Por Pablo Cuvi.
Fotografías: archivos J.P.Albán, El Comercio.
Edición 412 – septiembre 2016.
Supe de él por primera vez cuando trabajaba en Washington, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), institución dedicada a defender, sobre todo, a las víctimas delpoder en diversos países de América Latina. Por entonces, Albán llevaba a todas partes su entusiasmo, su convicción y algunos kilos demás. Cuando volvió a radicarse en Quito con su esposa había tomado dos decisiones importantes, una ética y otra estética: adelgazar, y continuar con la sacrificada tarea de defender los derechos de quienes sufrían ahora, o habían sufrido antes, atropellos por parte del Estado.
Poco a poco fue dándose a conocer como el abogado de las causas (casi) perdidas de los derechos humanos (DH), tarea cuyo personaje emblemático en nuestro medio fuera la hermana Elsie Monge desde los duros tiempos de Febres Cordero. Los casos de Manuela Picq, de los cubanos deportados y Las Dolores, por citar algunos recientes, han tenido a Albán en primera línea, dando la pelea en los tribunales y en los medios de comunicación. Hoy, la entrevista empieza por algo que le afecta mucho a él y a grandes sectores realmente progresistas de América Latina.
—¿Por qué los Gobiernos dichos izquierdistas atacan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
—Porque es un órgano incómodo. La CIDH era útil en el momento en que se abordaba la represión, el terror de Estado en los años sesenta, setenta, ochenta, pero luego, cuando empieza a dirigir su atención a las violaciones de los DH cometidas por estos Gobiernos supuestamente progresistas, se vuelve incómoda porque pone en evidencia que no son progresistas ni están a favor de los DH, son más de lo mismo. Yo decía en una entrevista que estamos frente al Cóndor revivido…
—¿Es un ‘Cóndor de izquierda’?
—Sí. Algunas formas o directrices de represión de las ideologías divergentes son muy parecidas y no paran frente a nada, y utilizan el poder para atropellar. Esto de los cubanos fue muy revelador porque contra toda la institucionalidad y la normativa interna lo arrasaron todo.
—¿Por qué hicieron eso si fue el mismo Gobierno el que abrió las fronteras y dijo que todos eran bienvenidos, empezando por los cubanos?
—Yo no logro entenderlo. Algunos dicen que es una forma de congraciarse con Estados Unidos porque es un gesto que indica ‘no vamos a promover la migración ilegal’. Pero al tiempo es curioso que entre los 151 detenidos había muchos que aparecían en los registros de disidentes cubanos porque era gente que había ocupado cargos públicos en Cuba y al abandonarlos se había convertido en sujetos de persecución. Gente que ya había logrado una protección en Brasil, pero dejaron ese estatus para seguir avanzando hacia Estados Unidos. Para mí es más para congraciarse con el régimen de los Castro entregándoles disidentes.
—Pero eso entra en contradicción con todo lo que pretenden defender en el caso Assange.
—Hay una contradicción profunda entre la postura actual del Gobierno y la que, en su momento, justificó el otorgamiento del asilo diplomático a Assange porque en la resolución que emitió Cancillería se estableció que para el Ecuador las normas sobre la protección de personas con temor fundado de persecución son interactivas, es decir, que el Estado, bajo ninguna circunstancia, podría apartarse de ellas.Ahora lo que hicieron fue apartarse ya no solo del derecho internacional, sino también interno.
—Aquí se plantea otro problema: el derecho a la privacidad. Personas como Assange o Snowden revelan estas cosas pero, al mismo tiempo, están violando la privacidad de Estados o de empresas o de personas, inclusive.¿Cómo se maneja eso, cuáles son los buenos y cuáles son los malos?
—Entran en tensión dos derechos, ambos protegidos internacional y constitucionalmente en la mayoría de los países del mundo: la protección de la privacidad frente a la protección a la libertad de expresión.Porque la libertad de expresión no consiste únicamente en la posibilidad de divulgar las propias ideas y de expresarse libremente; también tiene que ver con el derecho del conjunto de la sociedad de acceder a información, de enterarse de ciertas cosas. Más aún cuando se trata de información de interés público que tiene que ver, por ejemplo, con el espionaje que el Gobierno de Estados Unidos podría hacer de sus ciudadanos particulares, que es lo que reveló Snowden. O que tiene que ver con la potencialidad de cometer actos de corrupción por parte de diversos Gobiernos del mundo, que es en buena medida lo que ha revelado WikiLeaks. En este caso sí prima la libertad de expresión en esa dimensión de acceso a la información.
