—Caramba, Boulder, Colorado, una gran universidad… Esa es la patria nueva, un brillante estudiante de Morona Santiago sacó su título en Geología… ¿Y ahora dón­de estás (trabajando) en estos momentos?, le preguntó Correa al joven.

—Bueno, la verdad no me encuentro trabajando.

—¿Cuándo llegaste?

—El año pasado.

—¿Y por qué no estás trabajando toda­vía?

—Traté de ingresar al Instituto Geofí­sico pero lamentablemente el presupuesto no ha sido aprobado. Están un poco bajos de economía y no me han dado la oportu­nidad.

—René [Ramírez, entonces director de la Senescyt] ¿qué pasa? —increpó Correa, a todas luces enojado—. Todos nuestros be­carios deben estar trabajando.

Y enseguida acercaron el micrófono a Ramírez para que diera explicaciones y po­der salir del mal rato.

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Entre 2007 y 2017, el Ecuador tuvo al frente de Carondelet a un exbecario. Rafael Correa hizo sus estudios en la Universi­dad Católica de Guayaquil y después en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, mediante becas. Luego, a través de un inter­cambio auspiciado por la Universidad San Francisco de Quito, hizo su doctorado en la Universidad de Illinois, Estados Unidos. El costo de sus estudios superiores no salió de su bolsillo. Y ya en el poder, se rodeó de perfiles políticos vinculados a la academia: Fander Falconí, Alberto Acosta, René Ra­mírez, por mencionar algunos, e impulsó un sistema de becas mediante el cual, repe­tía el exmandatario en sus intervenciones, los jóvenes podrían hacer sus estudios en las mejores universidades del mundo para luego volver y retribuir al país con trabajo.

Pero el discurso político y la realidad coinciden pocas veces. Entre 2007 y 2018, según un informe solicitado en diciembre de 2018 a la Subsecretaría de Fortaleci­miento del Conocimiento de la Senescyt, el Estado ecuatoriano invirtió 741 401 816 en becas. De ese dinero, 85% se destinó a becas para estudios fuera del Ecuador. 11 720 be­carios salieron del país de ese modo en los últimos once años: 3 262 siguen estudiando; 8 458 ya han regresado. Y, sin embargo, 21% de ellos aún no encuentra empleo. O, como consta en dicho informe, “no registra perío­do de compensación”.

Tal y como fue planteado, el programa de becas de la Senescyt no precisa que los becarios devuelvan el monto que el Estado invirtió en sus estudios. Aunque, eso sí, los compromete legalmente a devengar la in­versión con tiempo. Así, por ejemplo, si una maestría en el extranjero dura un año, un becario debería trabajar dos en el Ecuador y, de esa manera, contribuir al aparato produc­tivo con la transferencia de conocimientos. El problema se da cuando no todos los be­carios retornados encuentran empleo y los que sí trabajan lo hacen en sectores que no tienen nada que ver con lo que estudiaron.

Ana Dávila es bióloga, tiene veintinue­ve años y estudió una maestría en Com­portamiento Animal Aplicado y Bienestar Animal en la Universidad de Edimburgo, Escocia, entre 2015 y 2016. Cuenta que el programa de becas de la Senescyt le cubrió el 50% de lo presupuestado para su carrera: cerca de veintiocho mil dólares; la otra mi­tad la pagó su padre.

Regresó al Ecuador en septiembre de 2016, buscó empleo en ministerios, organi­zaciones públicas y privadas, y clínicas ve­terinarias. Sus estudios la capacitaron para mejorar la calidad de vida de animales de compañía, de granja, silvestres y utilizados para trabajar en el campo. “Cuando uno está estudiando en otro país —dice Ana— se hace expectativas súper altas de su futuro la­boral”. Pero de vuelta al Ecuador se encontró con que el campo de trabajo para su maes­tría era escaso y, poco a poco, sus expectati­vas decayeron.

Para compensar su beca tuvo que hacer voluntariados con una prima y dio charlas sobre bienestar animal en varias provin­cias. Después de un año sin trabajo, acep­tó empleos temporales en una empresa de tecnología informática, calificando pruebas en inglés y haciendo encuestas. En marzo de 2018, pudo por fin conseguir un trabajo estable en una empresa dedicada al control de calidad de software. No es el trabajo ade­cuado para una bióloga, pero es mejor que el desempleo.

