Eduardo Carmigniani

Fotografía: Amaury Martínez y  archivo E. Carminiagni.

Edición 444 – mayo 2019.

“Los dictadores y la gente que abusa huelen la cobardía”.

Despacha desde una oficina en el piso 22 del edificio La Previsora que, por un lado, tiene vista al hemiciclo que rodea el monumento del encuentro de Bolívar y San Martín que a esa altura resulta un detalle en medio de la imponente perspectiva del río Guayas  la isla Santay; él, dice, necesita estar cerca del agua, lo ayuda a estar en calma. Del otro lado, su oficina mira hacia la parte sur del Malecón y a aquel lado de Guayaquil que crece a partir del río conocida como ‘el centro’. Hacia “esa parte fea —dice él—, la de los techos de zinc”. Eduardo Carmigniani Valencia tiene 50 años, es abogado especializado en litigios comerciales y socio de uno de los principales estudios jurídicos del país. Aunque no siguió los pasos de su padre —político socialcristiano—, su rostro es conocido en noticieros televisivos o radiales y en los periódicos cuando aparece como defensor legal de personas, empresas o instituciones en litigios con incidencia en la economía y la política del país. Fue miembro de la Junta Bancaria en plena crisis del sistema financiero y mantiene desde hace un par de décadas una columna semanal en diario Expreso, donde analiza, a partir de una perspectiva jurídica y una postura liberal, temas de la coyuntura nacional.

Su visión sobre las condiciones de la justicia en el país da inicio a este diálogo.

—Tras más de veinticinco años de experiencia, ¿cómo ve usted que ha evolucionado el sistema de justicia en el Ecuador?

—Ha habido una evolución notoria en lo material, en cuanto a infraestructura, a tecnología, a modernización del sistema de manejo de los procesos, que ahora ya se están realizando en forma oral y eso permite una mayor facilidad y claridad en el debate; porque, además, como el debate se hace entre las partes enfrente del juez —y generalmente el juez tiene que resolver en la misma audiencia—; esas son herramientas que no existían hace veinticinco años cuando era todo por escrito, con visitas a los jueces en forma unilateral por las partes, con lo cual, sin duda, se fomentaba la corrupción. Sin embargo, el problema que sigue habiendo es de recurso humano. En el Ecuador hay alrededor de 2 100 jueces, y es un buen número de jueces, una proporción adecuada en relación con la población, el problema sigue siendo —salvo contadísimas excepciones— la muy mala calidad de los jueces.

—¿No es un problema de intereses y corrupción sino de calidad?

—Pero la mala calidad abona a la corrupción; es decir, cuando usted tiene una materia prima inapropiada el caldo de cultivo para la corrupción está ahí, esa es la verdad. Hay que reconocer esa realidad porque solamente cuando uno la reconoce puede entender que el mejoramiento del sistema judicial en el Ecuador no se va a obtener de la noche a la mañana; esto es un proceso largo que requiere de al menos veinte años de constante mejoramiento en cuanto al ingreso, en cuanto a la carrera judicial, en cuanto a las escuelas judiciales.

—¿Cuál ha sido el problema?

—Ha habido muchos empeños en empezar procesos de mejoramiento del recurso humano, pero cada vez que ha habido alteraciones políticas, se han detenido, empiezan de cero y eso no permite una continuidad. El problema en el Ecuador es que el Poder Judicial ha sido parte de todas las pugnas políticas por controlarlo y hemos entrado en una espiral donde, en ocasiones, unos grupos políticos logran apoderarse del control de las cortes y suspenden o detienen los procesos de mejoría que venían ejecutándose para poner a su gente, y eso dura unos años hasta que llega otro grupo de control y lo hace y pone a los suyos. Entonces, mientras en el Ecuador los grupos políticos no entiendan que es no solo de interés nacional sino su propio interés paralizar el reparto político de las cortes, las persecuciones políticas no paran.

—Pero hay un problema de fondo que es la corrupción al interior del sistema.

—(…) Sin duda, y en esto hay que dejar las hipocresías a un lado, hay otro lado de la mesa en la corrupción que son los involucrados en los procesos judiciales. Yo creo que del lado no estatal del problema, sino del lado de los abogados, hay que llegar también a unos compromisos entre los practicantes de la profesión de no dar dinero a los jueces. Hay que romper esta postura que usted oye muchas veces en abogados, sobre todo mucho mayores, una especie de justificación perversa, que decían: “Si yo no doy, da el otro”. Hay que romper también ese círculo vicioso.

