Diana Salazar. La mujer que fiscaliza al poder.

Por Pablo Cuvi.Fotografías P. Cuvi y Archivo.

Edición 427 – diciembre 2017.

Entrevista-0---1Todos quieren saber quién es esta joven fiscal que llevó adelante la investigación y las acusaciones contra el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, y que en estos días aparece siempre junto al fiscal Baca en el procesamiento de los implicados en el caso Odebrecht, empezando por el vicepresidente Glas. Y que debe andar con escoltas porque ha sido amenazada.

Para conocer de primera mano la impresionante historia de esta abogada que viene del Ecuador profundo y ha superado con la frente en alto todas las presiones, amenazas y discriminaciones de los poderosos, nos hemos reunido a conversar hoy, domingo, en las oficinas de la revista, mientras sus escoltas toman el sol en la entrada del edificio y los quiteños disfrutan del feriado.

 

—Usted tiene 36 años. ¿Pensó que iba a estar en esto cuando era muchacha?

—Realmente no. Cuando era chica, primero, no me veía en la ciudad de Qui­to. Nací en Ibarra, con una niñez en la que quería seguir los pasos de mi madre, que es psicóloga, es educadora, ahora está jubila­da. Luego cambiaron las circunstancias, ya me iba direccionado hacia el derecho, pero tenía un mentor que es mi tío materno, él es ingeniero civil y siempre estuvo orienta­do hacia la física y las matemáticas, y no ha­cia lo social. Yo no tuve mucho de la familia para orientarme hacia el derecho.

—¿Cuál es el origen de su familia?

—Mis abuelos salen de Carpuela, se establecen en Ibarra. Sus hijos nacieron ahí en Ibarra y estudiaron acá, en Quito, se gra­duaron en la Universidad Católica. Mi tío quiso ser oficial del ejército, pero por temas de racismo no le permitieron terminar la es­cuela; él habría sido uno de los generales…

—¿Cómo dice usted: negro o afro?

—Afrodescendiente o negro; no me ofende que me digan negra. Me ofende cuando me dicen ‘la morenita’ porque eso es despectivo.

—¿Cómo así usted vino al Juan Mon­talvo, que siempre fue para normalistas?

—Cuando tenía trece años mis papás se divorciaron, y mi mami decidió cambiar todo. Yo estaba en el colegio Diocesano Bi­lingüe, que es de los jesuitas. Esto sucedió a mitad del año lectivo y mi mami consiguió que nos acogieran en el Juan Montalvo, que comenzaba a ser mixto y ya no era normal.

—¿Cómo fue el cambio de Ibarra a Quito, al Juan Montalvo, a la cuna del laicismo?

—Desde el nombre. Era un shock, o sea: ruptura de los padres, nueva ciudad, desde la formación religiosa venir a nuevo cole­gio, las protestas, un mundo distinto. No me gustaba mucho, para ser sincera, no en­tendía mucho el porqué de las cosas y creo que ahí me iba haciendo un poco rebelde también: ¿por qué?, ¿por qué? Pero salí, no me quedaba más.

La futura fiscal antes de cumplir un año.
La futura fiscal antes de cumplir un año.

—Aquí entre nos, ¿salió a tirar pie­dras o no?

—No, jamás. Lo único que me gustaba era que no había clases; ellos se iban a las protestas y yo me iba a la casa, tenía vaca­ciones.

—¿Le gustaba el deporte en el cole­gio?

—No, y este es un estereotipo: la mujer negra de ley tiene que ser apta para el de­porte. No. Tenía otro tío materno que era famoso basquetbolista en Ibarra, Arturo Méndez; él trataba de inculcarnos ese amor al básquet; pero no, yo prefería los juegos de niña. En la Universidad Central me que­dé a supletorio en Educación Física, no me gustaba.

 —¿Qué le gustaba?

—Otras actividades, la música tranqui­la para poder relajarme.