—Snowden denunció que el Gobierno de Estados Unidos estaba espiando a millones de sus ciudadanos. Cualquiera de ellos podría enjuiciar a Estados Unidos.
—Correcto. Respecto a la información que reveló Snowden se ha construido, a través de las relatorías de libertad de expresión, tanto de la OEA como de la ONU como del Sistema Europeo de Derechos Humanos, una serie de estándares sobre la protección de los whistleblowers, como les llaman: que aquellas personas que alertan sobre situaciones que pudieran constituir actos ilícitos no pueden ser objeto de persecución por divulgarlas.
—Acá hubo el caso de Rommey Vallejo.
—Acá, la intromisión en la privacidad de las personas se volvió pública a raíz de la divulgación de información sobre los contratos celebrados por la empresa italiana Hacking Team.Entre sus clientes tenía a la Secretaría Nacional de Inteligencia, su titular fue Vallejo que, antes de ser el secretario nacional de Inteligencia, era el encargado de la Unidad de Gestión de Seguridad Interna que depende, directamente, de la Presidencia de la República.
Cuando, en su momento, Diego Vallejo, un excapitán del Ejército ecuatoriano, experto en labores de inteligencia y contrainteligencia, que había sido asesor de José Serrano tanto en la Secretaría de Transparencia como en el Ministerio de Justicia y luego en el Ministerio del Interior, empezó a divulgar a quienes había estado espiando Serrano: entre otros, el actual contralor Pólit, la ministra de Salud Chang y otros funcionarios que presumían ellos que podrían estarles dando la puñalada por la espalda, entonces salió a la luz el nombre de Rommey Vallejo.
Es una actividad permanente la que tienen, pero cuando varios líderes de opinión en el Ecuador, identificados con la oposición política por el Gobierno, han hecho requerimientos de información sobre qué tipo de datos e información, mensajes, triangulación de llamadas se han hecho respecto de ellos, las respuestas han sido absolutamente negativas.
—Sin embargo, una de las acusaciones a Jiménez y Villavicencio es haber hackeado la información. Por eso se llevaron las computadoras, ¿no?
—El señalamiento fue específicamente a Fernando Villavicencio por haber tenido acceso a información privilegiada de la Presidencia de la República, que es lo que supuestamente habrían recuperado en las computadoras. Pero hasta ahora no han iniciado ningún tipo de instrucción fiscal por este supuesto delito. Si efectivamente tuvieran evidencia de que se ha cometido, como les tienen tanta hambre, creo que ya los habrían enjuiciado.
VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD
—¿Cuál es la política de este Gobierno frente a la libertad de expresión?
—Tratar de fijar una línea de opinión única, que es la de ellos; todas las demás no son válidas. Y, en consecuencia, tratar de silenciar por cualquier mecanismo, directo o indirecto, a aquel que divulgue información que contradice lo que ellos plantean.Mecanismos directos son, por ejemplo, el inicio de procesos en contra de los diarios para exigirles las publicaciones de rectificación o réplica que es obligar al medio de comunicación a divulgar la información oficial…
—Y humillarle.
—Y humillar al medio de comunicación.Mecanismos indirectos como entablar procesos por un supuesto discurso discriminador, o por violación de franjas horarias y demás.En uno de los casos que intervine, la discusión se centraba en la publicación de un aviso clasificado en el que se anunciaba, palabras más palabras menos, un servicio de acompañantes para hombres distinguidos.Realmente era una propaganda de serviciosde prostitución, pero un ciudadano ‘preocupado’ presentó una denuncia diciendo que se estaba promoviendo la trata de personas y, a raíz de esto, el diario La Prensa estuvo a punto de ser sancionado.