—¿En dónde es mayor el problema, o es indistinto, en la parte de litigios civiles o penales?

—Nosotros no practicamos derecho penal, pero la impresión que tengo es igual. Puede ser que en materia penal haya temas más angustiosos, porque se discute frente a los jueces sobre la libertad de las personas y eso puede generar situaciones de mayor angustia para las partes involucradas de que caigan en la tentación de juzgar corruptamente en esos procesos; pero, nuevamente, el problema es más de fondo, es de materia prima y es de hipocresía de los practicantes de la profesión que se llenan la boca atacando la corrupción, pero cuando necesitan están muy dispuestos.

—Su papá, Eduardo Carmigniani García, fue presidente del Partido Social Cristiano, y diputado en los ochenta. En esa época usted era estudiante, ¿cómo vivió esos momentos políticos?

—Mi papá fue un político a tiempo completo. Fue diputado en todos los años ochenta con pocos intervalos y luego en el Gobierno del presidente Sixto Durán Ballén fue nombrado embajador del Ecuador en Cuba y murió en La Habana siendo embajador del Ecuador. Murió a los 61 años, murió joven. Yo, durante los ochenta era estudiante de secundaria, entré a la universidad en enero del año 87, pero solía estar muy cerca de él en sus cosas políticas y solía tener mucho interés en lo que estaba pasando en el país. Nunca tuve actividad política, pero sí seguía muy de cerca lo que estaba pasando. Cuando tenía diez años, en las elecciones del año 78, yo hacía los recortes de los periódicos a mi papá de la campaña de Sixto Durán Ballén, en la campaña presidencial que ganó Roldós. Recortaba periódicos y armaba carpetas. En esa época no había Internet ni el acceso a la información que hay hoy en día, sino que todo era en recortes. Me acuerdo que en las vacaciones, a los doce o trece años, me iba un par de semanas a Quito con mi papá, e iba y me sentaba en las sesiones del Congreso a oír los discursos. Ese fue uno de los últimos grandes congresos que hubo, donde estaban (León) Febres-Cordero, Rodrigo Borja, Otto Arosemena, Carlos Julio Arosemena, Assad Bucaram, Julio César Trujillo, el coronel (Rafael) Armijos, Raúl Clemente Huerta. Era un Congreso donde había un montón de personalidades.

—Ahora se legisla vía celular.

—Al Congreso iban los líderes políticos que tomaban las decisiones ahí, no es como ahora que la mayoría de los asambleístas son unos alfiles, porque los líderes de los movimientos políticos en el Ecuador de hoy no van al Congreso.

—En su entorno familiar, además, estuvo rodeado básicamente de juristas.

—Si usted me pide que yo exprima qué recibí de herencia de mi papá, casi nada en lo material. Pero recibí la herencia de un hombre considerado un político decente. A mi papá nunca nadie lo acusó, ni siquiera injustamente, de tener prácticas corruptas; entonces, yo heredé un nombre limpio y creo que he podido, ya en el ejercicio de mi profesión de abogado que es a lo que me dedico, mantener ese nombre limpio. Todos podemos cometer errores en nuestras actividades, pero creo que si algo he podido es mantener ese nombre limpio.

—Al haber presenciado a los doce años los debates del Congreso, ¿no tuvo el prurito de la política proselitista?