 —¿Al terminar el colegio decide ir a Derecho?

—Exacto, tenía el conflicto entre Psico­logía y Derecho, finalmente me fui a Dere­cho, quería ser abogada.

 —No habrá cambiado mucho del Juan Montalvo el ambiente a la Central y el paraninfo Che Guevara.

—Cambiaba, porque ya venían perso­nas de otras provincias y más bien me identificaba con ellos, personas de Iba­rra, como que volvía a estar con mi gente. Estudiaba hasta el mediodía pero decía: no puedo estar el resto del día sin hacer nada, tenía que buscar algo qué hacer y

Desfilando con la escuela Oviedo por las calles de Ibarra hacia 1990.
Desfilando con la escuela Oviedo por las calles de Ibarra hacia 1990.

conseguí una pasantía en la Función Ju­dicial. Estuve ahí tres meses hasta que se abrió la oportunidad en la Fiscalía y en julio de 2001 comencé a trabajar ya como funcionaria cuando la doctora Mariana Yépez era la fiscal general. Varios com­pañeros de tercer año, cuarto año, estu­diantes de Derecho, fuimos a trabajar ahí, cuando la Fiscalía era en el edificio MM Jaramillo Arteaga, en la avenida Gran Colombia. Pero yo no sabía lo que era la Fiscalía.

—Yo tampoco sé, cuénteme.

—La Fiscalía investiga, representa a la sociedad, a las personas. Si usted es vícti­ma de un delito, no necesita contratar un abogado para que pueda denunciar esto, es la Fiscalía quien tiene que tomar esa causa en los delitos de acción pública. Ahí cambia mi orientación hacia el derecho penal para el amparo de los ciudadanos, las víctimas tienen que ser reparadas, las víctimas bus­can justicia.

SOLITA CONTRA EL RACISMO

—¿En la universidad participó en po­lítica?

—Nunca, no me gusta la política.

 —Pero si usted es una de las personas más políticas del Ecuador este rato.

—No soy política.

—Todos somos políticos. Pero sale el fiscal Baca, con la fiscal Salazar al lado, y uno dice: a ver, metan presos a estos polí­ticos pícaros.

—Pero, ¿por qué? Porque me ha to­cado manejar este tema, que lo tenía otro fiscal. En diciembre de 2016 salta el escán­dalo a través del Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuando dice que en el Ecuador se tienen 32,5 millones… (entre­gados por Odebrecht). Ahí se abre una in­vestigación. El doctor Chiriboga designó al fiscal Wilson Toainga, que está al otro lado del doctor Baca; ellos estaban haciendo los acuerdos con la empresa, pero terminó el período del fiscal Chiriboga y no alcanzó a suscribir el convenio de cooperación con la Procuraduría de Brasil para que tuviéra­mos acceso a las delaciones. Entonces vino el fiscal Baca a mediados de mayo, nos con­vocó al fiscal Toainga y a mí, nos encargó esa difícil tarea y comenzamos a operar.

Yo soy fiscal de primer nivel, puedo in­vestigar a todas las personas que no tengan fuero, pero en el transcurso de la investiga­ción fueron apareciendo cosas de otras per­sonas a las que ya no estaba en la facultad de investigar. Por eso le comuniqué al fiscal Baca: “Esto es lo que vamos encontrando” y le pasé para su conocimiento. El fiscal aco­gió mi criterio y dijo: “Vamos a vincularlo” y ahora está él impulsando todo esto.

—¿Sobre qué hizo su tesis en la uni­versidad?

—Sobre coyoterismo, que es el tráfico de migrantes. Hice mi tesis en 2004, 2005.

—¿Qué descubrió?

