Skip to main content

EDICIÓN 500

Género

Homenaje y recordatorio para no postergar más.

Título: Grupo de mujeres disfrazadas (musas). Fotógrafo: Serrano, Manuel Jesús. Fecha: ca. Técnica/soporte: Negativo-placa de vidrio/Vidrio. Dimensiones: 9,97 x 15,19 cm. Colección o titularidad: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Repositorio digital: Archivo de Fotografía Patrimonial - INPC.

Del blanco y negro al arcoíris

por María Auxiliadora León

El camino por la equidad de género ha sufrido lesiones en nombre de la tradición, lo privado o el poder. Ahora las cicatrices han madurado, sin cerrar, por la presencia de normas y luchas colectivas que aún buscan construir un trayecto donde no se prioricen beneficios individuales.

Si el asfalto fuera el camino real por el que han atravesado los avances y desafíos en materia de género, veríamos por dentro sus verdaderos compuestos. Visualizaríamos una mezcla color café oscura, casi ennegrecida por las altas temperaturas que ha debido soportar. Y que luego, por exponerse a grados de presión penetrantes, adquiere un valor cohesivo para endurecerse y ser resiliente frente a presiones constantes. Percibiríamos también su fuerza impermeable ante las tempestades y, aun así, los baches asomarán cada tanto.

En los ochenta el trayecto universal comenzó a ponerse una capa más resistente que soporte embates a través de mecanismos que convirtieron al género en algo vital para compactar el camino social.

Uno de los primeros revestimientos se dio con la segunda oleada del feminismo que inició en los setenta y se solidificó en los ochenta cuando la mujer exigió respeto a su diferencia y derecho a su igualdad política. A pesar de que el Ecuador sentó el conocido precedente de ser el primer país de América Latina en practicar el sufragio, en 1924, con Matilde Hidalgo, lo cierto es que esta elección femenina se conocía como el “voto caótico”. Quien pudo tomar momentáneamente la posta fue Bertha Valverde, elegida concejala de Guayaquil en 1930. Luego nuestras “Evas” políticas fueron cubiertas por un velo masculino. Hizo falta un empuje externo para que los asuntos del género cambiaran poco a poco.

De los porcentajes, a la participación

En los ochenta se presentó una influencia simultánea de oportunidades internacionales tras aprobarse la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw). Este fue el primer instrumento en reconocer que las mujeres vivían una desventaja estructural en todos los países y dice claramente que lo que pase en privado contra ellas ocurre porque públicamente nadie les facilita el camino. Su terreno es de tierra y lodo, así es que el asfalto lo debía poner el Estado.

El Ecuador firmó el convenio en 1981 y las promesas comenzaron a surgir. Con la frase “mujer campesina, maestra y madre”, las propagandas de Gobierno se presentaron para acoplarse a la Constitución de la época que así las nombraba. Pero en toda la década no se logró ni 10 % de candidaturas femeninas. Para los noventa, la cuota subió y, aunque relucieron pocas, sentaron un camino con nombre y apellido, entre ellas: Cecilia Calderón (FRA), Yolanda Andrade y Jenny Terán (ID), Cumandá Vinueza (PSE), Jenny Estrada (Movimiento de Mujeres de Guayaquil) y Teresa Minuche (CFP).

Para Laura Saavedra, investigadora de la Universidad San Luis de Potosí y autora de Corazonar las justicias, el avance regional ha sido notorio con la ocupación del espacio político que conllevó también a una toma del espacio público que fue negado por el simple hecho de ser mujeres. Al ser doctora en Antropología, su mirada es social y apunta que aquello de que el voto femenino se relacionara con lo caótico fue un sentimiento general de Latinoamérica, donde se decía abiertamente que “no eran necesarias porque todo lo direccionarían desde los sentimientos, sin sentido alguno de liderazgo”.