—No, la verdad no. Yo siempre quise ser abogado y tuve la suerte de que cuando entré a primer año en la universidad, en el año 1987, estaba todavía muy activo en la profesión el doctor Miguel Macías Hurtado, mi tío, que fue uno de los grandes abogados en el Ecuador, más que nada en materia de derecho comercial. Yo me formé con él y estuve siempre muy cerca de él. Cuando él fue nombrado, a inicios del año 93, a la Corte Suprema (como presidente subrogante y en 1995 presidente), yo nunca fui funcionario judicial ni nada por el estilo, lo ayudaba en ciertas cosas, sobre todo de análisis de problemas. Él estuvo en la Corte Suprema hasta el año 95, y poco tiempo después, a inicios del año 97, decidí separarme de la firma Macías Hurtado y Macías, y abrir un despacho propio. En esa época estaba en apogeo el litigio comercial con aristas penales y yo tenía una cercana relación con Xavier Zavala Egas que había sido mi profesor, pero éramos muy amigos, y vimos la conveniencia de unir la práctica de litigio comercial que yo tenía con la práctica de litigio penal de Xavier. Formamos una firma a la que invitamos a su padre a que se uniera y él aceptó, que se especializaba en litigios comerciales con derivaciones penales. Se llamó en ese momento Zavala Baquerizo-Zavala y Carmigniani. Al año 2010 éramos una de las firmas de abogados más importantes del Ecuador, pero ese año Xavier decidió correr para fiscal general y vimos que había llegado el momento de separar nuestras prácticas y dividimos el estudio. Entonces, con mi socio, Pedro Manuel Pérez, con el que nos dedicamos a temas comerciales tanto relacionados con transacciones como con litigios y arbitrajes, abrimos Carmigniani-Pérez. Con orgullo debo decir que está hoy  entre las cuatro o cinco principales firmas del país por volumen de transacciones. Y destaco esto porque eso refleja una confianza constante del mercado. Creo que para eso hemos dado buenos mensajes. Son los que nosotros llamamos nuestras líneas rojas.

—¿Qué líneas rojas?

—No jugamos con el arma de la corrupción y ese es un mensaje que damos claramente a nuestros clientes. Segundo, es nuestra política no tener como cliente ni al Gobierno ni a empresas públicas ecuatorianas por dos razones muy sencillas: la primera, solemos ser contraparte del Gobierno o de empresas públicas, y creemos que un buen mensaje de que no hay conflictos de intereses es que no tomamos en caso alguno como cliente al Gobierno o empresa pública.

—¿Eso se relaciona, en parte, con la idea que usted señala de no pensar en el vaivén de los Gobiernos?

—Va más allá. No solamente es una forma de evitar conflictos de intereses, sino que, además, por la naturaleza de los casos en que solemos representar a clientes frente al Gobierno, no podemos estar expuestos a que a alguien se le ocurra, para presionarnos, cuestionar que se nos haya contratado en tal o cual caso por parte del Gobierno, que se nos ha pagado tanto; que digan que se ha cobrado mucho. Cosas así.

—¿Qué tanto inciden las ideologías en el ejercicio de la jurisprudencia?

—Muy poco. Yo diría que la mayoría de los integrantes de la firma somos liberales, pero eso no es un requisito para ser miembro de la firma, porque nosotros no somos un movimiento político; de hecho, estoy seguro de que uno de nuestros socios, por encasillarlo en la nomenclatura tradicional, es un socialdemócrata. Nosotros no hacemos política. Coincide que tenemos una visión de lo que debe ser el Estado y en general esa visión de la mayoría de los miembros nos encasilla como liberales, pero eso no es un requisito para ser integrante de la firma, el requisito es ser competente, ser íntegro, ser dedicado.

Trayectoria

Forma parte del Grupo Latinoamericano de Arbitraje de la Corte Internacional de Arbitraje (ICC).

Árbitro de la Cámara de Comercio de Quito.

Preside del capítulo ecuatoriano del Club Español del Arbitraje.

Miembro del Consejo Asesor del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil desde 2008.

Ha sido árbitro del Ciadi.

Fue presidente del Instituto Ecuatoriano de Arbitraje (2011-2018), del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil (2006-2007) y de la Academia

Ecuatoriana de Derecho Societario (2005-2008).

Ha sido miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (2009-2015).

Fue consultor del BID para la elaboración del proyecto de Ley de Burós de Crédito.

Fue miembro de la Junta Bancaria (1998-2000).

En 1996 formó parte de la Comisión que diseñó el proyecto de Ley de Arbitraje y Mediación del Ecuador.

Fue profesor de derecho mercantil y de derecho bancario en la Universidad Católica de Guayaquil (1993-2001) y de regulación bancaria en la Universidad San Francisco de Quito.

—Usted fue miembro de la Junta Bancaria entre el 98 y 2000, en el Gobierno de Jamil Mahuad, una época determinante en la historia del país, la crisis.

