hombres aprehendidos y una fiscal que le dio el pésame. Y aquí la primera omisión de la justicia: la fiscal no declaró la flagrancia, pese a que hallaron a Nicky desnuda y ultrajada en un departamento donde también encontraron a los presuntos victimarios.

―Si se determinaba la flagrancia, el caso se pudo haber resuelto en un año y medio ―segura Mónica.
Nicky no tuvo un accidente como anunció la voz al teléfono. Fue víctima de una violación en manada en la que participaron dos bomberos, dos paramédicos, un policía con su hermano y su mamá, alias Mami Chío, quien era la dueña de la casa.

―A mi hija la han matado dos veces: la primera esos miserables y la segunda el Estado con su inoperancia. Ese Estado asesino de la verdad―repite Mónica, con una voz endurecida por cuatro años de lucha.

Mónica enumera a los asesinos con los dedos, los llama por sus alias, casi todos relacionados con animales. Se refiere a los implicados como “un zoológico”.

―Nunca pensé que iba a vivir esto, pero me ha tocado enfrentarme a un monstruo, que es este Estado. Pero no me rendiré.

De los siete acusados, dos están prófugos, cuatro fueron declarados culpables en primera instancia, absueltos en segunda y ahora están en el proceso de casación. En un segundo juicio al séptimo lo declararon inocente en primera instancia y no hay fecha para la segunda audiencia. En el tercero al hermano del policía lo declararon inocente, a pesar de haber estado en la escena del crimen, pero ahora lo siguen por fraude procesal. Y William Alfonso Chiliquinga Chicaiza está en la lista de los más buscados de la Interpol, dentro del cuarto proceso.

En total Mónica ha levantado cuatro juicios y varias denuncias por errores administrativos como el de no declarar la flagrancia.

Para esta madre la muerte es un abismo de dos caras. Por un lado, trae la esperanza de encontrarse con su hija y, por otro, es mensajera de impunidad y ella no quiere morir antes de que se haga justicia.

Rutas de atención en caso de violencias de género

Violentómetro femicidios

La espiral de violencia

Acumulación de tensión.

La pareja empieza con burlas sobre usted, sobre lo que dice, piensa o hace y, con la excusa de que lo hace mal, hay gritos o amenazas.

Explosión violenta.

Llegan las agresiones físicas o verbales, sin importar lo que haga por evitar el enojo de la otra persona.

Falsa luna de miel.

Luego de un acto de violencia, el agresor promete que no lo volverá a hacer, pide perdón, compra el teléfono que botó o repara las cosas que dañó.

Logra que confíe en que la relación va a mejorar pero vuelve a la fase 1 y a las otras de forma recurrente, con un nivel de violencia creciente.

¿Dónde denunciar?
Auxilio inmediato: 911 Asesoría: 151

De una espina, una flor

La hija de Sonia Salamea también murió en manos de un femicida, a pocos meses de casarse. Sonia es obstetra y, antes de que su hija fuera asesinada, ya conocía de cerca la violencia de género: atendía niñas embarazadas, madres solteras y amenazadas, mujeres con miedo.

Su hija también desapareció, estuvo siete días sin saber de ella, hasta que al octavo día encontraron su cuerpo. Sonia, al igual que Carlos y Mónica, ha gastado las emociones y el dinero. Esos ahorros que tenía guardados para la universidad de sus hijos se fueron en peritajes e investigaciones particulares.

En el intento de convertir su dolor en algo más, Sonia creó la Red de Familias de Víctimas de Feminicidio (Favife), con sede en Cuenca. Ese es un espacio de apoyo para quienes no tienen dinero y no saben cómo seguir los procesos judiciales. El caso más reciente que están siguiendo es el de una niña de nueve años, víctima de femicidio —presuntamente— en manos de su padrastro.

De acuerdo con Aldea, la edad media de las víctimas de femicidios es de 37,5 años. Del total de mujeres asesinadas, entre 2014 y 2021, 44 fueron niñas de hasta diez años (4,2 % del total). El informe infiere que buena parte de ellos tiene relación con delitos sexuales.

Por su trabajo de décadas en la obstetricia, Sonia asegura que existe un subregistro en las estadísticas. Ella sabe que muchas callan la violencia, por miedo, por vergüenza, por falta de un lugar seguro que las sostenga.

Sonia Salamea. Femicidio
Sonia Salamea. Fotografía: Juan Reyes.

Culpa que asfixia

“Estamos encerrados en una burbuja de culpa y vergüenza, preguntándonos una y otra vez: ¿Qué fue lo que no vimos? ¿Por qué no pudimos protegerla?”