En 1929 el Ecuador se convirtió en el primer país de América Latina en el que las mujeres practicaron el voto.
En 1929 el Ecuador se convirtió en el primer país de América Latina en el que las mujeres practicaron el voto. REPOSITORIO DIGITAL ® ARCHIVO DE FOTOGRAFÍA PATRIMONIAL - INPC.

A su parecer las normativas internacionales lograron acallar voces contrarias en cada país, que involucraban incluso a instituciones de la época catalogadas de machistas, como la Iglesia.

Pero las normativas, apunta Saavedra, empujaron sin esperarlo a visibilizar no solo rostros femeninos, sino problemáticas profundas como la violencia y las desigualdades salariales.

También es cierto que en la época los colectivos consolidaron demandas más allá de los partidos que debían apegarse a la Ley de cuotas de 1997, garantizando acceso laboral. Así es que el Movimiento de Mujeres del país apuntó públicamente la necesidad de garantizar sus derechos humanos y la Constitución del 98 se vio forzada a aumentar el espectro femenino enunciado de cinco a catorce veces. Incluyó la equidad obligatoria en elecciones, la atención prioritaria, los derechos por maternidad, el acceso a recursos y la lucha contra la violencia. Ya no fue más solo la esforzada campesina ni la citadina del hogar.

Luego, la Ley de Elecciones de 2000 fijó una cuota del 30 % de mujeres en las listas, que se incrementaría en 5 % en cada proceso. Pero la paridad se apresuró con la llegada de la Constitución de Montecristi en 2008. Según apunta la publicación Participación política de las mujeres en Ecuador del Consejo Nacional Electoral (CNE), fue ahí que se estableció una participación alternada y secuencial. También se fijó un derecho a la igualdad formal y material. Es decir, cualquier bache que se note en el camino tiene que subsanarse institucionalmente porque a todas las personas se les debe proteger y aplicar la ley por igual. Los derechos son universales.

Irónicamente la institución que redactó el informe, en 2023, intentó no hacer válida una igualdad adquirida internacional y localmente, al determinar que en las elecciones anticipadas no se aplicaría la paridad de género para binomio presidencial, y que el porcentaje del 50 % que aplicaba para las listas de asambleístas se podía bajar al 30 %. El Tribunal Contencioso atajó el intento que significaría un retraso del camino andado durante treinta años por la región.

De hecho, según el último informe de la Cepal sobre participación política regional, si bien los Estados avanzaron al desarrollar una Agenda de Género, es necesario que garanticen la plena participación. En su ranking, el Ecuador ocupa el octavo lugar por su colaboración positiva, por detrás de Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Cuba.

Lo “privado” sale a la luz

Para la Ph. D. Cynthia Carofilis Cedeño, docente investigadora de la Universidad Politécnica Salesiana y activista feminista, lo interesante de ver la participación e inclusión de la mujer en la política está en notar cómo los grupos femeninos aprovecharon para posicionar lo que afuera no se quería discutir: la violencia.

“Desde un discurso no institucional, sino más bien marginal, cobran fuerza con una argumentación de derecho, e incluso logran que se creen las Comisarías de la Mujer, porque hay que decirlo: eso fue producto de los feminismos”, resalta Carofilis. Ella actualmente participa en un grupo de estudio y soporte, a través de la dramaturgia, para mujeres violentadas que incluye a madres cuyas hijas fueron víctimas de feminicidio.

A su parecer, el crecimiento de los ochenta y noventa está anclado a lo colectivo y se debe notar que la mujer luchó como un todo. Sin duda eso motivó a que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzara el primer instrumento internacional que obligaría a los países a poner en la palestra lo que se suponía pasaba puertas adentro de los hogares. La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 1993 creó un marco de acción global. Enseguida se unió la Convención de Belem para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

A pesar de los esfuerzos internacionales, la propia ONU ubica al Ecuador con un nivel de violencia de género que supera al 40 %. Seis de cada diez féminas son víctimas de un fenómeno que lleva tres décadas declarado como problema de salud pública. El país pierde frente a Colombia y Perú que llegan al 30 % de incidencia, Argentina con 27 %, Paraguay con 20 % y Brasil con 16,7 %.