—Que en el Ecuador había mucha im­punidad, había una especie de querer tapar al coyotero, porque parecía que aquel que está traficando con los migrantes, que le cobra dinero para llevarle a Estados Uni­dos, le está haciendo un favor y no está cometiendo delito. Entonces, el investigar eso era muy difícil porque era o el compa­dre o la persona que le hizo el favor para que ahora tenga un mejor nivel de vida. Pero, ¿qué pasa cuando se quedan en el río, cuando desaparecen, cuando no llegan a su lugar? Ahí denuncian, pero mientras les ayudaban a llegar a Estados Unidos o a España, no pasaba nada.

—¿A partir de eso le atraen los dere­chos humanos?

—Me atraen porque, a más de mi orientación penalista, siempre tengo eso en mi sangre sobre los derechos de los afro­descendientes. Entonces estudié Derechos Humanos en la Andina.

Cuando se graduó de abogada en la Universidad Central, en 2006.
Cuando se graduó de abogada en la Universidad Central, en 2006.

—¿Sintió alguna discriminación en la universidad?

—En la universidad no, en lo laboral sí. Cuando iba a ser fiscal, concursé, eran catorce vacantes, quedé en séptimo lugar. Pero resulta que el fiscal elige al uno, al dos, al tres, al cuatro, al cinco, al seis, al ocho, al nueve, al diez, al once, al doce, al trece, al catorce y al quince. ¿Y qué pasó? No, que si la morena quiere ser fiscal que se vaya a San Lorenzo. ¡Por Dios, yo no vivo en San Lorenzo, yo vivo en Quito y opté por una plaza en Quito!

—Eso era el racismo total.

—Clarísimo. Entonces comencé una campaña ahí solita, de pedirle explicaciones al señor porque yo sabía que había ganado limpiamente un concurso: ¿qué pasó?, ¿por qué? Acudí al Consejo de Participación Ciudadana, a la Defensoría del Pueblo, a la Secretaría de los Pueblos también, buscan­do que alguien me pudiera ayudar, respal­dar, no encontré mucho. Mandé cartas pi­diendo explicaciones pero no pasó a mayo­res, no trascendió. Eso es una preocupación porque, así como me sucedió a mí, le puede suceder a cualquier persona. Pero yo tenía ese espíritu de que no pueden conculcar mis derechos, porque cuando uno tiene la ver­dad no importa lo que le pase.

Meses más tarde recibí una llamada del fiscal, claro porque con mi espíritu rebelde ni siquiera saludaba, no iba al minuto cí­vico. Me llama a su despacho: “Yo sé reco­nocer mis errores, vuelve a concursar”, por­que se había abierto otro concurso. Le dije: “¿Para qué, para que me vuelvan a hacer lo mismo?”. “Es de otra manera…” que esto, que lo otro. Le dije: “Está ahí mi carpeta. Si quieren que vuelva a concursar, ingrésenla, yo no la voy a ingresar”. Y claro, la ingresa­ron, me tocó volver a dar el examen oral, escrito y ahí ya me nombraron, pero fue doble esfuerzo.

Volviendo a los derechos humanos, en 2010 se abrió una oportunidad en el Estado, era como un experimento, quince becas para abogados afrodescendientes que sean especialistas en defensa de los derechos de los afro. Postulamos y los quince que quedamos fuimos a la Andina y nos graduamos. Como ya estaba vin­culada a los derechos humanos, estuve también en Washington. Allá la Ameri­can University hace cursos para latinos; en dos ocasiones hice cursos, la tercera ya fui como jueza pero, claro, esa universi­dad es muy cara como para continuar y hasta ahí llegamos.

—¿No le dieron ganas algún rato de salir de la Fiscalía a algún otro puesto?

—Postulé para una pasantía en la Co­misión Interamericana de Derechos Hu­manos en Washington; estaba dispuesta a dejarlo todo, ya era fiscal, iba a ser pasante, un cambio radical, pero no había muchos cupos para el Ecuador por la coyuntura que existía.

VARADA EN EL MAR

—Cuando usted empieza de fiscal le toca en el sur de Quito y le tocan delitos pequeños. ¿Qué mundo encontró allí?