—Yo, cuando era joven, ya tengo cincuenta años, hice barbaridades. Bueno, yo fui nombrado miembro de la Junta Bancaria a fines del año 98, cuando tenía treinta años y apenas nombrado, en octubre del año 98, ya había cerrado, un mes y algo antes, el Banco de Préstamos; ya Filanbanco había recibido los créditos del Banco Central (el 28 de octubre recibió el primer préstamo de liquidez y el segundo lo recibió el 2 de diciembre, el día que se aprobó la Ley de la Agencia de Garantía de Depósitos, AGD, antes había recibido créditos especiales). Cuando yo fui nombrado en la Junta Bancaria, apenas un mes después se dictó la Ley de la AGD; es decir, yo fui nombrado y acepté ir a la Junta Bancaria cuando la crisis ya estaba estallando.

—¿Por qué?

—Porque me parecía que era una forma de contribuir con el país. Sin duda, fue un trabajo arduo. En los dos años que estuve en la Junta, yo renuncié en octubre del año 2000, tuvimos que enfrentar la crisis y el cierre de la mitad del sistema financiero en el Ecuador.

—El poder que tenía ese ente era estratégico.

—En los temas de poder yo creo que hay que ser frío. El poder consiste en tomar decisiones, en tener el carácter de tomar decisiones independientes, sin que nadie le dé órdenes a uno.

—¿Ese fue el problema?

—Yo me precio, y creo que en general la comunidad me ve así, me precio de ser una persona absolutamente independiente. Se dice que tengo un carácter jodido y es posible que sea así.

—¿Pero estar dentro de un Gobierno no lo condicionaba?

—No, yo no era miembro del Gobierno. La Junta Bancaria en esa época, no como ahora, como la última Junta Bancaria antes de que se la elimine, estaba integrada por el superintendente de Bancos, cuando yo llegué, por dos miembros designados por el directorio del Banco Central…

—Pero usted era delegado del Banco Central.

—Yo fui uno de los delegados del directorio del Banco Central. Luego estaba el gerente general del Banco Central, ahí van cuatro, y el quinto era nombrado de consenso por los otros cuatro. Yo fui nombrado por el directorio del Banco Central, pero yo no dependía del directorio del Banco Central. Luego, a inicios de 2000, se reformó la ley y el directorio del Banco Central dejó de tener la capacidad de nombrar esos dos delegados y estos nombramientos se pasaron al presidente de la República. Producida esa reforma legal, a inicios del año 2000, yo renuncié porque dije: “Bueno, si ahora el directorio del Banco Central no es el que nombra, sino el presidente de la República, a mí me parece que el presidente de la República debiera poder designar a sus delegados”. Y renuncié. Pero el presidente Gustavo Noboa me volvió a nombrar, digamos, en marzo o abril del año 2000, y ahí me quedé hasta octubre de 2000 cuando renuncié.

—¿Por qué?

—Porque me parecía que en los dos años que había estado ya había cumplido un ciclo, ya había enfrentado la crisis que es el motivo por el que acepté, ya se habían adoptado las soluciones previstas en la ley en ese momento para el cierre de los bancos en problemas. Y con orgullo le quiero decir algo: Nunca nadie ha podido decir que yo hubiese actuado en forma incorrecta en la Junta. El único juicio penal que intentaron ponerme, porque lo intentó desde un inicio, fue el señor (Fernando) Aspiazu, cuestionando el cierre del Banco del Progreso, pero el presidente de la Corte Suprema de ese entonces, el doctor Héctor Romero Parducci, desechó de entrada la denuncia. Y luego, tuve dos juicios de orden civil presentados por el mismo señor Aspiazu, cuestionando el cierre del Banco del Progreso, en que nos reclamaba a los miembros de la Junta Bancaria una indemnización de daños de 440 millones de dólares. Y yo decidí defender personalmente esos juicios, me defendí yo mismo y a mis colegas de la Junta, y terminamos ganando esos juicios. Entonces, yo me siento orgulloso de haber servido al Ecuador durante esos dos años. Puede ser que haya personas que crean que las decisiones que tomamos no eran las más apropiadas, bien, yo acepto el derecho de las personas a opinar distinto. También que haya personas para quienes es muy fácil darles consejos al pasado; otra cosa es tomar las decisiones cuando las papas queman.