El que nos encontremos a la cola, para Carofilis, se debe a que podemos tener una Constitución de avanzada, pero en el acceso efectivo a los derechos se falla. Saavedra coincide y dice que es necesario darnos cuenta hasta dónde la inclusión política sí es feminista y no instrumental, pues el mero hecho de ser mujeres no nos convierte en menos sexistas.

Para ella no hay una visión real de por qué es necesario cambiar situaciones críticas como el acceso a la salud, la educación y el aborto. Sin esa conciencia, hay mujeres que llegan a la palestra pública para repetir discursos machistas.

Hoy en día, las mujeres del mundo se toman las calles y las redes para luchar contra el feminicidio,la violencia y las persistentes desigualdades de género.
Hoy en día, las mujeres del mundo se toman las calles y las redes para luchar contra el feminicidio,la violencia y las persistentes desigualdades de género. ® SHUTTERSTOCK / MÉXICO, 2021.

La docente de la UPS incluso situó en uno de sus estudios a 2007 como el momento en que personas identificadas con el feminismo se instrumentalizaron en el Ecuador. Teóricamente este fenómeno ha sido abordado y el punto para la discusión regional partió justo desde la academia ecuatoriana con un artículo de Mónica Mancero denominado ¿Feminismo estatal o feminismo instrumental? La docente de la Universidad Central ha sido referenciada más de 280 veces por investigadores internacionales.

Mancero plantea que grupos feministas tuvieron expectativas en los Gobiernos progresistas, en el caso local con la figura de Rafael Correa y, aunque se concedió más representación, se coartó su acción en políticas públicas para al final reinsertar una ideología conservadora y religiosa. Un ejemplo claro fue el Plan Familia, donde la educación sexual se basó en la abstinencia.

Carofilis coincide con su visión y apunta que las reivindicaciones por los derechos desde grupos civiles sí tienen miradas reparadoras, pues crean espacios de escucha y denuncia. “Todo se hace desde la pluralidad, pero las políticas vuelven a individualizar un problema como la violencia. Los activismos sí actúan, aunque ya la etiqueta no sirve para aglutinar una mirada ni una lucha unitaria”, reconoce al afirmar que la identidad ahora también es limitante y algunos la usan como camino hacia el poder.

Si el feminismo se fracciona, puede ocurrir una tempestad que ponga en riesgo los pasos andados. Para hacer cohesión entre las capas, a veces la normativa puede ayudar a aglutinarlas. Por citar un caso, la ley que tipifica al crimen de mujeres por razones de género o femicidio se da por primera vez en la región en 2007 con Costa Rica como líder y así marca un paso para decir que la lucha contra la violencia debe tener tonalidades oscuras, sobre todo, cuando se trata de su máxima expresión.

Al Ecuador llegó en 2014 y estableció una pena de hasta veintiséis años. En 2022, para que esta expresión violenta y otras en contra de mujeres y niñas tenga datos que den alerta inmediata, se generó el registro único de violencia (RUV) con el apoyo de la Unión Europea y la ONU. Así esperan aumentar el 12 % de causas resueltas que se visualizó en 2022 en la base femicidioEC del Consejo de la Judicatura.

Ingresos varían y se merman

La violencia de género contra la que actualmente se lucha significa 4600 millones en pérdidas. Y sí, en pérdidas, porque una persona golpeada, maltratada, abusada no puede producir ni para su hogar y menos para el país. Tomando en cuenta que los hombres duplican el número de mujeres con un empleo adecuado, es necesario conocer el impacto económico que todo elemento alrededor del género involucra.