—En primer lugar, yo pedí ir al sur de Quito porque pensaba: soy fiscal nueva y cuando una persona aprende, por ejemplo, a conducir un vehículo no quiere ir por las grandes avenidas. Yo quería ir por las pe­queñas para no equivocarme y no chocar­me. Fue una buena experiencia porque es otra dinámica, con delitos menores, robo de accesorios, así, pero se veía mucha vio­lencia intrafamiliar, delitos sexuales que no me gustan.

Ahí comenzamos a hacer operativos un poco más grandes, reuní a la policía: a ver, tenemos una problemática de robo de accesorios en la Michelena, vamos a hacer investigaciones no al robo, no al vehículo, uno, dos o tres, sino que vamos a hacer algo macro, buscar el origen.

—El alcalde Nebot decía que la poli­cía atrapa a los delincuentes y van a pri­sión, pero los jueces les dejan salir rápi­damente y otra vez están delinquiendo.

—La norma establece que, si a usted le robaron el teléfono, viene el policía, le apre­hende a la persona, aquí está el teléfono. Pero, ¿qué dice la víctima? Yo no quiero con­tinuar, es demasiado, a mí me interesa recu­perar mi teléfono, me voy. Le entregamos su teléfono, se va y nunca más aparece. Luego tenemos que llamarle a que venga a rendir su testimonio y, si yo no tengo el testimonio de la víctima, no tengo pruebas, no se pue­de probar. Entonces el juez dice: Fiscalía no probó lo suficiente, tiene que irse libre.

También hay un tema muy garantista: yo tengo mi visión más bien acusatoria y el juez tiene su propia óptica, el defensor tiene la otra y debemos respetar todos los derechos de las personas; es un tema bien complejo.

—¿Esto es con el nuevo Código Pe­nal?

—Sí, y con una Constitución que es extremadamente garantista. Y no estoy cri­ticando la Constitución, son los convenios de derechos humanos y más allá de apresar a la gente debemos sopesar qué está pasan­do con la sociedad, si esa persona que está delinquiendo tenía opciones de no robar. Es un tema social, de igualdad de oportuni­dades, no es lo mismo competir en un Fe­rrari que en un Chevrolet, una persona que tiene la oportunidad de estudiar en los me­jores colegios y universidades versus aquel niño cuya madre está detenida por haber transportado sustancias en su cuerpo y el papá también, ¿en qué posición le pone­mos? Y luego, a los quince años, ¿cómo le queremos culpar de que se robe el celular?

—Eso no arreglan las leyes, eso lo arregla la política.

—Lastimosamente es así.

—¿Cómo fue la historia cuando an­daban persiguiendo una red de tráfico de combustibles por la frontera de Esmeral­das y se quedaron varados en el mar?

—Estábamos investigando el contra­bando de combustible varios fiscales y sus asesores junto con la policía. A mí me en­viaron a una isla cerca de la frontera norte.

—Es una zona peligrosísima, de tráfi­co de armas y drogas y todo.

—Claro, y como era isla nos podían cercar y quién nos salva. El viaje fue super­largo y el mar estaba bravísimo. Llegamos, hicimos nuestro operativo, nos demo­ramos en zarpar, la marea iba bajando y bajando y nos quedamos en la mitad, va­rados en el lodo. Ahí vi esa imagen bíbli­ca de cómo el mar se dividió a los lados y quedamos al medio y tuvimos que esperar horas hasta que volviera a subir la marea. El doctor Jaramillo decía: “¿Y ahora, doctora, qué hacemos?” Finalmente a la madrugada llegamos a Tonsupa.

—Y llegamos a sus casos famosos. ¿Cómo así le tocó el caso Luis Chiriboga?

—En esa época ya estaba en la Unidad de Lavado de Activos. Un 5 de diciembre me llama el fiscal Chiriboga: “Véngase, tenemos que trabajar”. Ya en junio había saltado el escándalo internacional del FI­FA-Gate y no se había investigado. Pero en diciembre salió la información relacionada con la FEF en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que iniciaba un pro­ceso a los miembros de la Conmebol por conspiración para lavado de activos, fraude electrónico y otros cargos.