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Según los datos proporcionados por la Senescyt, la mayor parte de becarios que han regresado al país trabaja en universida­des: 26% son profesores auxiliares, con con­tratos ocasionales o alguna otra modalidad; otro 20% trabaja en salud, 18% en áreas de investigación, 17% en la empresa privada, 11% entre el Estado, municipios y empresas públicas, 2% en ONG y 6% en otros secto­res. El 39,86% de becas para el extranjero ha sido para maestrías, 24,47% para pregrado y 14,06% para doctorados.

Sin embargo, el actual director de la Senescyt, Adrián Bonilla, considera que algunas becas internacionales pudieron ser invertidas de mejor manera y reconoce que los becarios de pregrado favorecidos corresponden sobre todo a los mejores co­legios del país, muchos de ellos privados y ubicados en las grandes ciudades, lo cual contribuye a inequidades sociales: las per­sonas con más recursos económicos ha­brían recibido más becas para estudiar en el extranjero.

Respecto a la asignación de becas para pregrado, las que más le cuestan al país porque conllevan al menos cuatro años de carrera, también se han detectado proble­mas. En ese rubro, la Senescyt invirtió entre enero y octubre de 2018 más de 32 millones de dólares (casi 60% del presupuesto) ver­sus 11,8 y 10,3 millones que se destinaron a becas de maestría y doctorado, pero varias de esas carreras podrían haberse cursado en universidades del país. A pesar de eso, Bo­nilla asegura que ese tipo de ayudas conti­nuarán entregándose, aunque con un presu­puesto menor, para trasladar más recursos a becas de maestrías y doctorados.

Bonilla señala, además, que los sectores público y privado no necesitan PhD vin­culados directamente a las actividades de innovación o producción, sino “básicamen­te buenos graduados en pregrado y muy buenos graduados también en maestrías y especializaciones”, pues los doctorados se enfocan sobre todo en tareas de investiga­ción y docencia. Pero ante la falta de empleo, algunos becarios retornados trabajan en sectores distintos a sus áreas de formación y, cuando eso ocurre, se pierde el sentido de las becas: aquello de la transferencia de conocimiento para el desarrollo producti­vo. O como dice el analista económico Al­berto Acosta Burneo: “Se pensó que la edu­cación por sí sola era la solución, cuando son varias cosas las que ayudan a mejorar la condición económica. Para que esas per­sonas tengan un empleo, hay que generar un ambiente adecuado para incentivar la inversión, más utilización de maquinarias y equipos de punta. Todo eso permitiría, ade­más, que se puedan pagar los salarios que corresponden a una persona mucho más capacitada”.

A eso hay que sumarle la concentración de becas internacionales en tres provincias: el 37% se entregaron en Pichincha; le sigue Guayas que, pese a tener más habitantes, registra apenas el 13%, y Azuay con el 7%, un factor que hace aún más complicada la situación de los becarios en ciudades como Quito, donde según datos del Instituto Na­cional de Estadística y Censos (INEC), de septiembre del año pasado, está la mayor tasa de desempleo del país: 8,8%.

Desde 2012 hasta febrero de 2018, 8 035 becarios han retornado al país, pero han tenido proble­mas para encontrar trabajo.

De 1995 a 2006 hubo menos de 300 becados en el país. En la década an­terior hubo un impulso. Entre 2007 y 2016 fueron alrededor de 20 000 los becarios. Por cada joven que estudia becado en el exterior, la inversión es­tatal alcanza los $ 150 000. ¿Qué va a hacer tanto becario sobrecalificado en un país donde cada vez hay menos trabajo?

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En enero de 2018, mediante un post en Facebook y un chat colectivo en WhatsApp, un grupo de jóvenes creó la Asociación de Becarios Retornados del Ecuador (Abrec). Karla Rodríguez es la presidenta fundadora de esa organización, cuyo objetivo es apo­yar a becarios dentro y fuera del país y ase­sorar a la Senescyt en la planificación y ges­tión de su programa de becas. Abrec cuenta actualmente con cerca de 280 integrantes. Karla estudió una maestría en Ciencia del Desarrollo Rural en Bélgica, Holanda y Alemania, gracias a una beca por alrededor de 70 mil dólares, financiada por la Senes­cyt, pero de regreso al país le costó dos años conseguir empleo.