Veamos hacia atrás. El punto de inflexión que dispara la integración equitativa se dio en 1995 durante la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, que pidió a todos los Estados reconocer el potencial femenino dentro de la sociedad. Antes, la Cepal ubicaba un modelo en los ochenta donde la participación laboral femenina se daba previo al matrimonio y la reproducción familiar (20-45 años), tras eso todo iba en descenso rápido y sostenido.

Después de Beijing, en América Latina y el Caribe, la tasa de intervención femenina en lo laboral se incrementó en diez puntos hasta 2015. En la actualidad, reporta el Banco Mundial, al menos la mitad de las féminas de la región se insertan activamente en el mercado. En este punto se nota entonces cómo los llamados internacionales, así como la norma local, ayudan a la participación de la mujer. “En los ochenta comenzamos con una de cada diez mujeres trabajando, luego en 2000 teníamos a dos de cada diez y ahora estamos en cinco de cada diez integradas”, remarca la economista e investigadora en temas de género en el Ecuador y Colombia, Nereyda Espinoza Velasteguí.

Sin embargo, para la también vocera de la Espol, aún se presentan desafíos porque, de entre esas cinco, solo tres tienen empleo adecuado y eso significa: menos salario, condiciones inadecuadas y, además, “integrarse en labores ajenas a su profesión solo porque otras áreas sí entienden sus necesidades de cuidado en el hogar, pero sus profesiones no”. A eso hay que agregar que pocas mujeres se forman en ingenierías, solo veintisiete por cada cien estudiantes persiguen una carrera STEM, para ayudar a disminuir una brecha de género en el sector.

Otro elemento que podría ayudar es que el presupuesto de género no se disminuya. Pero desde “2020 se reducen los valores destinados a la equidad y así disminuyen servicios de protección integral”, indica Espinoza. Al mismo tiempo, destaca que la pandemia ayudó a que la sociedad removiera su status quo sobre cómo conciliar el tiempo profesional con el tiempo del hogar. “Todos, sin distinción y finalmente, notaron que la familia no es una planta que sobrevive con agua, sino que el trabajo no remunerado es conflictivo y amerita un tiempo específico”. Por el momento, Chile busca llevar esa discusión al Parlamento y desde la covid-19 la semana de cuatro días rige en Reino Unido, Bélgica, Escocia y Gales; mientras que Brasil hizo su primera prueba en 2023.

La brecha salarial sigue siendo una tarea incompleta enlas conquistas de género. El famoso techo de cristal persiste en ciertas empresas.
La brecha salarial sigue siendo una tarea incompleta enlas conquistas de género. El famoso techo de cristal persiste en ciertas empresas. ® SHUTTERSTOCK.

Disidencias sexuales: un pendiente

Hay cuestiones innegables en el camino del género. La principal es que su génesis se da por el movimiento feminista y así la palabra se asumió como sinónimo de mujer. Siendo así, lo siguiente es que justo por esa raíz otros cuerpos y afectos quedaron fuera por años.

Aunque la comunidad LGBTTTIQ+ (lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, transexual, travestis, intersex, queer y más) comenzó su lucha en 1969, en un bar de Nueva York, tras una revisión discriminatoria de la policía; lo cierto es que la simbología del arcoíris ha tenido que sortear pasos más ajustados por no responder a una lógica binaria y heterosexual.

El primer impulso oficial que se ganó fue en 1973 con la Asociación Americana de Psiquiatría que eliminó la homosexualidad del Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales y pidió rechazar legislaciones discriminatorias. Pero el cambio tardaría en llegar hasta que dos décadas después, en 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Cuando las mujeres ya tenían diez años de vida política pública, las disidencias sexuales apenas pedían que no las miren ni nombren como una patología.

Nua Fuentes, representante y líder de la comunidad, mujer trans y socióloga, señala que, si ese paso universal fue lento, lo que ocurrió en el Ecuador superó cualquier nivel de paciencia. Hasta 1997 el Código Penal tipificó como delito las relaciones homosexuales con una pena de hasta doce años de cárcel.