—¿A usted qué le tocó hacer?

—Iniciar el procesamiento. Ese creo que ha sido el caso más fuerte que me ha tocado, por lo mediático. Era muy duro. Todos los días medios de comunicación, los ojos del mundo estaban ahí. Yo no sabía cuán importante, o querido u odiado, había sido el presidente de la FEF. Para mí era un caso más, como los del sur de Quito, o los dieciocho de La Roca recapturados. Del ca­pitán Luna sí tenía noticias porque él estu­vo en el tema por migrantes y yo estuve en eso cuando era asistente y, casualmente, yo misma le tomé la versión al ingeniero Chi­riboga como presidente de la Federación.

—¿Cómo planifica las preguntas para encontrar la verdad?

—Tengo mi analista financiero en los casos de lavado, y tengo la policía. Pero en el momento en que va dando la declara­ción, van saliendo temas. (Vuelve a toser).

—¿Está con alergia?

—Parece. Cuando tengo estos casos un poco fuertes, de audiencias, me afecta a la garganta. Es un tema de estrés, no sé. Pero ahora aún tengo voz, en otros casos nada.

—¿Con el ingeniero Chiriboga se quedó sin voz?

—Claro, iba enferma. Le interrogué tres veces. La primera cuando recién se lo detuvo, cuando él no le daba mucha im­portancia: vengo, le doy algún cuento a esta señora y me retiro. Pienso que no estaba consciente de…

—Era un hombre poderoso, relacio­nado con el Gobierno y todo.

—Sí. Me dijo cosas que no me con­vencían mucho y fuimos al procesamien­to. Después, como al mes, el tesorero de la Federación dijo: “Nosotros aquí tenemos transferencias de la Conmebol que las re­gistramos como donaciones”. ¿Donacio­nes? Yo había escuchado que la Conme­bol no hacía donaciones. Ahí empezamos a descubrir y se fue armando el caso. Yo tenía una teoría de la cuestión internacio­nal pero el reto estaba en descubrir cómo habían ingresado el dinero. Lo habían hecho a través de estas supuestas dona­ciones que estaban registradas y él decía que habían sido utilizadas en la Casa de la Selección.

Ahí hubo también un tema racista. En el interrogatorio al ingeniero Chiriboga, con su posición de presidente de la Federa­ción me dijo: “La cocinera de la Casa de la Selección es negra”.

—¿A propósito de qué?

—De nada. Como diciendo: tú deberías estar allá y no aquí interrogándome. Los jue­ces se quedaron fríos, vi la cara de la jueza que pensó que iba a reaccionar, pero lo que hice es reaccionar con una pregunta más fuerte.

ODEBRECHT Y EL SAI BANK

—¿Qué tuvo a continuación?

—A mediados de 2016 vino el caso Atardecer, el tema de las exportaciones de 500 millones de oro, de unos empresarios muy altos que tenían dos empresas que pri­mero se dedicaban a la producción química, luego dan un giro al negocio y se dedican a exportar oro. En menos de un año exportan 500 millones. ¡El Ecuador no tiene capaci­dad para producir 500 millones de dólares en oro! Suponiendo que tomamos todas las zonas productoras de oro de Nambija, Esmeraldas y El Oro, no alcanza. Pero ellos dicen que tenían pequeños proveedores. Ese es un caso de lavado de activos, el de mayor cantidad de dinero que he manejado.

—¿De dónde venía el oro?

—Esa es la pregunta.

—¿Del Perú?