Por su experiencia personal y con la asociación, Karla considera que los factores que obstaculizan la inserción laboral de los becarios retornados son complejos, pero entre los más comunes identifica que no todos tienen la experiencia profesional soli­citada por los contratantes, que hay quienes los consideran sobrecalificados y, por ende, aspirantes a sueldos más altos, concursos de méritos y oposición fraudulentos, que al salir del país pierden relaciones de trabajo y redes de contactos y, por último, que el Ecuador no cuenta con campo laboral para lo que algunos de ellos estudiaron.

Además de sus actividades de apoyo, en 2018 Abrec colaboró con la red de in­vestigación ecuatoriana PhD Network en una encuesta sobre la situación laboral de los becarios a su regreso al país. La encuesta fue realizada a 261 becarios y tiene un mar­gen de error del 5%. Pero los datos obteni­dos no coinciden con los oficiales. Según la encuesta, alrededor del 43% de becarios re­tornados está en el desempleo y subempleo. Y del 57% que trabaja, el 23% no lo hace en su área de especialización y solo el 50% realiza una transferencia de conocimiento adecuada.

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Juan Lincango tiene 35 años, es secre­tario de Abrec y estudió una maestría en Conservación Ambiental y Ecología Apli­cada en la Universidad de Greenwich, Rei­no Unido. Regresó al Ecuador en octubre de 2016 y desde entonces está dedicado a la búsqueda de un empleo estable y que le permita poner en práctica sus estudios. Tiene experiencia como docente ocasional en la Escuela Superior Politécnica de Chim­borazo, profesor de secundaria e investiga­dor en Fundación Natura, la Universidad Regional Amazónica (Ikiam), entre otras organizaciones.

En los dos años que está en el Ecuador, Juan cuenta que apenas ha trabajado un semestre en una universidad y el resto de tiempo ha hecho trabajos esporádicos, so­bre todo asesorías sobre licencias y temas ambientales, pero que aquello no le alcanza para mantenerse. En 2018 pidió un présta­mo de cuatro mil dólares a su familia. Con eso montó una tienda de víveres en la casa de su abuela, en el barrio quiteño de San Juan, y allí mismo adecuó una habitación donde vive con su prometida. La pareja pla­nea casarse en 2019, pero para eso, dicen, “también se necesita plata”.

Una vez que termine de devengar su maestría, Juan quiere hacer un doctorado en el extranjero y trabajar en algún país con mayores oportunidades. Ese es su “princi­pal objetivo”.

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Los becarios que no encuentran tra­bajo o formas de justificar alguna transfe­rencia de conocimiento están legalmente obligados a devolver el dinero que el Es­tado invirtió en su educación. Según la Senescyt, hasta diciembre de 2018, se re­gistró solo un becario internacional en ese proceso. Sin embargo, otros 239 ya han recibido por tercera vez notificaciones de un título de crédito que, una vez que se genera, les da un plazo de diez días para restituir los valores establecidos. Si no lo hacen, se inicia un proceso legal de cobro o coactiva.

Con el fin de que el trabajo en relación de dependencia o mediante facturas no sean las únicas formas de compensar las becas, la Senescyt ha diseñado mecanis­mos más flexibles, como la participación en proyectos de investigación, innovación y emprendimiento, publicaciones acadé­micas, voluntariados, pasantías o prác­ticas preprofesionales, entre otras activi­dades. Todo eso consta en un instructivo que, hasta diciembre de 2018, estaba en fase de socialización.

Durante la elaboración de este reporta­je, hubo becarios que prefirieron que su nombre no fuera publicado. Algunos toda­vía están compensando su beca, pero insis­ten en que conocen casos de compañeros que, al no conseguir empleo y por la urgen­cia de justificar alguna actividad laboral en la Senescyt, han presentado facturas de ser­vicios que nunca ofrecieron. De ahí que también sean necesarios, dicen, mejores mecanismos de control.