Criminales de guerra en suelo canadiense
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Criminales de guerra en suelo canadiense

Diners 463 – Diciembre 2020.

Por Jaime Porras Ferreyra.

Canadá, un país de puertas abiertas para gente en dificultades, también cuenta con un nutrido historial de verdugos instalados en su territorio; el tenue interés gubernamental por enfrentar esta situación ha sido blanco de críticas durante décadas.

Kim Thuy escapó a los diez años de Vietnam en aquel éxodo protagonizado por los denominados boat people. Tras un lustro viviendo en un campo de refugiados en Malasia, finalmente llegó a Granby (Quebec). Hoy es considerada una de las escritoras más importantes de Canadá. El somalí Ahmed Hussen aterrizó en Toronto a los dieciséis años, gracias a una petición de asilo. Entre 2017 y 2019 fungió como ministro canadiense de Inmigración; actualmente se ocupa de la cartera de Desarrollo Social. Peter C. Newman huyó en 1940 del nazismo que controlaba Praga. Sus raíces judías lo ponían en un riesgo extremo. Pudo afincarse en la provincia canadiense de Ontario, donde desarrolló una brillante carrera como periodista.

Thuy, Hussen y Newman son algunos de los casos más conocidos del cobijo que Canadá ha brindado a personas en problemas desde hace décadas, aunque la inmensa mayoría esté alejada de los reflectores. Entre alumnos de secundaria, dueños de pequeños comercios, meseros y gente que juega en los parques pululan historias positivas sobre el asilo canadiense. Pero algunos lobos también han aprovechado la oportunidad.

En una de las escenas más escalofriantes de Incendios (2010), la película de Denis Villeneuve basada en una obra del dramaturgo Wajdi Mouawad, la protagonista Nawal —llegada tras el conflicto bélico en Líbano— reconoce en una piscina de Montreal a uno de sus torturadores. Diversos casos en Canadá apuntan a que una situación similar habría sido posible entre víctimas y verdugos. Un país reconocido en el orbe por sus puertas abiertas a los refugiados también arrastra sus páginas negras.

Individuos acusados de crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad han logrado vivir en el país norteamericano. Un informe del Centro Simon Wiesenthal señala lo siguiente: “Después de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente dos mil criminales nazis entraron en Canadá al no informar a los funcionarios canadienses de su participación en el asesinato en masa de personas inocentes”. No obstante, este asunto va más allá del nazismo. Victimarios de la ex Yugoslavia, represores de las dictaduras centroamericanas y miembros de sangrientas milicias africanas también se han colado.

El nombre de Bill Horace ha vuelto a poner el tema en muchas bocas. El 21 de junio, cuatro encapuchados irrumpieron en su domicilio, ubicado en London (Ontario). Horace murió pocas horas después por los disparos de los intrusos. Sin embargo, los medios informaron que había llegado al país en 2001, gracias a documentos falsos. Distintos organismos no gubernamentales alertaron durante años que Horace fungió como comandante del Frente Patriótico Nacional de Liberia, grupo rebelde dirigido por Charles Taylor y responsable de masacres, violaciones y torturas. Las autoridades canadienses prestaron poco interés a los señalamientos. Se desconoce aún quiénes acabaron con la vida de Horace.

El Gobierno canadiense privilegió durante largos años un enfoque basado en tenues pesquisas y esporádica acción sobre estos criminales presentes en el país. Tras la firma de varios convenios internacionales, Canadá ha dado muestras de mayor dinamismo. Sin embargo, de acuerdo a Fannie Lafontaine, profesora de derecho en la Universidad Laval (Quebec), ha puesto más el acento “en decisiones administrativas que en procedimientos penales, incumpliendo con un espíritu internacional de justicia”.

Diversos historiadores coinciden en que la inmensa mayoría de los nazis llegados a Canadá procedían de Ucrania, Lituania y Hungría. Al final de la guerra, las autoridades migratorias hacían pocas verificaciones sobre estas personas, al suponer que estadounidenses, soviéticos y británicos ya habían hecho las investigaciones respectivas en Europa. Además, los sitios de origen de estos individuos pasaron a formar parte de la Unión Soviética o adoptaron el comunismo. Así, eran mayores los deseos de evitar tensiones diplomáticas que los esfuerzos por desentrañar la verdad.

Pese a que organizaciones judías —tanto en Canadá como en otros países— alertaban sobre la presencia de nazis en suelo canadiense, la reacción gubernamental no se daba. Pero el juez Gregory Evans (de la Suprema Corte de Ontario) dio un paso al frente en 1982 y autorizó la extradición de Albert Helmut Rauca, acusado de la ejecución de más de once mil lituanos como parte de la “solución final” de Hitler. Rauca fue extraditado a Alemania Federal, donde murió pocos meses después en prisión.

Tras las críticas crecientes, el Gobierno del conservador Brian Mulroney modificó en 1987 el código criminal para que Canadá pudiera ejercer sus competencias en materia de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el extranjero, permitiendo que se juzgaran como si hubiesen ocurrido en suelo canadiense. Dicha reforma se llevó a cabo tras las recomendaciones de una comisión investigadora. Entre 1987 y 1994 se abrieron cuatro procesos, pero sin un solo condenado.