—Usted sabe. Gente muy poderosa. Había presiones políticas: baje el tono, baje el tono. Luego, como no se cede, vienen las propuestas económicas. Y muy buenas pro­puestas económicas. Rechazadas todas, ahí estamos, logramos tener una sentencia en mayo. Pero los jueces tienen la potestad de decir: tiene razón la Fiscalía ante lo eviden­te como usted dice: ¿de dónde viene el oro? Así de fácil. Los jueces no podían decir: son inocentes, la Fiscalía se equivocó. Sino que: bueno, la Fiscalía no puede determinar qué cantidad de oro es lícita y cuál ilícita. En­tonces les sentenciamos a once meses y una multa de cien mil dólares, cuando la multa en lavado de activos es el duplo de lo lava­do. Es decir, sin son 500, mil millones. Y los once meses los cumplían el día en el que estaban dictando la sentencia.

—¿Usted estaba ahí?

—Yo estaba ahí, escuchando la resolu­ción de los jueces, indignadísima. Ventajo­samente algo pasó, no pudieron notificar la sentencia y ahora se está desarrollando nuevamente la audiencia de juicio. Espere­mos a que los jueces no se dejen comprar, porque en derecho no hay a dónde.

Conferencia sobre lavado de activos en la academia de ley y orden de Roswell, Estados Unidos, 2016.
Conferencia sobre lavado de activos en la academia de ley y orden de Roswell, Estados Unidos, 2016.

—Vamos al caso Capaco.

—El caso del señor Carlos Pareja Corde­ro, que ha sido polémico y me tiene deman­dada internacionalmente, fue supermediáti­co y mal informado: que 50 millones y tal. Yo soy sincera porque las cosas tienen que decir­se como son: lo que pude encontrar es que él le permitió a Capaya ingresar 170 000 dólares al Ecuador para que compre un terreno don­de luego construyó su residencia, avaluada en un millón de dólares. Pero igual estaba la­vando dinero… Y ¿qué funcionario público, en tres años, puede realizar una construcción avaluada en un millón de dólares?

—¿De qué le acusó Capaco?

—Dentro de las investigaciones hici­mos unos peritajes informáticos y al señor Pareja Cordero no le gustó que hubiéramos ingresado, con orden judicial, legalmente, con peritos, a su cuenta de correo electró­nico, y me tiene denunciada y demandada en Estados Unidos.

—En el gran caso Odebrecht, ¿qué le parece el juez Sergio Moro, de Curitiba, que inició todo esto con el caso Lava Jato?

—Un hombre increíble. Haber aban­derado esa lucha contra la corrupción es admirable, ojalá que no pare.

—¿Cómo llega usted al caso de Glas?

—La Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción la crean con el fis­cal Baca en mayo de este año, una fusión con la Unidad de Lavado de Activo. Yo soy coordinadora nacional y el primer caso fue Odebrecht. Me tocó la investigación de los pequeños y era muy evidente, todas las co­sas se iban dando…

—Como dijo el presidente Moreno a Glas: “Todos los dedos apuntan a usted”.

—Acá no tenemos dedos sino datos. Me acuerdo que el fiscal Baca nos dijo a los que estamos en este caso: este será un mo­mento histórico: ¿de qué lado de la historia nos vamos a poner? Yo le dije: del lado de la justicia. Y en la audiencia, el viernes 10, usó una frase que me impactó, porque el abo­gado del vicepresidente Glas se estaba rien­do: “Ustedes tienen las risas pero nosotros tenemos la verdad. Y la verdad va a brillar”.

Estamos tratando de hacer justicia y, si se hicieron las cosas mal, hay que tomar los correctivos porque ellos son mandatarios de la confianza del pueblo y no para que hayan hecho lo que hicieron. Es deprimente escu­char el testimonio del delator: sí, a nosotros nos botaron del país, pero recibieron nues­tra plata para dejarnos volver. Ellos estaban para servir a la gente, para solucionar esa problemática del niño que no tuvo opor­tunidades, para que deje de robar, no para enriquecerse. No es justo realmente.

—¿Y el caso de Eljuri?