—Lo que pasa es que fue una crisis tipo terremoto grado 7 u 8, pero a diferencia de los sismos, ¿esta no fue una crisis predecible?

—Yo no sé si era predecible o no, lo que sí sé es que cuando yo acepté ir a la Junta ya la crisis había estallado.

—La Ley del Sistema Financiero y luego la Ley de la AGD. Se siguió un camino…

—La Ley de la AGD fue una recomendación del Banco Mundial para que el Ecuador adopte mecanismos legales que permitan manejar la crisis que ya existía. Esos mecanismos no fueron un invento del Ecuador, son mecanismos que se han aplicado en general en otros países y yo creo que el manejo de la crisis, en general, fue apropiado. Sin duda, pudo haber decisiones que pueden ser debatidas. Pero yo me siento orgulloso de haber estado en la Junta en la crisis. Yo no escondo haber tenido ese rol y lo defiendo. Hay gente que le corre y dice mejor que ni se acuerden (ríe).

—Usted es columnista y está vinculado a un medio. Ya en el cargo Rafael Correa encontró en los medios de comunicación el último obstáculo para ejercer el poder a su conveniencia. ¿Qué les pasó a los medios, más allá de la persecución vía leyes o en las sabatinas, no los dejaron crecer, no se empequeñecieron?

—No, yo no creo que los medios en general se hayan empequeñecido. De lo que a mí me consta, y me consta como abogado y no como columnista, nosotros tomamos como firma la representación de Gráficos Nacionales que edita Expreso y Extra en todos los procesos administrativos de juzgamiento que se llevó adelante en la Superintendencia de Comunicación del señor Ochoa; en todo el proceso judicial de impugnación de las sanciones y yo le digo con orgullo que Gráficos Nacionales no se achicó, dio una pelea frontal y decente contra las arbitrariedades del señor Ochoa.

—¿Faltó unión, tal vez?, ¿no actuaron individualmente?

—Mire, yo creo que los seres humanos somos distintos y cada uno tiene su forma de ser. Yo me enorgullezco de haber podido coincidir con la forma valiente con que los personeros de Gráficos Nacionales decidieron enfrentar las arbitrariedades y abusos del señor Ochoa. No conozco detalles del resto. De lo que me consta, no solamente hubo una decisión de poner freno a los abusos, sino que hubo una muestra de que acobardarse no sirve de nada en la vida.

—Se puede tener miedo, pero no pánico.

—El miedo hay que vencerlo, pero no hay que acobardarse. Los dictadores y la gente que abusa huelen la cobardía, cuando huelen la cobardía van con todo.

—¿Usted por quién votó en la segunda vuelta de 2006?

—Por Correa.

—Pero él iba en línea distinta a la de los liberales.

—Eh… sí, pero a mí me parecía que hubiese sido absolutamente inconveniente para el Ecuador elegir a Álvaro Noboa. Me parecía que elegir a Álvaro Noboa nos hubiese conducido, y nuevamente estamos hablando aquí de hechos que no se dieron, a un régimen similar al de Somoza en Nicaragua.

—Luego, comparándolo con lo que pasó con Correa, ¿no se arrepintió?

—Es difícil comparar cuando no tengo con qué comparar porque el Gobierno de Noboa no se ha producido, entonces usted compara cuando tiene evidencias de las dos cosas.

—O tenía alguna confianza en él. En esa época usted estaba casado con Ana Albán, que fue ministra de Ambiente de Correa, inclusive en la ceremonia posterior a la posesión, ella departió muy animadamente con Hugo Chávez. ¿Cómo congeniaba con esas diferencias ideológicas en casa?

—Yo no he visto al señor expresidente Correa; yo no vi al expresidente Correa nunca durante su mandato. Nunca, nunca. Nunca saludé con el expresidente Correa durante su mandato. Ana fue ministra de Ambiente del presidente Palacio y ahí me parece que conoció como colega de gabinete al expresidente Correa. Ella fue ministra durante todo el Gobierno del presidente Palacio, luego el presidente Correa la confirmó como ministra de Ambiente y estuvo casi un año en ese cargo, hasta fines del año 2007. Ya luego el matrimonio terminó, de tal manera que yo no tengo nada que ver con las actividades de ella.

—Usted también fue abogado de la AGD.