Esto dice la escritora mexicana Cristina Rivera Garza en su libro El invencible verano de Liliana, en el que cuenta la búsqueda de justicia de ella y su familia veintinueve años después del femicidio de su hermana.
La culpa es el doloroso lugar común de los que quedan, que no dejan de preguntarse: ¿pudimos evitarlo?
Carla Espín es psicóloga y especialista en temas de salud mental. Ha acompañado algunos casos de femicidio. Explica que la culpa es una emoción frecuente en las víctimas de cualquier tipo de violencia de género.
En el caso específico de femicidios, los familiares la experimentan constantemente, por un hecho que para Espín es concreto pero muy poco abordado: la revictimización por parte de las instituciones estatales y sus funcionarios. Desde el primer momento que denuncian el caso suelen culpabilizar a la víctima por lo ocurrido.

―A las víctimas directas las culpabilizan por ser mujeres, andar solas en la calle, por beber, por no denunciar a tiempo, por no salir de la relación abusiva. A las víctimas indirectas (las familias) les echan la culpa de no haberse dado cuenta de la violencia, por la educación que les dieron ―aclara Espín.
Los especialistas en salud mental intentan redirigir la mirada hacia los verdaderos responsables, que para Espín no es solo el femicida, sino también el Estado que, hasta hoy, no logra frenar la violencia sistemática contra las mujeres.

―Hay que recordar que gran parte de las víctimas de femicidio habían denunciado previamente algún otro tipo de violencia, pero esas alarmas no fueron escuchadas ―concluye Espín.

Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2021, Aldea contabilizó 141 femicidios que ya tenían antecedentes de violencia.

La Fiscalía tiene un Protocolo Nacional para investigar femicidios y otras muertes violentas contra mujeres y niñas que dice que, en el caso de muertes violentas, se debe presumir en todos los supuestos que se trata de un femicidio, incluido el suicidio.

Esto dice la norma, pero en el día a día no se cumple. De acuerdo con Aldea, el 60 % de los femicidios quedan impunes.

Reparación para los huérfanos

Por: Verónica Rivadeneira

Escuchar historias de madres que no encuentran los cuerpos de sus hijas asesinadas y que, deben lidiar con la falta se respuesta del Estado cuando niños quedan en la orfandad fue lo que motivó a la asambleísta Dallyana Passailaigue, de la Comisión Especializada de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes a crear el Proyecto de Ley Orgánica de contención, acompañamiento y reparación transformadora e integral a hijas, hijos, madres, padres y familiares de víctimas de femicidio y otras muertes violentas.

Aunque el decreto 370 del expresidente Lenín Moreno dispuso que se les garantice un bono a los mnores huérfanos por femicidio, este no llega a todos. Según Passailaigue, en 2019, de USD 242.000 disponibles se utilizaron USD 11.000; en 2020, de USD 294.000 se ejecutaron USD 26.000.

“Las cifras no dejan de impactarme, el bono es una gran deuda del Estado, llegó en 2020 a 34 niños huérfanos del femicidio, en 2022, a 123 niños. No falta presupuesto, no se ejecuta” cuestiona. Para la legisladora, las autoridades no comprenden que el femicida en ocasiones se suicida, está prófugo o preso y los hijos quedan con abuelos o tíos, quienes no tienen trabajo y se encargan de hasta cinco infantes.

El proyecto busca garantizar la entrega de bonos para quienes quedan en orfandad por femicidio, accedan a becas educativas y reciban apoyo sicológico desde la noticia del delito. La creación del Registro Institucional de niños huérfanos está a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

Al respecto, el MIES indicó que de 2019 a 2021 se entregó el bono a 120 niños, niñas y adolescentes. En 2022, a 86 y el primer trimestre de 2023 a 53. Según la institución, el pago del bono tuvo crecimiento y en lo que va del año se ha entregado el 62% de lo alcanzado en 2022.

El MIES, además, sostiene que hay requisitos que deben cumplirse y las principales barreras son que las familias elegibles no tienen documentación necesaria, representación legal o ha información insuficiente de la institución sobre cómo lograr el beneficio. Por eso, el ministerio trabaja con otras entidades en balcón de servicios, atención presencial y simplificando el trámite para que las familias accedan al bono.

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Acerca de Gabriela Verdezoto Landívar

Periodista, geógrafa y viajera. Cursa la maestría de literatura con mención en escritura creativa en la Universidad Andina Simón Bolívar. Finalista del concurso Excelencia Periodística de la SIP 2022. Madre de dos niños pequeños.
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