—Eso fue producto también del caso Odebrecht, porque uno de los involucra­dos, Santos, el delator en Brasil, ya venía con la idea de grabarlos (porque ya estaba colaborando allá; el caso había estallado el 2015 pero acá se lo veía como algo lejano). Él regresa en junio de 2016 porque la de­lación, para ser creíble, debe tener un mí­nimo de corroboración, y él hace una re­construcción de los hechos, se reúne con cada una de las personas a las que había entregado y trata de obtener grabaciones. Porque a él lo sentenciaron por los hechos en el Ecuador. Y le mandan con esa con­signa: recabe el mayor número de pruebas.

Entonces convoca a uno de sus inter­mediarios, que es este señor Terán y le dice (imitándole) tanto que lo he escuchado tengo hasta el tono: ¿cómo haces para obte­ner la plata en Ecuador? Es que yo tengo un banco de segundo piso que opera en silen­cio. ¿Y cómo se llama? Sai Bank. Y ahí tiene gran injerencia este grupo y por eso está pequeño y no pago impuestos, no me vuel­vo fluorescente, dice, y me permite tener el dinero en efectivo acá sin los controles.

Vamos a la oficina y justamente encon­tramos logos de Sai Bank y así llegamos, pero le teníamos pendiente porque eso descubrimos en junio y yo inicio el proce­samiento en agosto.

Revisando unos archivos en su oficina de la Fiscalía, en Quito.
Revisando unos archivos en su oficina de la Fiscalía, en Quito.

—¿Cuándo le advirtieron: te estás metiendo con gente importante?

—Me visitaban personas desconocidas, abogados: ¿tú no sabes que es el grupo más importante de Latinoamérica? Ten cuida­do. Es poderoso.

—O sea, como un consejo de amigos.

—Consejo: ¿a dónde vas?… hay que te­ner límites.

—Cuando oye eso, ¿qué pasa, qué piensa?

—Nada. Yo sigo. El que tiene la verdad no debe tener miedo.

—¿Y cuándo vino la amenaza?

—El 21 o 22 de octubre. Primero hubo una amenaza de bomba en nuestro edificio. En la tarde teníamos una audiencia de ape­lación a la prisión preventiva de este señor. Al día siguiente, sábado, llega la amenaza. Casualmente había salido con mi familia y dejamos el teléfono para estar tranquilos. Volvimos, empiezo a revisar llamadas y me encuentro con el mensaje, ahí sí horrible.

—¿Le da miedo a usted que tiene fama de valiente?

—Si tengo fama de valiente, que me sigan considerando valiente. (Risas). Pero soy humana también y tengo sentimientos.

—Dicen que solo duerme tres o cua­tro horas. ¿Está con insomnio?

—No, es el trabajo y hay que seguir dándole vueltas. Me vienen las ideas y co­mienzo a escribir notas a las tres de la ma­ñana y a las seis ya estoy enviando al grupo las cosas para hacer. Si la criminalidad se organiza y están un pie adelante, ellos no duermen, nosotros tenemos que decir: mientras yo duermo, ellos están despiertos.

—Cuando estaba embarazada, iba a los allanamientos también. ¿Cómo así?

—Porque me tocaba, es el trabajo.

—Para cerrar, ¿en qué se diferencia un delincuente que roba celulares de un delin­cuente de cuello blanco que comete pecu­lado?

—Un delincuente de cuello blanco tie­ne mayor trascendencia pues sobre él está depositada una responsabilidad mayor de velar por los fondos públicos; al no hacerlo, no solo que traiciona a su mandar sino que, además, afecta a toda la sociedad. No quie­ro decir que justifico un robo de celular pero sobre el que más debe pesar la acción del Estado es sobre quien, al beneficiarse del fondo público, le priva al que sustrae un celular de la posibilidad de que estudie y tenga otro futuro y no se le obligue a robar para subsistir. El de cuello blanco roba por ambición, el otro por necesidad

 

 

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