El ciudadano preocupado era un individuo que había hecho un negociado multimillonario para la compra de una plataforma industrial de muchas hectáreas en la ciudad de Riobamba, a razón de dos dólares el metro cuadrado, y La Prensa empezó a publicar reportajes de investigación periodística sobre lo que había significado este negociado entre la gobernación, este individuo y también la alcaldía.
—¿Y la Ley de Comunicación?
—Es una ley mordaza.Afortunadamente Alexis Mera, que tenía ese claro objetivo, no logró meter el tema de divulgación de información y opiniones en redes.Pero, de algún modo, la forma en que quedó la Ley de Telecomunicaciones sí va a permitir que, a través de la intervención contra los proveedores de servicios y de contenidos, en las plataformas de Twitter, Facebook y demás, se pueda coartar el ejercicio de la libertad de expresión. Ya tenemos las bajadas de páginas, los procesos iniciados por Ares Rights porque publican la foto de Correa, y de repente desaparece un tuit o una entrada del Facebook.
—Tú participaste también en el caso de Manuela Picq. ¿Qué sucedió ahí?
—Ella ni siquiera participaba de manera activa en la protesta. Manuela es socióloga pero es también periodista, estaba con el grupo de periodistas que acompañaba la marcha, pero era público y notorio que Manuela era la esposa de Carlos Pérez Guartambel, uno de los dirigentes de las marchas del año anterior y el claro destinatario de lo que hicieron a Manuela. (Describe las irregularidades de la captura y el proceso legal).
—Dijeron que un extranjero no debía meterse en la política
—Los extranjeros pueden participar políticamente; por eso nuestro canciller es francés.La Constitución en su artículo 9 dice que los extranjeros en el Ecuador tienen todos los mismos derechos, incluidos los políticos, que los ecuatorianos. Los extranjeros residentes votan, y Manuela, por su condición migratoria, podía, si hubiera querido, participar en actividad política.
Manuela quedó en libertad, pero contra la orden de libertad que giró la juez, el señor ministro del Interior monta en furia y exige a la juez que le mande el expediente para él resolver la situación de Manuela, lo que era ilegal, inconstitucional y era muy claro lo que ibaa hacer. Entonces Manuela decidió irse.
—Cuando se habla de DH, normalmente se habla de violación de los DH. A raíz del golpe de Pinochet en Chile, el tema copó la opinión pública y se refería, sobre todo, a los derechos elementales: derecho a la vida, a la libertad, a no ser torturado.¿Qué papel jugó en esa época la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
—Aplicando lafigura de las visitas in loco, la Comisión, en los momentos más críticos, se fue a meter a Chile, a Argentina, a Uruguay y emitió informes sobre lo que estaba pasando en esos países.Claro, el foco de atención estaba en los derechos más elementales, y el rol que jugó la CIDH fue crucial para salvar la vida a miles de personas…
—¿Miles?
—Miles, porque los que estaban detenidos, por ejemplo, en el caso argentino, los detenidos desaparecidos que estaban en espera de que se tomara la decisión de eliminarles, mucho de ellos fueron puestos en libertad a raíz de la visita de la Comisión y de la divulgación de la situación que atravesaba Argentina. Además,se previno que continuaran esos procesos de detención ilegal, seguida de cautiverio en espacios que no eran centros de detención autorizados, seguida de tortura y, normalmente, de la muerte de las personas.
—De estos derechos elementales que violaban las dictaduras militares se amplió a los derechos económicos y sociales de la población. En ese contexto se retomó el clásico argumento de que primero es la igualdad económica y luego la libertad.
—Para que haya verdadera igualdad es indispensable la libertad.Las personas no pueden ejercer a plenitud, por ejemplo, su derecho a la educación, el acceso universal a la salud y a fuentes de trabajo si no tienen la posibilidad de expresarse libremente, de asociarse, de reunirse.La idea de la interdependencia de los DH es muy antigua y los dos conjuntos de derechos nunca debieron separarse. El plan original era que fuera un solo grupo de derechos, al punto que en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre que se adoptó en el 48, los derechos civiles y políticos aparecen intercalados con los derechos económicos, sociales y culturales para reforzar esta idea de la interdependencia. Como los derechos están amarrados unos con otros, ese discurso de que debe prevalecer la igualdad frente a la libertad es un discurso sin sentido.
