El derecho al olvido en Internet

El claroscuro negocio de la eliminación de datos se balancea entre el derecho a la privacidad y la libertad de expresión.

Derecho al olvido en internet.

“Desaparecer por completo de Internet es imposible”. Con esta contundente frase, Manuel Moreno, director y fundador de Borrame.es, zanja la petición con la que llega a él buena parte de sus clientes. Las personas que buscan sus servicios suelen estar hartas y enojadas.

Detestan todo lo que encuentran en el vasto mundo digital con solo escribir su nombre en un buscador. Son los solicitantes de un servicio muy peculiar: el borrado de datos en motores de búsqueda, redes sociales o páginas web. Un negocio que se ha extendido desde la Unión Europea hacia el resto del mundo y, particularmente, desde España hacia Latinoamérica.

Estas empresas se enmarcan en la defensa del derecho al olvido y la protección de datos. Una facultad que tiene sus claroscuros y un delicado balance con otras, como el derecho a la información.

Moreno cuenta, en una videollamada desde su casa, que se dedica a esto desde hace más de veinte años, aunque tanto él como sus colegas coinciden en que el boom del negocio llegó en 2014. Ese fue el año en que una batalla en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea secuestró los titulares y puso el foco sobre el derecho al olvido: el caso Google contra la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y Mario Costeja.

Los archivos de Luxemburgo guardan la historia de una suerte de lucha de David contra Goliat. Costeja, cansado de que al buscar su nombre en Google apareciese una subasta de muebles por deudas a la seguridad social, acudió a la AEPD. Este ciudadano español pidió que el periódico La Vanguardia elimine su nombre de la hemeroteca, dado que los impagos se habían resuelto hace ya varios años, y a Google Inc. que la retire de sus buscadores. La entidad falló a favor del medio de comunicación —a fin de cuentas la publicación se había hecho por petición legal del Ministerio de Trabajo—, pero pidió a Google que retire el enlace de sus buscadores. La empresa apeló y el caso alcanzó el máximo tribunal de Europa, que finalmente le dio la razón al pequeño.

Borrame.es un sitio para el derecho al olvido en internet.

“Tuvimos un pico muy grande de clientes porque descubrieron que era posible borrar datos de Internet”, declara a Mundo Diners por teléfono Samuel Parra, de la empresa española EPrivacidad, nacida en 2010. Ambas empresas han crecido hacia afuera de Europa: “Siempre que hay algo a lo que aferrarnos, defendemos el derecho de la gente a que le borren o modifiquen cosas publicadas en Internet”, explica Moreno. Su empresa, también española, trabaja desde 2001.

La legislación sobre protección de datos ha avanzado por fuera de la Unión Europea desde esa sentencia clave. Ese es el caso del Ecuador, que aprobó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en 2021. Sin embargo, este marco legal no es la única vía para facilitar el trabajo de empresas como las de Parra y Moreno. Este último asegura que ha trabajado con varios clientes ecuatorianos antes, usando figuras como el derecho al honor, y que la entrada en vigor del nuevo texto no ha significado un aumento en sus solicitantes.

Sin importar el país, actúan por dos vías: la eliminación de contenido en la fuente o la desaparición de la información en los motores de búsqueda. “Siempre es preferible acudir a la fuente; si eso no es posible, acudimos a buscadores y la última posibilidad es acordar con los autores originales que se elimine solo el nombre del cliente”, detalla Parra.

Para esto acuden a cualquier instancia disponible en el país, que en muchas ocasiones son las políticas internas de las redes sociales o empresas como Google. Aun así, Moreno sostiene que en ocasiones agotan los caminos. “Hay cosas que no se pueden borrar, como históricos o hemerotecas con información que sigue siendo relevante”.

“Hemos trabajado por más de diez años y todavía nos sorprendemos. Hemos tenido incluso casos de gente de la nobleza que no quiere que sus títulos aparezcan o que quiere borrar premios”, explica Parra. Borrame.es no es la excepción: “Hay quienes simplemente han cambiado de vida, nos pasa mucho”, explica Moreno, “por ejemplo, alguien que se dedicaba a tener citas a ciegas y ahora está casado. Sí, tienen algo que ocultar, pero es suyo”, zanja.

Gerente borrame.es. Derecho al olvido.
Manuel Moreno, gerente de borrame.es, asegura que la mayoría de clientes que tienen acuden a ellos debido a que su nombre aparece en comentarios difamatorios vertidos en algún blog o en alguna página en la que se pueden comentar las noticias.

“También existen clientes que lo han entendido mal”, advierte Parra, “no tienen un derecho absoluto e ilimitado de borrar todo lo que quieran, la sentencia no dice eso”. El derecho está limitado y no puede estar por encima de otros. Las estadísticas del informe de transparencia de Google arrojan luz sobre el éxito de estas solicitudes en Europa. Los únicos datos disponibles corresponden a este continente: más de la mitad, 52 %, acaban en saco roto.

