La fauna, víctima del horror
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La fauna, víctima del horror

La fauna silvestre del Ecuador está en peligro permanente. En Guayaquil el Proyecto Sacha nació para dar respuesta y visibilizar las amenazas humanas que enfrenta.

Sacha, el primer ocelote que llegó a Mansión Mascota y dio origen a la creación de la fundación Proyecto Sacha. Fotografías: Cortesía Proyecto Sacha.

Al abrir la caja de cartón en la que llegó todo fue peor de lo esperado, algo que ni ellos que son testigos del constante horror podrían haberse imaginado. Había una lechuza común (Tyto alba) sin sus miembros inferiores. Había un ave para siempre imposibilitada de cazar, alimentarse, percharse, atender sus necesidades básicas. Las radiografías, según publicaron quienes atendieron el caso, evidenciaban un acto “macabro y cruel en su máxima expresión”. No fue un accidente. Alguien, sí, una persona, cortó sus garras y la dejó abandonada a su suerte.

Ocurrió en Florida Norte, en Guayaquil, a fines de julio pasado. El informe pericial reveló que se usó una tijera o una cizalla como mecanismo de lesión. Tortura, crueldad, violencia, maltratos. De eso es víctima la fauna silvestre en el Ecuador, al igual que de tráfico y comercio ilegal, quemaduras por actividades agrícolas, pérdida de hábitat por construcción de carreteras o conjuntos residenciales, atropellamientos, cacería. Todas, acciones humanas.

Pasó un mes y en Morona Santiago la víctima fue un oso perezoso de dos dedos (Choloepus didactylus). Un hombre se filmó matándolo a golpes y luego exhibió el cuerpo, cual trofeo, ante la cámara. Según denunció el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), después intentó comercializar al animal en sus redes sociales, donde, además, publicó el video de su muerte. Estas acciones son delitos contra la flora y la fauna silvestres contemplados en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y dan cuenta de que estas especies están en amenaza permanente.

Para brindar atención médica a las que sobreviven de todas esas amenazas y promover su conservación, en 2018, Eliana Molineros fundó el Proyecto Sacha. Ella ya era propietaria de Mansión Mascota, una clínica veterinaria en Urdesa, y si bien jamás pensó dedicarse a cuidar de ocelotes, jaguarundis, venados, zarigüeyas, caimanes, osos hormigueros, iguanas, monos, tortugas, entre otros tantos, el arribo de Sacha a sus instalaciones le dio un giro a su práctica profesional y a su misión de vida.

Un grupo de halcones blancos (Elanus leucurus) fue encontrado con su nido caído, en muy mal estado. En Proyecto Sacha los curaron y rehabilitaron, y posteriormente, fueron liberados.

Sacha fue el primero de los 38 ocelotes (Leopardus pardalis) que hasta mediados de julio pasado había recibido. El tigrillo, como popularmente se conoce a este felino, era exhibido como mercancía en una tienda en Los Ríos. Pero un ciudadano concientizado lo rescató de ese proyecto de venta ilegal y fue así como terminó en la mesa de atención de Eliana. “Eso fue en junio de 2018 y para diciembre ya había atendido a doscientos animales silvestres. Yo siempre ayudé a fundaciones de perros y gatos, pero con Sacha me di cuenta de que la ayuda la necesitaba la fauna silvestre, que esa era una necesidad no atendida”, cuenta esta médica veterinaria una tarde de julio luego de haber participado en un operativo en el que se retiró, para su posterior liberación en el Oriente, una tanda de 401 tortugas charapas (Podocnemis unifilis y P. expansa) que habían sido abandonadas en el parque Seminario.

La demanda que hay de estas especies como mascotas contribuye y sostiene el tráfico ilegal. No es un panorama nuevo. Llevan años vendiéndose, entre cinco y veinte dólares, en tiendas a la calle, a plena luz del día, en sectores como la Bahía, o en locales dentro de los grandes centros comerciales de Guayaquil. Sucede lo mismo con aves como las bibiñas (Forpus coelestis), a las que no solo les cambian químicamente el color del plumaje para hacerlas más atractivas para sus potenciales compradores, sino que les cortan una de sus alas para que no puedan volar, explica al hacer un espacio en su jornada porque Eliana no para. Todos los días algo pasa. Todos los días la fauna silvestre es víctima de alguna actividad humana.

Eso lo sabe bien el mayor Christian Palma, jefe operativo de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) de la Unidad de Protección del Medioambiente de la Policía Nacional. “Por lo general, tenemos a diario dos o tres casos”, indica. Se trata de rescates de iguanas, zarigüeyas, loros, monos, algunos de los animales no domésticos que enumera y que la gente tiene en domicilios como mascotas, o que atropellan y dejan abandonados en las vías o que venden ilegalmente. La cantidad es alarmante. Solo entre enero y principios de agosto, Palma y su equipo habían rescatado y retenido a 559 especies.