CHOQUE DE CIVILIZACIONES
—Pasando a la universalidad de los DH, se habla de que los pueblos indígenas tienen unas tradiciones jurídicas que pueden aplicarlas, ¿no?
—Ya en la Constitución del 98 una de las grandes innovaciones fue el reconocimiento de la justicia indígena y la interculturalidad, pero ahora es mucho más explícito.
—Paradójicamente, en este Gobierno los pueblos indígenas que han querido ejercer su derechos han sido perseguidos.
—Efectivamente, y la Corte Constitucional emitió una sentencia, un par de años atrás, en que directamente subordina la aplicación del sistema de justicia indígena al criterio de la justicia occidental o de la justicia tradicional.Es el caso de La Cocha, donde se estableció que la justicia indígena solo podrá operar cuando la justicia ordinaria considere que no tiene un rol específico.
—En el Yasuní, ¿cuáles son los derechos de los pueblos no contactados?
—El derecho esencial a la identidad y supervivencia cultural no solamente proviene del texto constitucional ecuatoriano, sino de varios compromisos que el Ecuador ha adquirido internacionalmente. Entonces, el Estado ecuatoriano tiene que buscar las vías para impedir que la identidad cultural y la supervivencia de estos grupos se vea afectada, y el primer paso es garantizar que se mantengan no contactados, en aislamiento, y para eso deben respetar su territorio porque tocándolo, tarde o temprano, van a ser contactados.
—¿Cómo explicó el Gobierno su intervención en el Yasuní?
—Diciendo que, si bien efectivamente hay pueblos no contactados en la zona, no se trata de pueblos que están asentados de manera específica en el territorio sino que tienen, más bien, una condición de nómadas y no hay ninguna evidencia específica de que, a raíz de los procesos de explotación en la zona, se vaya a ver afectado un territorio ancestral porque no tienen un territorio ancestral, sino un desplazamiento constante por la zona.
El otro argumento, que puede ser razonable a los ojos de un espectador cualquiera, pero no se compadece con los estándares de los derechos de protección de los pueblos indígenas, es que no podemos sacrificar el bienestar del conjunto de la ciudadanía ecuatoriana por la preservación de los intereses de un grupo muy pequeño de la población.Los pueblos no son un Estado dentro de otro Estado, han dicho en algún momento nuestras autoridades, y eso es cierto, pero el Estado perdió de vista que estos procesos de explotación podrían ocasionar el exterminio del grupo, no en el sentido físico sino en el sentido cultural.
—Desde los años noventa se habla del choque de civilizaciones, el enfrentamiento de Occidente sobre todo con los países de la cultura árabe.¿Cómo empatar la visión occidental de los DH con la visión que tienen otras culturas?
—La visión de los DH desde un inicio tiene mucho que ver con la escala de valores y el conjunto de bienes que las sociedades occidentales quieren proteger.El factor del relativismo cultural, muy recientemente discutido, no se tomó en cuenta en su momento. Cuando se aprobó la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, el bloque de países árabes tenía una fuerte resistencia a la inclusión de la libertad de conciencia y religión porque para ellos esto no es una cuestión de libre decisión de cada persona.
—Uno nace en una religión, no la escoge.
—Correcto. Entonces, ellos formularon sus reservas, pero como la gran mayoría de Estados que integraban en ese momento las Naciones Unidas tenía una visión distinta, la opinión de los árabes terminó por no ser considerada. Los soviéticos lograron meter el tema de los derechos económicos, sociales y culturales en la Declaración porque los del otro lado sabían que no valía la pena enemistarse por ese tema.En cambio, otros países menos importantes no van a lograr empujar sus propias agendas.
—La forma más extrema de empujar la propia agenda es el terror, lo que está viviendo Occidente.Y eso genera nuevos problemas en DH porque los Estados, ante el terrorismo, están empezando a ajustar las tuercas.