En cuanto al delicado balance con el derecho a la libertad de información, sobre todo en el ámbito periodístico, Moreno argumenta que es muy importante seguir empujando por alcanzar ese equilibrio: “Es algo que tenemos que trabajar entre todos, periodistas y empresas”. En ese sentido, asegura que Borrame.es maneja un código ético no escrito. 

Parra también apela a la experiencia: “Como ya llevamos muchos años trabajando, ya sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no. Sobre todo lo que no”. Evalúan el perfil y el caso de cada cliente para determinar si es posible resolver su problema o no. “Si su caso no es viable, se lo decimos”, explica. Moreno propone una pregunta para facilitar estas elecciones: ¿afecta más al público o a la persona?

Moreno comprende que si su empresa se acerca a un periodista con la exigencia de que borre cierto contenido, este podría acusarlos de interferir con la libertad de expresión. “Tampoco es eso”, se queja, “lo que no tiene sentido es que una noticia que afecta a una persona, de hace más de quince o veinte años, se siga manteniendo indexada en buscadores”, cuando se pide a los medios que simplemente la oculten de sitios como Google con mecanismos técnicos. 

Con el empuje de la legislación europea y la popularización del concepto de derecho al olvido, algunos medios de comunicación ya regulan este tipo de peticiones dentro del continente. Es el caso del diario español El País que, en su Libro de estilo, específica los parámetros en los que se pondrá en marcha el derecho al olvido: deberá afectar a la familia o trabajo de la persona, deberán pasar al menos quince años y en ningún caso se concederá a políticos o candidatos.

Una moneda con dos caras

No todo son garantías en el negocio de la eliminación o desaparición de datos en Internet. Existen técnicas que no están enmarcadas en la jurisprudencia internacional y a las que algunas empresas recurren para satisfacer los deseos de aquellos clientes que no entran dentro de los parámetros aceptados por Google. Las hay desde las más inofensivas hasta las más peligrosas para la libertad de expresión.

Derecho al olvido.
“Defendemos el derecho de la gente a que le borren o modifiquen cosas publicadas en Internet”, señala Samuel Parra, de la empresa española ePrivacidad.

Un método, enmarcado entre los primeros, consiste en crear contenido positivo sobre el cliente y posicionarlo mejor en los buscadores usando SEO (métodos para llamar su atención) y haciendo réplicas. Moreno admite que esa es una estrategia a la que han recurrido en el pasado, aunque pretenden quitarla por completo de su libro de jugadas: “Es insostenible, hace falta mantenerlo mucho tiempo. Yo lo aconsejaría solo cuando lo hace la misma persona, que tiene derecho a controlar su imagen”, argumenta.

Una técnica mucho más nociva es la de aprovechar las leyes estadounidenses de Copyright para engañar a Google, copiando las noticias originales de medios de comunicación. Después, al pegarlas en blogs con las fechas falseadas, se reclama el contenido como propio. Una de las empresas que ha sido acusada de llevar este modus operandi es otra española, Eliminalia. Esta compañía se califica como una de las más grandes del mundo, “con una cartera de quince mil clientes” de los que “cerca de mil” son ecuatorianos, según explica unos de sus miembros por correo electrónico.

La oenegé sueca Qurium, especializada en la defensa de la seguridad, la privacidad y los datos en Internet, publicó un informe sobre la empresa. En dos entregas desvelaba estas acciones por medio de rastrear cientos de sitios de noticias falsas vinculados a la dirección IP de Eliminalia. Algo que la empresa achaca a la competencia: “Por desgracia nos vemos envueltos en situaciones confusas, generadas mayoritariamente por competidores que utilizan nuestro nombre para realizar todo tipo de acciones que puedan afectar la reputación de nuestra empresa”.

Sin embargo, en sus dos informes Qurium identificó varias denuncias por derechos de autor vinculadas a los sitios que rastreó hacia dos servidores llamados ELIMINALIA-BCN y ELIMINALIA-KIEV. Para esto se valió de una herramienta creada en la Universidad de Harvard: Lumen, un repositorio público que recoge todos los reclamos de propiedad intelectual de Internet. No son los únicos, periodistas de los medios Armando.info de Venezuela, La Silla Vacía de Colombia, y Civio en España, han denunciado haber sido víctimas de estas prácticas justo después de recibir solicitudes de la compañía.

Ante esto Eliminalia asegura que ha iniciado acciones legales “por injurias y calumnias de dicho informe e incluso se solicitó un informe pericial a una empresa externa que será entregado en sede judicial cuando este sea requerido”. Desde Quirum aseguran que no han recibido ninguna corrección a su informe.

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