Ante este escenario, Julia Salvador, bióloga y coordinadora del programa de Tráfico de Vida Silvestre de Wildlife Conservation Society, observa que en el Ecuador esto no es percibido como un acto ilícito por la sociedad. “Hay un desconocimiento bastante amplio de los recursos naturales y de lo que es la fauna silvestre, peor aún de cuáles son los delitos que amenazan a la biodiversidad del país”, considera. Ese desconocimiento no solo está en la ciudadanía, sino en el poder Judicial.

Este oso perezoso de tres dedos (Bradypus variegatus) fue hallado en situación de abandono. Las madres suelen ser víctimas de las actividades humanas y las crías quedan huérfanas.

Tanto ella como Eliana y el mayor Palma advierten y lamentan la falta de preparación y conocimiento de los jueces y fiscales en lo que concierne a delitos ambientales. Esto es lo que en cierta medida explica el bajo número de sentencias condenatorias que reciben los atentados contra la flora y la fauna en el país. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona hasta con tres años de cárcel a quien atente contra la vida silvestre, algo que para Salvador “es una vergüenza porque es la sanción más débil de la región si comparamos con Colombia, donde puede llegar a ser hasta de quince años”, y pone en evidencia por qué es tan fácil cometer una actividad ilegal en el Ecuador.

Las estadísticas acompañan su mirada. Según la Fiscalía General del Estado hasta julio pasado se habían registrado 54 delitos contra la flora y la fauna silvestres, de los cuales solo dos devinieron en sentencias condenatorias. En 2020 hubo noventa casos y solo cuatro sentencias; y en 2019 hubo 76, con apenas diez sentenciados. Estas cifras, por bajas, no son las únicas problemáticas. La falta de personal y capacidad técnica en las oficinas provinciales del Maate imposibilita dimensionar, por ejemplo, los volúmenes del tráfico de vida silvestre, considerado el tercer negocio ilícito en el mundo.

La llegada de un ocelote a la clínica veterinaria le dió un giro a la práctica profesional y la vida de Eliana Molineros, quien en Guayaquil creó el Proyecto Sacha, una fundación que ayuda y promueve la conservación de la fauna silvestre que en el Ecuador peligra día a día.

El pasado 3 de marzo, esta cartera de Estado reportó que en los últimos siete años se habían retenido más de seis mil animales vivos mediante operativos de control, pero Julia y Eliana saben y dicen que el dato es impreciso. Al respecto, el 2 de agosto solicitamos información a la autoridad ambiental. Pero un mes después y hasta el cierre de esta edición, todavía no habían respondido. Los 2325 animales que solo Proyecto Sacha recibió y atendió desde junio de 2018 hasta principios de agosto también evidencian el subregistro que hay en el país pero, además, lo apremiante que es la situación para quienes día a día salvan vidas silvestres. “Un animal quemado, en costos de insumos, significa no menos de 250 dólares diarios”, expone Eliana.

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La atención veterinaria que ofrece en Mansión Mascota permite cubrir parte de esos gastos. El resto proviene de donaciones. María Fernanda Rumbea, directora de Ambiente del Municipio de Guayaquil, refiere que el apoyo a esta fundación está por llegar. “Es la única autorizada por el ministerio con la que trabajamos. Estamos por firmar un convenio y es para poder otorgarles recursos”, afirma. Esto, sin embargo, no resuelve el problema de fondo porque esos 2325 animales son, a su vez, la prueba de que Guayaquil es un punto rojo de tráfico de vida silvestre.

Rumbea señala que es cierto que esa actividad “está muy normalizada” en la ciudad y que deben enfocarse en sensibilizar y educar a la población sobre delitos ambientales. “Eso es parte de las campañas en las que tenemos que trabajar”, sostiene. Menciona, asimismo, que están elaborando una ordenanza de especies emblemáticas que permita su protección. “Guayaquil tiene muchas especies que están en peligro de extinción por, entre otras cosas, la crueldad humana que se evidencia en hechos como el de la lechuza, pero también por el crecimiento urbano y la falta de manejo técnico en las construcciones”.

El mayor Palma conoce de cerca esa situación: “Hay cualquier cantidad de urbanizaciones en la vía a la Costa, a Durán, a Daule, y desde ahí nos llaman bastante. Cuando los animalitos ven maquinaria o escuchan ruidos se asustan. Y también salen porque, como ya no tienen comida, tienen que buscar qué comer. Cuando hacemos un rescate nos dicen ‘es que se me metió a mi casa’. Y no. Nosotros hemos invadido la casa de ellos”.

Una casa que ya no es ni volverá a ser la misma y a la que muchas veces, pese a los esfuerzos médicos, ni siquiera pueden regresar. Los daños que les causan los seres humanos los condenan al cautiverio. Por eso en el Proyecto Sacha, a la espera de un futuro destino, siguen albergados cien individuos. “El trabajo que hago no va a arreglar el ecosistema, pero salva la vida de cada animal que me llega de una u otra manera. Los quemados, por ejemplo, no mueren agonizando, hechos bolita, sino con anestesia, sin dolor. Esa es la oportunidad que les doy”, refiere Eliana. Y esa es su única motivación.

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