En 1995 las autoridades canadienses fijaron su atención en László Csatáry. Afincado en Canadá desde 1949, Csatáry había sido un alto miembro de la policía húngara y colaboró con la deportación de más de quince mil judíos a Auschwitz. Perdió la ciudadanía canadiense en 1997 y viajó a Hungría. En 2012 periodistas británicos lo hallaron en Budapest. Fue arrestado bajo diversos cargos, pero murió en un hospital de la capital húngara en agosto de 2013. Tenía 98 años de edad.

Canadá adoptó en el año 2000 la Ley sobre crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, tras haber ratificado el Estatuto de Roma. Désiré Munyaneza fue arrestado en Toronto en 2005 por crímenes de lesa humanidad en Ruanda. Su proceso fue el primero de este tipo en Canadá, en virtud de la nueva legislación. Munyaneza fue condenado en 2009 a cadena perpetua, aunque podría salir libre en 2030 si da muestras de buen comportamiento. Jacques Mungwarere también fue llevado a los tribunales canadienses, pero fue liberado en 2013 porque las pruebas en su contra respecto a su participación en el horror ruandés no resultaron contundentes. En 2007 Michael Seifert, un antiguo SS, fue extraditado a Alemania; había llegado a Canadá en 1951. Falleció tres años después en una prisión militar. Hasta el momento, han sido los dos únicos juicios y la sola extradición, tras la puesta en marcha de la Ley sobre crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra canadiense.

En diciembre se cumplirán veinte años de esta ley, pero todo indica que no se celebrarán con bombos y platillos, tomando en cuenta que los principales diarios de Canadá han usado los siguientes titulares en aniversarios pasados: “Cultura de la impunidad”, “Podríamos hacerlo mejor”. Como lo subraya Fannie Lafontaine, “se han privilegiado las extradiciones, las deportaciones o la anulación de la ciudadanía en vez de abrir procesos criminales”.

Oberlander alega que fue reclutado a la fuerza y que no participó en las atrocidades.

El trato hacia varios “carniceros” de la ex Yugoslavia así lo ejemplifica. En 1995 Cedo Kljajic llegó a Canadá y cuatro años después obtuvo la ciudadanía. Sin embargo, había mentido a las autoridades migratorias sobre su pasado. Un juez federal autorizó en abril de este año su expulsión, pero aún no se ha llevado a cabo. Kljajic fue uno de los dirigentes de la policía en la autodeclarada República Serbia de Bosnia, acusada ante distintas instancias de haber cometido diversas masacres. Un caso similar es el de Bozo Jozepovic, instalado en Canadá desde 1997 y con ciudadanía canadiense desde 2004. Jozepovic “olvidó” contar que fue miembro de un grupo paramilitar croata; participó en la ejecución de siete musulmanes bosnios en 1993. Su situación sigue discutiéndose en tribunales.

Concentración de judíos en Lubny (Ucrania) para ser ejecutados, el 16 de agosto de 1941, por un comando especial similar al del que era miembro Helmut Oberlander.

Algunos perpetradores del horror que golpeó a Centroamérica en los años ochenta también llegaron a Canadá. Jorge Vinicio Sosa abandonó Guatemala en 1985. Residió un tiempo en California, pero las autoridades de Estados Unidos le negaron el refugio, así que viajó a la provincia canadiense de Alberta, donde obtuvo la residencia permanente y posteriormente la ciudadanía. Sin embargo, fue deportado a Estados Unidos en 2011, ya que obtuvo la residencia estadounidense al contraer nupcias con una ciudadana de aquel país. Fue detenido y condenado a doce años de cárcel por haber mentido a las autoridades migratorias de Estados Unidos. Sosa está acusado de participar en la masacre de Las Dos Erres, donde en 1982 militares guatemaltecos asesinaron a doscientas personas. Canadá le retiró la ciudadanía en 2017. El hondureño Cristóbal González fue deportado por agentes canadienses en 2011. Había llegado al país en 2006 y solicitó el estatus de refugiado, el cual le fue negado, por lo que pasó a la clandestinidad. González integró un grupo paramilitar responsable de varios asesinatos.

Quedan muy pocos nazis vivos. El Centro Simon Wiesenthal así lo ha reconocido. Uno de ellos vive en Canadá. Helmut Oberlander llegó al país norteamericano en 1954 y se afincó en Waterloo (Ontario). Sin embargo, ocultó a las autoridades canadienses que participó entre 1941 y 1943 en una unidad nazi en Ucrania, responsable de la muerte de miles de judíos. La Suprema Corte de Canadá desechó en diciembre el último recurso de Oberlander para evitar la deportación, pero aún no se ha llevado a cabo. Tiene 96 años.

De acuerdo a un informe elaborado por Prairie Research Associates, a solicitud del Ministerio de Justicia de Canadá, el presupuesto destinado a investigar y procesar criminales de guerra en el país no ha cambiado desde 1998: 15,6 millones de dólares canadienses por año (unos 11,4 millones estadounidenses). Pero, además de asuntos financieros, Canadá requiere, como señala este informe y recomiendan diversos expertos, un mayor intercambio de información con otros países y una sólida voluntad para no solapar la impunidad en su territorio. El Gobierno canadiense seguirá abriendo las puertas a miles de personas en peligro. Cabe señalar que recibió a unos treinta mil refugiados en 2019. Los conflictos en Yemen, Siria y Sudán del Sur, al igual que el incremento de la violencia y la represión en otros puntos del orbe, así lo vaticinan. Los causantes de estas barbaries no deberían encontrar en Canadá un escenario fácil para comenzar una nueva vida libre de responsabilidades.

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