Genero 1 1
LGBTTTIQ+ es la suma de disidencias sexuales que la sociedad excluye por no pertenecer a la selección binaria: hombre/mujer. ® SHUTTERSTOCK / POLONIA 2021.

Para Fuentes, tras mandar abajo el art. 516, se debió generar una concientización social para entender que las disidencias son ciudadanas y humanas, pero eso no pasó. Por eso, los activismos buscaron borrar la idea de la enfermedad con leyes contra la discriminación, sobre todo para proteger a la población trans que abiertamente reivindica el cuerpo como espacio de lucha.

La población generó herramientas de derecho y protección para las disidencias. Entre ellas la Casa Trans y la Patrulla legal que funcionaron a inicios de los años 2000.

Si bien las leyes ayudaron, lo que se terminó generando a nivel local y regional fue un proceso civil que forzó a las normativas a incluir términos como identidad de género, familia diversa y que así la política pública caminara. De hecho, el Ecuador está entre los cinco países del mundo que incluyen al colectivo en su Constitución, junto con Reino Unido, Bolivia, Fiyi y Malta. Además, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica señala que Brasil y el Ecuador son los únicos territorios que expresan directamente una regulación contra las mal llamadas “terapias de reconversión”. Pero en la región, Paraguay, Cuba y Venezuela siguen sin permitir la unión igualitaria. Aun así, todo avance mantiene líneas de disputa desde la forma hasta el fondo.

David Aguirre, psicólogo clínico, investigador universitario y miembro de la comunidad, afirma que un problema a enfrentar sin rodeos está en nuestro uso del lenguaje, pues nos divide en cuerpos binarios —femeninos y masculinos—, lo demás incomoda, se castra y desaparece.

Para él “las palabras y los cuerpos se conectan” y no solo los invisibilizamos, sino que luego se discrimina su posición económica y racial. “No digamos que es igual ser un académico blanco gay en Suiza, versus ser de la disidencia, latino, mestizo en la academia local. Aquí somos peyorativos”, critica al dar cuenta de cómo el lenguaje discapacita y capacita a ciertas personas.

Pero acepta que es una lucha amplia porque nos acostumbramos a ver solo los polos y ser dueños de la verdad. “Si la mía es real, la del otro no es válida cuando no hay que ser totalitarios ni moralizantes”, enfatiza. Pero no se detiene y agrega que construir una nueva RAE no es una respuesta, ya que igual alguien buscaría un nivel de poder, cuando la comunidad ha sido anulada justamente como producto de las jerarquías.

Saavedra, desde su experiencia como docente de posgrado en Derechos Humanos en América Central, apela a que se tiendan puentes comunes con el feminismo que no miró a sus pares a tiempo. Para ella transversalizar el género es que exista un cambio estructural donde “el Estado no sea visto como una caja de deseos que dura cuatro años. El Estado seguirá siendo patriarcal, si nosotros no entendemos que somos parte de ese conglomerado”.

Tras veinte años de lucha, que aún no alcanzan para llegar a la equidad plena, es cierto que en un suelo agrietado no basta con colocar un asfalto donde las capas no se unen ni solidifican. El género, si bien puede ayudar a resistir los embates de la sociedad, no podrá funcionar como soporte si sus miembros no se miran como semejantes. Al final, es la ciudadanía la llamada a poner la última capa de protección en la autopista que recorre.

Etiquetas:

Imagen de perfil

Acerca de María Auxiliadora León

Periodista y antropóloga social por la Universidad de Coimbra - Portugal. Es especialista en temas de derechos y cree en la palabra, cuando viene acompañada de hechos. En las aulas universitarias encuentra el camino para innovar, en la investigación va más allá de las hipótesis y en la comunicación halló su ruta para conversar sin murmurar.
SUS ARTÍCULOS