—Esto es parte del problema, que los Estados se verían justificados en utilizar cualquier mecanismo de combate al terror, incluido el propio terror desde el Estado.Y genera un problema adicional: ¿cuál es el rol de los autores no estatales en el cumplimiento de las obligaciones en materia de DH? Porque en la teoría general siempre las obligaciones estaban en la cabeza del Estado, el responsable frente a la violación era el Estado, pero ahora empiezan a aparecer los grupos armados irregulares, aparecen las empresas transnacionales, los grupos extremistas religiosos que también pueden violentar los derechos de las personas. Frente a ellos la pregunta es: ¿qué puede hacerse? Ciertos países de Europa, notablemente Alemania, han empezado a construir una teoría sobre la horizontalidad de las obligaciones de los DH o cómo los particulares tenemos ciertas obligaciones mínimas de respetar los derechos esenciales de nuestros semejantes.
—Sobre el terror hay un clásico que quizás has oído: en la lucha de liberación de Argelia, gente del Frente de Liberación Nacional ponía bombas en los supermercados en París. Cuando le preguntaron a uno de los responsable por qué lo hacían, respondió: “Porque no tenemos fuerza aérea. Si la tuviéramos, bombardearíamos todo París tal como hacen ustedes contra nosotros”.Porque hay también hipocresía: se quejan mucho de que les pongan bombas, y es una barbaridad, por supuesto, pero sus mismos Gobiernos van y bombardean pueblos enteros.
—Sí, y justifican como acto de represalia algo que, finalmente, va a terminar los derechos de personas que nada tenían que ver con los grupos extremistas que pudieron haber perpetrado un ataque. Hoy estamos viviendo la más grande crisis en el ámbito de los DH después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente por la aparición de nuevos actores que podrían ser violadores de los DH, por la falta de respuesta a problemas como cuáles son los límites estatales en el combate a las estructuras terroristas, y porque el contenido de los derechos humanos, que históricamente siempre se fue ampliando, ahora ha empezado a restringirse. Es como que los DH están condicionados al cumplimiento de ciertos supuestos: ustedes, delincuentes, no tiene derechos; usted, terrorista, no tiene derechos; usted podría estar vinculado a un ataque, yo entonces le torturo y le torturo en aplicación de un memorándum de la Casa Blanca que me está diciendo ‘torturen nomás’.
Hay que volver a una discusión elemental que tiene que ver la condición misma de ser humano, es decir, el derecho a tener derechos. Si no nos reconocemos en el otro, en ese que realiza el atentado, que asalta un banco, si no nos reconocemos en el que es de otra nacionalidad y va a ser expulsado, si no nos vemos nosotros mismos, claro que vamos a negar que tenga derechos. Hay que volver a la discusión esencial de por qué los tenemos y que son atributos inherentes a la dignidad de la especie.
—No te olvides que el derecho es un invento humano.
—A eso iba, justamente. Desde el punto de vista político vivimos una crisis por la fragmentación de la comunidad internacional y por el descrédito de los organismos de supervisión en el plano internacional: los propios entes llamados a tutelar los derechos se ven envueltos en escándalos sobre vulneración de derechos. Es una situación que solo va a tender a agravarse mientras no tengamos esta discusión sobre lo elemental, que no es qué derechos tenemos sino por qué los tenemos.
—Y eso se va cerrando para peor: Donald Trump es el principal ejemplo, pero también en Europa cada bomba que ponen, cada acto de terror, da más votos a estas fuerzas de derecha.
—Efectivamente, y también podríamos verlo en la realidad local. El discurso de mano dura genera adeptos y réditos electorales: en el actual régimen pasamos de una política de ‘saquemos de las cárceles la mayor cantidad de personas que podamos’, en 2007, amnistía de por medio, hasta que, de repente, cambió el discurso a uno de mano dura.En el Plan Nacional del Buen Vivir, el Estado se enorgullece de que nunca las cárceles estuvieron tan llenas como hoy. Primero se hizo la reforma en materia de drogas y se despenalizó la tenencia de ciertas cantidades; luego se hace la contrarreforma y se criminaliza la pobreza porque a la que vende caramelos y también vende sobrecitos de coca, porque no le alcanza, le van a dar de siete a trece años en la cárcel.