—Yo fui abogado de la AGD para tomar la administración de diario El Telégrafo en la época del señor (Carlos) Navarrete (2007).

—Terminado el correísmo, ¿cuál es el mayor cuestionamiento que usted hace a esa era?

—La gigantesca corrupción que hubo. Es impresionante.

—Ustedes como litigantes, ¿cómo la vivieron?

—Esto es muy simple: cuando uno tiene estrategias de largo plazo no tiene por qué amilanarse. Y se lo voy a explicar más simplemente: nosotros seguimos activos.

—El presidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, ha dicho que en muchos casos se han acumulado casos frente a lo que considera un abuso de la acción extraordinaria de protección, del que ustedes en diferentes casos han echado mano.

—Nosotros usamos en los litigios todas las herramientas procesales que el sistema legal nos da. Es posible que conceptualmente creamos errado que se haya incorporado en el Ecuador esa acción extraordinaria de protección que hace que los casos lleguen, digamos, de última instancia a la Corte Constitucional, pero mientras esa herramienta exista y nosotros creamos que en un caso concreto corresponde usarla, no dudamos en hacerlo.

—Usted estuvo involucrado (en 2007) en un accidente de tránsito (en Samborondón) en el que murió una persona. ¿Cómo vivió personalmente ese hecho?

—Es el episodio más trágico de mi vida. Que se produjo, además, en un momento en que yo había presentado contra el exdirector de El Telégrafo, el señor (Carlos) Navarrete, unas actuaciones para removerlo del diario; entonces, mi nombre estaba muy ligado en ese momento a ese tema. Decidí enfrentarlo, como enfrento todas las cosas en mi vida, sin correr. Y le voy a contar detalles de eso, ya que usted me lo menciona: primero, yo fui absuelto en el año 2010, pero en los días  siguientes al accidente, yo decidí no ceder a chantajes que recibí porque querían mandarme a la Penitenciaría del Litoral. Yo estaba preso en el cuartel de la Comisión de Tránsito, y había pedido que se me otorgue fianza con arreglo a la ley y, por alguna razón, el juez dilataba el trámite de otorgarme la fianza. Y dilataba y dilataba. Un día recibí un mensaje diciéndome que lo que me convenía era hacerme el enfermo e irme a una clínica porque, si no me hacía el enfermo y no me iba a la clínica, me mandaban a la Penitenciaría del Litoral. Decidí que no, que yo no iba a fingir estar enfermo y le mandé a este mensajero; le dije que mi posición era que me manden nomás a la Penitenciaría. Total, no me mandaron, tuve que presentar un recurso ante el presidente de la Corte para que ordene que me den la fianza, aceptó mi recurso, ordenó que me den la fianza, me dieron la fianza y salí. Estuve casi un mes preso. Pero ya es anécdota. Usted me pregunta por el accidente, le repito, es el episodio más trágico de mi vida. No se lo deseo a nadie.

—Desde su columna utiliza un lenguaje coloquial para hablar de los temas jurídicos y suele terminarlas con la frase: “Por aquí les dejo el dato”.

—Mi columna tiene un concepto muy simple, yo escribo sobre temas legales. Yo no soy todólogo. Creo que el rol de los columnistas es escribir de lo que sabemos y, sin falsas modestias, yo sé de temas legales. Entonces, yo hablo de temas legales, primero;  segundo: no hablo de temas en los que tengo interés, es decir, yo no hablo en mi columna de temas en los que tengo alguna representación o interés profesional. De tal manera, que cuando ustedes lean mi columna sabrán si estoy o no en un caso; y eso es lo más difícil, que a veces no tengo tema porque hay asuntos legales que están en boga pero que tenemos interés profesional, entonces no puedo hablar de eso. Tercero, yo hablo de temas legales pero no tengo ninguna inclinación a usar la columna como una exhibición de pedantería académica; es decir, la columna que está escrita para un diario tiene que ser escrita tratando de que los que no son abogados puedan comprender el tema sobre el que quiero opinar. Si he logrado transmitir en palabras sencillas temas legales que a veces son complicados, estaré feliz. Cuarto, yo investigo para la columna, pero no soy un “denunciólogo”, entonces trato de dar información que a veces está escondida o que no ha sido vista o que no ha sido procesada apropiadamente para guiar a las autoridades a que hagan su trabajo, pero nada más.