ELIMINACIÓN DE INOCENTES
—Hubo, en la época de Febres Cordero, la política de eliminar a los subversivos, que también se aplicó en Gobiernos más democráticos, como en el llamado caso Fybeca.
—A raíz del trabajo en muchos de estos casos, la conclusión a la que he llegado es que las estructuras creadas desde octubre del 83 en adelante, tanto en las Fuerzas Armadas como en la fuerza pública, en la Policía Nacional, son estructuras que han pervivido.
—Octubre del 83, era el Gobierno de Osvaldo Hurtado todavía…
—Ahí se aprueba el Plan de Seguridad Nacional, en función del cual luego vino toda la represión de la época de Febres Cordero contra los grupos insurgentes, pero ciertas estructuras pervivieron. En los años noventa la práctica de tortura a los detenidos en investigaciones ordinarias por robo, asesinatos, violaciones, lo que fuera, eran las mismas prácticas de detención ilegal con incomunicación, con tortura que consistía inicialmente en golpes, luego se extendía a guindarles con las manos atrás, amarrados desde los pulgares, el submarino seco, el submarino húmedo, todo igual.
—¿Qué pasó concretamente en el caso de la farmacia?
—Había un grupo de pistoleros, no se les puede calificar de otro modo, dentro de la Policía Nacional que, bajo el argumento de seguridad ciudadana, habían aparentemente recibido la consigna, no tomado la decisión propia, de eliminar bandas delincuenciales.A los que iban a asaltar Fybeca les tendieron una emboscada en la que se excedieron al punto de matar inocentes. Justamente a quienes defiendo es a las esposas de clientes y empleados de la farmacia que resultaron muertos y desaparecidos. Por supuesto que también eliminaron a los delincuentes, pero fue una emboscada. El oficial que comandó este operativo en su haber tiene, documentados por un reportaje que hizo Plan V, pero que se basa en información levantada por la propia Fiscalía y por otras fuentes, más de 48 muertes en circunstancias similares y once desapariciones; estamos hablando de 59 personas.
—Terminemos por el principio: ¿qué te llevó a convertirte en defensor de causas casi perdidas? ¿Cómo fue tu carrera?
—Cuando estudiaba en la Universidad Católica me interesé mucho en el tema del derecho penal. En la Católica no se enseñaba DH.Cuando terminaba la carrera recién se abrió la clase de DH y la daban Alejandro Ponce Villacís con Farith Simon.Con su guía participamos en el Concurso Interamericano de DH. En el proceso de autoformación por el que tuvimos que pasar mi compañero y yo, tuvimos que leer las sentencias que a la época había dictado la Corte Interamericana y muchos informes de la Comisión,y leer jurisprudencia europea, y eso nos picó más el interés.
Cuando me gradué empecé a trabajar en el consultorio gratuito de la Universidad Católica, coordinando el área penal y llevando temas constitucionales de DH a las cortes nacionales.A raíz de eso, también empezamos a identificar casos que podíamos mandar al sistema internacional.Luego obtuve una beca en la CIDH para perfeccionamiento profesional por diez meses y me terminé quedando diez años porque, luego de la beca, fui a hacer la maestría en la Universidad de Notre Dame, y terminé cumpliendo diversas tareas en la Comisión, primero como abogado agregado para los asuntos de Argentina y Perú, luego como oficial de litigio ante la Corte Interamericana, que fue donde tuve la suerte de trabajar con Manuela Cuvi, y finalmente coordinando la Sección Regional Andina.
Con mi esposa, que es maestra, siempre sentimos la necesidad de volver. Llamémoslo idealismo o idiotez, pero pensábamos que nuestro trabajo iba a ser valioso en el Ecuador y volvimos. Yo, la verdad, he tenido ofertas de vincularme a firmas grandes y hacer trabajo de litigio en temas importantes, constitucionales, penales, pero siempre he sentido la necesidad de mantenerme cercano a las víctimas que en realidad no tienen quién las represente.
Me vinculé a la Universidad San Francisco y ahí voy a seguir mientras me den espacio, a pesar de que a veces les meto en líos por las cosas que hago. Y a pesar de que en la práctica privada podría ganar muchísimo dinero, me satisface más el apretón de manosagradecido de una víctima.
